FARC piden comisión para establecer origen de violencia

Desde La Habana las FARC aseguraron que para pasar de un conflicto interno a la paz es necesario reformar la justicia.

Según la guerrilla, el objetivo es “que la rama jurisdiccional logre su independencia orgánica, pues ha sido esta politizada por la rama ejecutiva”, como se aseguró en el comunicado leído por Pablo Catatumbo.

En la carta también se hizo referencia al informe del Centro de Memoria Histórica, en el que se habla del conflicto y de las barbaries que el Estado, la guerrilla y los paramilitares han cometido. 

Las FARC no hablaron de la responsabilidad que les infiere el estudio, pero reiteraron que el Estado es el mayor responsable por acción o por omisión y, en este sentido, propusieron una comisión compuesta por nacionales y extranjeros para que estudie la historia de la guerra colombiana. 

“La comisión que se establezca deberá estudiar el tema de la violencia partidista y su incidencia en los acontecimientos posteriores y en el surgimiento de las FARC-EP, como deberá evaluar la responsabilidad también de los medios de comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente de los Estados Unidos de América), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días”, indicó el comunicado. 

Además, aseguraron que dicha comisión debería incluir el estudio de “los archivos de los organismos de inteligencia de los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la Policía y el Ejército, y demás organismos secretos de inteligencia, así como las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial”.

La guerrilla explicó que este material serviría para el punto número 5 de la agenda en La Habana, en el que se discutirán los derechos humanos de las víctimas y la verdad. 

Otra de las funciones del grupo que se debería crear, según las FARC, es la revisión del informe del Centro de Memoria Histórica puesto que fue el gobierno nacional quien impulsó el estudio. 

El informe del Centro de Memoria Histórica, creado por la ley de Víctimas, afirma que la fuerza pública tiene una presunta responsabilidad por 158 masacres con 870 víctimas, 2.340 asesinatos selectivos, 57 actos de sevicia y 182 ataques a bienes privados.

Pero también apunta que los paramilitares y las guerrillas reinan en el inventario de la degradación en la que todos los actores armados se ‘especializaron’ en ciertas formas de victimización. 

Los primeros, con asesinatos selectivos, masacres, sevicia, desapariciones, violencia sexual y desplazamientos masivos. Las segundas con el secuestro, el reclutamiento de niños, los atentados terroristas, las minas antipersona y los ataques a poblaciones y bienes civiles (vea las estadísticas del conflicto y sus responsables que presentó el informe).