Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2009/04/22 00:00

Familiares de desaparecidos de Soacha reclamaron nuevamente justicia

La Comisión Segunda del Senado sesionó en este municipio para oír, una vez más, a las madres de los jóvenes que aparecieron muertos en combate por el Ejército en el municipio de Ocaña.

La madre de uno de los jóvenes desaparecido de Soacha, muestra ante las cámaras la foto de su hijo, quien apareció muerto durante un supuesto combate con el Ejército (Fotos: Guillermo Torres- SEMANA)

Doña Nubia Monroy llegó a las 10 de la mañana en punto al recinto del Concejo Municipal de Soacha. En su pecho, sobre una camiseta blanca, llevaba estampado un letrero que decía “No + falsos positivos”. Sin cartera y con un papelito arrugado en la mano, se sentó en medio de la multitud que escuchaba a un grupo de senadores de la Comisión Segunda que debatía sobre las ejecuciones ilegales que presuentamente cometieron algunos miembros del Ejército, durante el año pasado.

Cuando le llegó el turno a doña Nubia, se levantó de su silla y se paró en una esquina del salón. Tomó el micrófono en sus manos y dijo: “el 2 de marzo del año pasado, mi hijo se fue a las 7 de la noche de la casa. Me dijo ‘mamá, guárdeme comida’. Pero nunca regresó”. Así desapareció Julián Oviedo Monroy, de 19 años, uno de los jóvenes que después figuró en una lista de ilegales muertos en combate a manos de miembros de la Brigada 30 en Ocaña, Norte de Santander.

Su historia, así como la de otros diez muchachos que desaparecieron de una forma similar en el mismo municipio durante el 2008, ha sido repetida una y otra vez por los medios de comunicación durante los últimos meses. Sin embargo, por primera vez, sus tragedias fueron escuchadas este martes, en vivo y en directo, por militares, entre ellos el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León y el comandante del Ejército, general Oscar González.

Durante la audiencia, el senador liberal Juan Manuel Galán citó un informe del Cinep que registró 35 nuevos casos de falsos positivos que ocurrieron entre julio y diciembre de 2008, y que dejaron 69 víctimas en total.

“Hay demoras injustificadas en los trámites de estas investigaciones; el levantamiento de los cadáveres los hacen los propios militares; hay amenazas constantes a testigos; las medidas que han tomado las Fuerzas Militares son coyunturales, ya que falta, por ejemplo, control interno eficaz para evitar que sucedan nuevos casos”, dijo el congresista.

Paralelo a esta audiencia en Soacha, durante un evento en Sibaté, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reiteró que las Fuerzas Militares son las primeras en reconocer los casos de ejecuciones extrajudiciales, pero que al mismo tiempo, existía "un interés perverso de inflar las cifras" sobre estos casos.

“Si no respetásemos los derechos humanos, si nos igualáramos a los agentes del narcotráfico y el terrorismo que no tienen consideración por la vida de los demás, perderíamos nuestro mayor activo operacional, que no son los equipos, ni la tropa, ni la estrategia, sino el apoyo y la confianza de la población”, aseguró Santos.
 
Al final de la jornada, las madres de algunos de los muchachos desaparecidos sintieron que al menos le habían hablado a quienes tenían que oírlas. “Yo sé que ninguno de los señores (comandantes de las FFMM y del Ejército) que estaban ahí le hicieron esas cosas malas a mi hijo”, dijo doña Nubia, “pero me queda la tranquilidad de que supieron que yo estaba ahí para pedir justicia, para que me digan la verdad de por qué pasó lo que pasó”.

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