Militares buscan tumbar condena por ‘falsos positivos’

En el 2008 el país se enteró de uno de los hechos judiciales más estremecedores de los tiempos recientes: el asesinato a sangre fría de inocentes y humildes jóvenes a quienes los militares después vestían con uniformes y presentaban como bajas en combate para ganar el aplauso de sus superiores.

En el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, hubo 19 casos. Jóvenes que fueron engañados por miembros del Ejército con la búsqueda de un trabajo y posteriormente fueron exhibidos ante la prensa como una victoria más.
 
Las investigaciones dieron varios resultados: el repudio general y el anuncio de la Fiscalía de llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Así, por ejemplo, el excomandante del batallón Rafael Reyes de Cimitarra, el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto, y el jefe de inteligencia, el teniente Edward Antonio Villany Realpe, quienes fueron condenados a 54 años y nueve meses de cárcel y a 55 años y cuatro meses, respectivamente.

La sentencia dice que los militares fueron responsables de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, peculado por apropiación por la muerte de los jóvenes Eduardo Garzón Báez y Daniel Andrés Pesca Olaya, en hechos ocurridos el 5 de marzo del 2008, en la vereda El Brasil del municipio de Cimitarra.

Sin embargo, los oficiales se niegan a pagar su alta condena superior a 50 años, por lo cual interpusieron el recurso de casación. Semana.com conoció que la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso de última instancia de los militares (casación) con el argumento de que se deben valorar nuevamente de manera íntegra las pruebas para tomar una decisión definitiva en el caso.

La Corte citó para el próximo 4 de diciembre a la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, para que expongan los argumentos en el proceso.

En fuentes cercanas al caso se estableció que la Fiscalía y la Procuraduría mantendrán su posición firme respecto a la condena contra los militares al indicar que las pruebas son contundentes sobre la participación de los uniformados en el homicidio.

Para los organismos es clara la prueba reina de la Fiscalía contra los militares. Una de ellas es la declaración de Wilson Pedraza, un habitante de la vereda El Brasil del municipio de Cimitarra quien, como testigo, aseguró que nunca recibió el millón y medio de pesos de recompensa que aparece en libros firmados por los oficiales investigados, con lo que buscaban certificar supuestamente que los jóvenes pertenecían a la guerrilla y fueron asesinados en combate.

Es de anotar que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a los dos uniformados al evidenciar que tuvieron plena responsabilidad en los hechos. Para el Ministerio Público, “Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez eran unas personas que si bien podían tener antecedentes judiciales y/o llevar una vida humilde, como quedó dicho, ello no los convertía en objetivos militares y mucho menos autorizaba a los investigados a obrar en la forma ilegal establecida”.

Semana.com habló con Luz Marina Bernal, una de las madres afectadas, quien se mostró preocupada por la audiencia y espera que a los militares les caiga todo el peso de la ley. Igualmente denunció dilaciones en varios procesos contra mandos medios responsables de ese doloroso episodio.

“Incluso los mismos jueces son permisivos a las dilaciones. De los 19 casos de Soacha sólo ha habido dos condenas. Queremos que la Fiscalía se comprometa a que los casos que se encuentren en la justicia penal militar pasen a la justicia ordinaria”, dijo.