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| 1/19/2015 1:39:00 AM

La controversia entre el Gobierno y las FARC

Ambas partes en conflicto aún difieren sobre justicia transicional, manifestó Humberto de la Calle.

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AFP
La guerrilla FARC y el Gobierno, que adelantan diálogos de paz en Cuba, aún difieren sobre el tema de justicia transicional para los insurgentes cuando dejen las armas, aseguró este lunes Humberto de la Calle, jefe negociador oficial.

"Los temas pendientes tienen una enorme complejidad. En la justicia transicional, como era de esperar, todavía enfrentamos distancias considerables", dijo De la Calle, representante del presidente Juan Manuel Santos en la mesa de negociación que avanza desde noviembre del 2012.

En alocución pública, el delegado afirmó que entre el 15 y el 18 de enero, las FARC y el Gobierno desarrollaron reuniones de planificación para "examinar el panorama general de los pasos a seguir y compartir visiones sobre los puntos restantes de la agenda".

En esos encuentros técnicos, calificados como "positivos" por De la Calle, el Gobierno insistió en que "Colombia debe ajustarse a estándares mundiales y nacionales (de justicia transicional), en particular en lo relacionado con crímenes internacionales".

"Creemos, sin embargo, que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad", agregó el representante oficial.

Hasta el momento, las partes han llegado a acuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda: desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.

Actualmente, está en discusión el punto sobre víctimas y queda por definir el del fin del conflicto, que incluye el establecimiento de un futuro cese bilateral del fuego y la entrega de armas por parte de la guerrilla, así como el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.

Puntos polémicos como las penas que se impondrán a los guerrilleros una vez dejen las armas y su elegibilidad a cargos públicos aún están sobre la mesa

Las FARC ordenaron una tregua unilateral a partir del 20 de diciembre pasado, pese a que el Gobierno se opone a un alto el fuego bilateral antes de la firma de un acuerdo final.

Sin embargo, en el nuevo ciclo de negociaciones, que se inicia el próximo 2 de febrero, las partes discutirán medidas para reducir las hostilidades en un conflicto armado de más de 50 años.

El desmantelamiento de campos minados, el cese del reclutamiento de menores por parte de la guerrilla -de lo que el Gobierno la ha acusado históricamente- y la suspensión de bombardeos aéreos de la fuerza pública hacen parte de esta discusión.
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