Y lo que falta…

Desde cuando SEMANA reveló, a finales de febrero, que en el DAS se hacían seguimientos a magistrados y miembros de la oposición e interceptaciones a teléfonos y correos, el gobierno buscó por todos los medios vender dos verdades: que no había pruebas de las 'chuzadas' y que todo ocurrió a espaldas del Palacio de Nariño. Así lo repitieron incluso a los presidentes de las Altas Cortes en una cumbre con el Ejecutivo el lunes por la noche. El martes en la mañana, el flamante nuevo director del Partido de La U y ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reiteró que nada se había probado.

El miércoles a las 7 de la mañana la versión oficial comenzó a derrumbarse. La FM reveló varias grabaciones que mostraban cómo el DAS interceptó en 2006 los teléfonos celulares del candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria; de senadores de ese partido y del Liberal; de periodistas, y de muchos otros personajes de la vida nacional, incluidos funcionarios de la Presidencia. Por la noche, Noticias RCN soltó otra bomba: el ex jefe de Contrainteligencia del DAS, el capitán Jorge Lagos, le habría dicho a la Fiscalía que Bernardo Moreno, el secretario general de la Presidencia, y José Obdulio Gaviria, en ese entonces asesor presidencial, estaban al tanto de los seguimientos a los magistrados. Y según Noticias RCN, Lagos se había reunido varias veces con ellos para contarles los detalles.

Esa noticia puso fin a la tregua pública entre el gobierno y la Corte Suprema. El jueves por la noche esta última emitió un comunicado para pedir por enésima vez una declaración clara del Presidente sobre las interceptaciones del DAS y solicitar la intervención de un relator especial de Naciones Unidas. El viernes por la noche la Procuraduría abrió investigación contra Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez; el asesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman; los ex directores del DAS Andrés Peñate y Jorge Noguera; el ex subdirector de esa entidad José Miguel Narváez, y Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf). La Procuraduría no puede investigar a José Obdulio Gaviria, a pesar del poder que ostentó en el gobierno, porque nunca fue funcionario, sino consultor pagado por un organismo de cooperación internacional .

El gobierno respondió a la oleada de revelaciones con dos comunicados: en el primero, anunció una recompensa de 200 millones de pesos para capturar a los responsables de las interceptaciones, y en el segundo, mostró "extrañeza" por la decisión de la Procuraduría. Y Gaviria fue más allá. En una entrevista a El Tiempo, dijo que el escándalo se debe a que "parecería que hubiese una célula de la más ríspida oposición, incluso criminal, incorporada o infiltrada en el DAS, porque el daño que ha hecho a las instituciones colombianas es enorme. No hablemos del caso mío o el del Presidente, o el de Bernardo Moreno. El daño que se ha hecho a la imagen institucional del gobierno es terrible".

A pesar de las continuas desmentidas del gobierno y el intento del actual director, Felipe Muñoz, de minimizar la gravedad de lo sucedido (ver información relacionada), cada vez hay más indicios de que lo del DAS no es un tema de unas manzanas podridas y de unos pocos funcionarios medios que andaban chuzando y siguiendo a personalidades por cuenta propia. Las conclusiones son aterradoras.

Según se desprende de las investigaciones, desde por lo menos 2004 el DAS hizo seguimientos ilegales a ONG de derechos humanos, políticos de izquierda y de oposición, periodistas y magistrados. Algunas de estas actuaciones resultaron en homicidios, como el caso del profesor Alfredo Correa D'Andreis en Barranquilla y de cuyo asesinato la Fiscalía acusa a Noguera.

Las grabaciones reveladas por La FM demuestran que en plena campaña electoral de 2006 el DAS 'chuzaba' a los candidatos opositores del gobierno y los agentes hacían informes de las conversaciones que se escuchaban. Esa información habría sido compartida con sus superiores.

La Fiscalía también ha confirmado que durante 2008 las vidas privadas de varios magistrados de la Corte Suprema fueron esculcadas y que el inicio de esas pesquisas se concretó en una reunión convocada por Bernardo Moreno en la Casa de Nariño. Aunque la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, insiste en que el blanco de la investigación era un señor llamado Ascencio Reyes, de quien se sospechaba que tenía vínculos con el narcotráfico, reconoce que por lo menos un magistrado terminó salpicado. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía demuestra que no fue el único: muchos de sus colegas fueron seguidos, y sus cuentas personales investigadas.

El grado de participación de altos funcionarios de Palacio en todo este episodio sigue sin esclarecerse. Moreno ha negado conocer al capitán Lagos del DAS, pero tanto él como el ex director de Inteligencia Fernando Tabares y su jefe directa, María del Pilar Hurtado, lo contradicen. Es llamativo que la declaración de Lagos que divulgó Noticias RCN coincide con la que hizo el ex director de Inteligencia Fernando Tabares al CTI en marzo. Tabares también mencionó las reuniones con Moreno y José Obdulio Gaviria e incluso se refirió a otros temas sobre los cuales habían conversado: infiltración a Gustavo Petro y el caso de 'Job', el ex paramilitar que estuvo en la Casa de Nariño el 23 de abril del año pasado. Hurtado ha confirmado varias reuniones de sus subalternos en Palacio, aunque difiere del contenido de las mismas. Por su parte, Mario Aranguren, de la Uiaf, reconoce que les entregó a funcionarios de Palacio su investigación de Ascencio Reyes que involucraba, según él, "a un solo magistrado" (ver información relacionada).

Para la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que sacó su propio comunicado para expresar su preocupación el jueves por la noche, las explicaciones del gobierno son insuficientes dada la gravedad de los hechos. Lo mismo opinan Carlos Gaviria, del Polo, y el ex presidente César Gaviria, dos de las decenas de víctimas del espionaje del DAS.

El presidente Álvaro Uribe ha sido muy discreto en sus declaraciones y se ha abstenido de referirse a las últimas revelaciones. Ese silencio no ha caído nada bien dentro de los magistrados.

Con las revelaciones de la semana pasada, las reacciones enérgicas de las Cortes, la internacionalización del escándalo, la apertura de investigación de la Procuraduría y el debate del 2 de junio en el Senado, la pregunta es: ¿Hasta cuándo el gobierno puede seguir con su estrategia del avestruz?