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| 8/3/2003 12:00:00 AM

Falta de identidad

El gobierno quiere que todos los colombianos estrenen cédula. El contrato para lograrlo ha enfrentado al vicepresidente, Francisco Santos, y al ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño.

Lugar y fecha: la sede principal de la Registraduría Nacional, principios de febrero de este año. El selecto grupo reunido: Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, y asesores; Fernando Londoño, ministro del Interior y Justicia, y su viceministra, Margarita Zuleta; Santiago Montenegro, director de Planeación; José Félix Lafourie, superintendente de Notariado y Registro; Almabeatriz Rengifo, registradora nacional, y su equipo; representantes de la multinacional francesa Sagem; Daniel Parfait, embajador de Francia en Bogotá, y representantes de dos bancos franceses. El tema gordo por tratar: discutir la contratación de la empresa que le va a renovar cédula a todos los colombianos. La cifra en juego: 120 millones de dólares. El ambiente: tenso.

Santos cuestionó una vez más -como ya lo había hecho varias veces en las últimas semanas- la validez de hacer una contratación directa con Sagem sin evaluar otras alternativas y costos. "Por favor no interfieras, dejá que avancemos", reviró un Londoño exasperado.

Fue un capítulo más del enfrentamiento entre los dos funcionarios sobre cómo se debe proceder para arrancar el proyecto de identificación más grande del mundo en la actualidad.

Es un tema central para este gobierno. Por razones electorales porque hay que terminar de depurar un censo viciado, lleno de muertos que votan. Pero también porque está en el centro de la lucha contra el crimen, la corrupción y la inseguridad. Si sólo quedan en manos de los ciudadanos cédulas ultraseguras, expedidas con todo el rigor, la falsificación de identidades para recibir pensiones o cobrar cheques chimbos o salir de la cárcel serán cosa del pasado (ver recuadro).

Los primeros roces vinieron luego de que una ley del año pasado ordenara que la renovación de la cédula debe hacerse antes del primero de enero de 2006. Algo que en teoría no debería tener mayores dificultades pues el país ya hizo una inversión de 64 millones de dólares en una de las tecnologías más modernas del mundo para la producción de cédulas, que precisamente montó Sagem entre 1997 y el año pasado.

Además, un decreto del gobierno de Ernesto Samper permite que, por tratarse de un asunto de seguridad nacional, se pueda contratar en forma directa sin licitación pública.

De todos modos el vicepresidente Santos consideró que era mejor hacer un estudio para explorar opciones. Este recomendó que se hiciera una licitación internacional, buscando que participen otras empresas diferentes a Sagem. Según el estudio la tecnología de la firma francesa tiene un gran pecado: no es compatible con otras. Algo así como lo que pasó durante años con los que tenían computadores Macintosh que no podían ver su información en computadores de otras marcas.

Sería, en efecto, grave que en un tema tan estructural del Estado como es la identificación de sus ciudadanos el país quede 'encerrado' en una tecnología de la que sólo una multinacional tenga la llave. Quedaría "capturado o amarrado" tecnológicamente hablando. Como consecuencia lógica también tendría que sujetarse en el futuro a las condiciones y precios que la multinacional imponga para posibles expansiones o nueva maquinaria, pues no habría ninguna otra alternativa compatible. Por último, en términos políticos, puede no resultar conveniente que una multinacional extranjera tenga en exclusiva acceso a la base de datos de identificación de los colombianos; si se llegara a usar irregularmente Colombia no podría pelear.

El ministro Londoño, sin embargo, tiene sus argumentos en defensa de que se contrate con Sagem: que es lo más práctico y rápido para atender el mandato de la ley. Esta posición la comparte la Registraduría Nacional. Tan empeñado está Londoño en darle vía libre al proceso con la multinacional francesa que lideró varias reuniones a las que invitó, entre otros, a Planeación Nacional.

Dadas la diferencias de criterio entre funcionarios, el monto en cuestión y lo que está en juego, el asunto llegó al propio presidente Alvaro Uribe. Este creó un comité con varias instituciones para que lo estudiara y definiera unas recomendaciones. Todavía no se conoce su informe final.



La manzana de la discordia

La renovación de las cédulas es la segunda parte de lo que fue el proyecto de modernización tecnológica de la Registraduría. La tecnología que le compró el país a Sagem tiene un 'cerebro' que se llama Afis (Sistema Automatizado de Identificación Dactilar), que garantiza que no se puedan expedir dos cédulas con diferente identidad a una misma persona. El sistema graba las huellas digitales de todos los dedos y 'traduce' estas imágenes a un código que es único para cada ciudadano.

