¿Favoritismo?

El Congreso de la República le ha dedicado mucho tiempo de los dos últimos años a la reforma política, que plantea unas nuevas reglas de juego para las elecciones. Pero lo paradójico es que si bien logró aprobarla en julio del año pasado, no servirá de nada para las próximas elecciones si el propio Parlamento no logra sacar adelante la ley que la reglamenta.

Hasta ahora lo único que se ha aplicado de esta reforma a la Constitución es el llamado 'voltiarepismo', que les dio dos meses a los políticos elegidos para cambiar de partido. Pero para el resto de disposiciones se esperaba tener listo un proyecto de ley en agosto.

Apenas ahora, con dos meses de retraso, parlamentarios y gobierno acordaron un borrador que se discutirá esta semana en el Congreso. Además de los puntos gruesos de la reforma (ver recuadro), hay varios artículos polémicos. En particular, tres que ya han generado suspicacias entre los candidatos de la oposición. El primero de ellos señala que sólo tendrán derecho a pago por reposición de votos el candidato que gane la contienda y los demás que alcancen al menos el 30 por ciento de los votos del ganador. Es un cambio muy significativo con respecto al porcentaje que hoy exige la ley, que es del 5 por ciento. Dadas la eventual coyuntura de la reelección y la popularidad del presidente Uribe, esto les quitaría estímulos a otros candidatos para meterse en campaña.

Germán Vargas, uno de los candidatos en la contienda, afirma: "Esto fue pensado para la reelección y es antidemocrático. Es difícil que un partido o alguien distinto al Presidente-candidato, por sí solo, logre más del 20 por ciento de la votación". En respuesta a esta preocupación, ponentes de la ley, como los representantes Guillermo Rivera (liberal) y David Luna (Por el país que Soñamos), han dicho que aceptaron la inclusión del artículo por la urgencia de que el proyecto fuera radicado, pero que en el debate plantearán la reducción de este porcentaje al 15 por ciento. Y es que la evidencia histórica muestra que es difícil que un candidato obtenga el 30 por ciento de los votos del ganador. Si se hubiera aplicado ese porcentaje en la pasada contienda presidencial, Carlos Gaviria habría tenido derecho a reposición porque tuvo el 35 por ciento de los votos de Uribe, pero Horacio Serpa, la tercera fuerza, no habría recibido ni un solo peso del Estado por haber hecho campaña, pues alcanzó sólo el 20 por ciento de los votos del Presidente.

Lo otro que tampoco está claro es la reducción de tiempo de campaña electoral de cuatro a tres meses, lo cual, en términos de acceso a la publicidad de televisión y radio, puede ser determinante y en teoría le da ventaja al Presidente en campaña de reelección frente a sus opositores.

Así mismo, un punto del proyecto de ley relacionado con el anterior determina que todos los operadores privados de radio y televisión garantizarán el equilibrio informativo entre candidatos de todos los partidos. No es claro cómo aplicaría este para el Presidente-candidato. "¿Tendrán que salir al aire todos los candidatos a Congreso? ¿Cómo se presentarán los informes de 'equilibrio informativo'? ¿No se está incidiendo en la libertad de prensa?", pregunta uno de los investigadores del proyecto de Fortalecimiento Democrático del Pnud.

Por último, y contrario a lo esperado, el gobierno no incluyó ningún artículo dirigido a reducir el censo electoral. En cambio, decidió aumentar el horario de votación una hora: de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. En lo que sí se reduciría un poco el censo es en un proyecto paralelo que presentará el senador Armando Benedetti y que establece que podrán votar quienes tengan la cédula nueva, que -según la Registraduría- son alrededor de 27 millones de colombianos (dos millones menos que el censo electoral actual). Benedetti también plantea hacer las elecciones en días hábiles, estimular a las empresas que generen incentivos para que voten sus empleados y crear una unidad en la Fiscalía especializada en delitos electorales, entre otros.

Esta semana entonces comienza de nuevo el debate en un Congreso que había entrado en un profundo letargo luego de la discusión del referendo. Se da por descontado que aprueben la ley, pues, entre otras, en ella se aprobaría que el Estado les gire a los partidos el 40 por ciento de los recursos de reposición de votos antes de las elecciones -otra novedad de la reforma-. Y todos los congresistas, ya en campaña, están urgidos de dinero.

Por mandato, esta ley debe ser revisada por la Corte Constitucional. Se espera que este trámite esté hecho en febrero. Sin embargo, que esté lista antes de las elecciones no significa que las normas para la próxima contienda estén del todo claras. Si el referendo llega a las urnas y es aprobado, es de esperar que la Corte Constitucional exija una serie de garantías que generen una competencia menos inequitativa entre el Presidente y el resto de candidatos. Algunas de estas podrían competir con las normas que se comenzarán a discutir esta semana, pero que, como el resto de asuntos políticos, caminan con la inseguridad que aún produce el dilema de la reelección.