Sigue el pulso por el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo

Mientras los negociadores de las FARC insisten en más de 60 territorios donde se ubicarían una vez se firme el acuerdo final de paz, los delegados del Gobierno ofrecen hasta 14 puntos de concentración temporal de las filas guerrilleras mientras dejan las armas y hacen tránsito a la vida civil.

Fuentes consultadas por Semana.com en La Habana manifestaron que las FARC consideran que deben estar en las regiones donde se han formado y tienen un trabajo político y militar. Lugares donde se pueden movilizar para mantener el contacto con las comunidades y así sentirse seguros.

Pese a los pronósticos y rumores que se han escuchado por estos días sobre un anuncio, ninguna de las partes ha dado su brazo a torcer. Aunque el Gobierno aumentó su cuota y propuso 14 zonas, con la propuesta el grupo insurgente pasó apenas de 67 a 64.

Uno de los argumentos del Gobierno para no aceptar tal cantidad de zonas de ubicación es que es muy difícil tener tantos equipos de verificación de la ONU supervisando el cumplimiento de lo que se acuerde y cuidando los contenedores donde serían depositadas las armas que dejen los guerrilleros.

Es miércoles desde la isla los negociadores informaron que ante "la dinámica positiva que han adquirido las discusiones" frente a los temas que involucran el fin del conflicto, las delegaciones del Gobierno y FARC acordaron declarar sesión permanente con el propósito de llegar a acuerdos lo antes posible.

"En los próximos cuatro días trabajaremos por separado en el análisis de las propuestas que intercambiamos sobre cese al fuego y de hostilidades, dejación de armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales (...) y las características y funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación (...) el martes 31 de mayo volveremos a reunirnos en la Mesa para continuar las discusiones", dice el comunicado conjunto.

Y es que otro de los escollos para sellar el acuerdo sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es que las FARC condicionan la fecha para el desarme y la movilización hacia la vía política al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el plebiscito.

En ese sentido, si éste se realiza a mediados de agosto o septiembre, 60 días después de la firma del documento final, y los resultados son favorables a los acuerdos, procederían a la dejación de las armas.

Sin embargo, para los negociadores del Gobierno la desmovilización y el desarme debe comenzar 180 días después de la firma del acuerdo final. El desarme sería paulatino, primero dejarían el armamento pesado: las bazucas, cohetes, ametralladoras, granadas y luego fusiles, pistolas, hasta el último revólver.

Otro de las presiones para que se logre pronto el punto del fin del conflicto, es que el gobierno del presidente Barack Obama está comprometido completamente con el proceso de paz y está colaborando en la lucha contra el paramilitarismo.

El problema es que a Obama le quedan pocos meses de mandato y no hay seguridad de que quien asuma el gobierno de Estados Unidos continúe apoyando el proceso que se adelanta en La Habana. De ahí que el acuerdo sobre lucha contra el paramilitarismo y garantías de seguridad esté listo para ser anunciado.

"Trabajamos intensamente sobre cese bilateral de fuegos, garantías de seguridad y fin del conflicto. Pronto buenas noticias para el país", sentenció hace poco Pablo Catatumbo a través de su perfil de Twitter.