Cuando se hace la solicitud de una nueva cédula el sistema, en cuestión de segundos, compara con todos los códigos que tiene guardados y avisa en caso de que no coincida con la identidad de la persona que tiene en su memoria. Con este nuevo sistema, que comenzó a funcionar en mayo de 2000, se han identificado 33.218 intentos de doble cedulación.

El problema es que la Registraduría compró un equipo que tiene una memoria sólo para 10 millones de registros, de los que ya tiene ocupados algo más de cinco millones, y mientras no tenga toda la información de los 30 millones de colombianos sólo va a servir para identificar a los que tiene en su memoria.

Con la ley que ordena el cambio de la cédula lo que se busca es que la información de todos los colombianos quede sistematizada en esta tecnología. Oportunidad que aprovechó la Registraduría para buscar modernizar y solucionar los problemas que hay en el registro civil y en la identificación de los menores de edad. Algo sin duda indispensable para el país.

El proyecto es tan ambicioso que a futuro las clínicas y las notarías tendrían sistemas en línea que permitirían informar de inmediato un nacimiento o la muerte de una persona.

También, si la Registraduría tiene el control tanto de la información como de la tecnología puede ofrecer, por ejemplo, al sistema financiero terminales de consulta para garantizar la plena identidad de las personas. Y permitiría que cada colombiano tenga un número único de identificación de por vida.

Por eso es muy difícil establecer el monto real de este proyecto pues a futuro hacer este montaje tecnológico costará varios cientos de millones de dólares. De ahí que la Vicepresidencia haya sido tan insistente en garantizar que se estudie, sin ningún tipo de presiones, cuál sería la mejor opción.

El tema es tan delicado que hay quienes plantean que si el país no es propietario del 'lenguaje' para traducir los códigos que contiene la información de los colombianos se estaría al frente de un problema de seguridad nacional.

Esta reflexión no es gratuita, pues hace algunos años la Registraduría compró un sistema al que llamaban Rockola, en el que se almacenó la información de más de siete millones de colombianos y por diferencias con el proveedor éste no volvió a prestarles mantenimiento a sus equipos. Por años no se pudo acceder a esta información y hubo que enviar los discos ópticos que la contenían a una empresa especializada en Estados Unidos que pudiera descifrar las claves de acceso. Esto con todos los riesgos de seguridad nacional que implica que esta información estuviera bloqueada por meses, sin que se pudiera consultar ni actualizar.

Los directivos de Sagem en Colombia dicen que no es comparable esta situación que se vivió, pues se trataba de una pequeña empresa y en cambio ellos son el proveedor de Afis más grande del mundo. "Hemos llegado a esta posición por buenos, no porque nuestra tecnología sea cerrada", dijo a SEMANA un vocero de la empresa francesa. También explicó que su tecnología es compatible con otras, pues la imagen de las huellas que graba su sistema puede leerse en cualquier otro equipo, algo que ya han puesto en práctica con el manejo de la información del FBI de Estados Unidos. Para hacerlo compatible, no obstante, se requiere desarrollar un programa que también vende sólo Sagem.

Para esto, dicen, no es necesario que se tenga el 'lenguaje' con el que se puede leer el código que se asigna a cada persona pues esto sí es algo reservado a la empresa. "Es como la fórmula de la Coca-Cola", dicen y explican que por eso no están dispuestos a revelarlo.

Por su parte la Registraduría dice que ya está estudiado el posible riesgo de que el país quede 'amarrado' y por eso planea incluir en las condiciones del contrato que a la Registraduría se le dé propiedad sobre una licencia ilimitada del software que permite utilizar el sistema de Sagem. "Esto es una condición innegociable", dijo un funcionario de la Registraduría.

Esta semana es decisiva para el futuro de este proyecto. Mientras el gobierno estudia congelarlo dada la crisis fiscal, Planeación Nacional y la Registraduría tienen programada una reunión para estudiar diferentes fórmulas de financiación.

De continuar el proceso, la registradora Rengifo es en últimas quien tomará la decisión de cómo se contratará y con quién, pues su entidad es autónoma.

Sobre la urgencia y necesidad que tiene este proyecto para el país no hay ninguna duda pero esto no justifica que se haga al costo que sea. La discusión ahora es sobre la forma de hacer este proceso con la mayor transparencia, garantizando la soberanía nacional sobre la información de los colombianos. Una decisión que debe tomarse con mucha sensatez y libre de presiones.
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