Delegados de FARC se marginan de labores de desminado

Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que dos miembros de la delegación de las FARC serían autorizados para dejar la isla y regresar al país para sumarse al inicio de las labores de desminado conjuntas entre el Estado y la guerrilla, esto se podría frustrar.

Así, por lo menos, se puede interpretar el aviso que ‘Pastor Alape’ realizó este martes en su cuenta de Twitter, en el que deja entrever que tanto él como ‘Carlos Antonio Losada’ no regresarían al país puesto que se filtró a la prensa que ellos serían los autorizados.

“Para limpieza del territorio de explosivos nos comprometimos con alto nivel de responsabilidad, por filtraciones hay cambios”, dice uno de los trinos de ‘Alape’.

“Alto perfil de responsabilidad para limpieza de territorio de explosivos, ya no va. Filtraciones hacen riesgosa su presencia”, asevera otro, del que se puede entender que ahora las FARC acompañarían el proceso de desminado de otra forma.

El anuncio, que si bien viene de boca de ‘Alape’ todavía no tiene un respaldo formal, no podría llegar en un peor momento para Juan Manuel Santos.

De ser cierto esto, las FARC desencadenarían una controversia que se sumaría a la que el mismo presidente Santos desató el lunes, cuando en una alocución televisiva reveló la reunión entre las cabezas de las FARC y el ELN en La Habana.

Se suponía que tras la autorización y el viaje de ‘Alape’ y ‘Losada’ para el tema de desminado, ambos regresarían a la mesa de negociaciones en la isla caribeña.

El proceso de desminado, que comenzará por Antioquia y Meta, fue pactado entre ambas partes y constituye una de las etapas más importantes de lo que se ha llamado el ‘desescalamiento’ del conflicto armado.

Sumado a esto, el hecho reviste de importancia, pues se estima que desde 1990 a abril del 2015 cerca de 11.000 colombianos han sido víctimas de estos artefactos, de acuerdo con cifras del Ejército.

Así mismo, serían más de 30.000 minas actualmente activas en el país, y se calcula que las FARC han sembrado estos explosivos en al menos 688 municipios del territorio nacional.