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| 8/10/2015 2:15:00 PM

FARC deberán responder por desplazamiento forzado

El Consejo de Estado ofició a la Fiscalía para que se investigue a esa guerrilla por desplazar a familias de Mesetas (Meta) en 1998, bajo la antigua zona de distensión.

El consejo de Estado pidió este lunes a la Fiscalía General de la Nación investigar el desplazamiento forzado del que fueron víctimas tres familias campesinas en Mesetas (Meta) en el marco de la zona de distensión durante el proceso de paz en el Gobierno de Andrés Pastrana, en 1998.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que el grupo al margen de la ley transgredió las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Es deber de las partes respetar las disposiciones del DIH, dentro de los que se encuentran los principios de distinción y de protección (llamado también de humanidad o inmunidad) en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil.

La Sala le solicitó a la CIDH la realización de un informe especial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al DIH que se hubieran podido cometer con ocasión de la zona de distensión y se efectúen, por parte de ese organismo, las recomendaciones y se ordenen las medidas a las cuales haya lugar.

Según el demandante, en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada “vacuna”. Por tal motivo, se vio obligado a abandonar sus tierras.

Aunque no se logró establecer el número exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, la Sala encontró que con la puesta en marcha de la llamada “zona de despeje” se configuró un daño al demandante, que se concretó en la imposibilidad de continuar ejerciendo su derecho de posesión sobre los predios ubicados en el municipio de Mesetas (Meta), debido a las amenazas por parte de las FARC.

“La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”, indica la sentencia.


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