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| 12/31/1990 12:00:00 AM

FEDERACION ¿SI O NO?

El país logró un notable avance institucional, con la elección popular de los alcaldes, gracias ala iniciativa del presidente Belisario Betancur y al empeño de su gobierno que debió vencer toda suerte de obstáculos, incluso la cerrada oposición de los ex presidentes liberales.

Esta decisión debe ser complementada ahora, con una verdadera descentralización administrativa, que lleve a la realidad la autonomía territorial.

Desde luego no se trata, como lo sugiere "el revolcón" de los "jóvenes del presidentes", de volver a tener un regimen federativo. Suticientes desastres ya le ocurrieron a este país violento, con la Constitución de Rionegro en 1863, que trajo la anarquia y la guerra entre los Estados Soberanos que estableció. Por eso Núñez se vio forzado a liquidarla en 1886, con su consigna de Regeneración o Catástrofe.

La descentralización moderna radica en acercar el Estado al ciudadano. En esto consiste la democracia participativa. Y ello, sólo puede lograrse promoviendo y fortaleciendo las organizaciones no gubernamentales de base y dándole a los municipios colombianos, nuevas funciones. La mayor cantidad de las funciones públicas. La prestación de los servicios básicos. Y, claro está, los recursos para poder hacerlo.

Descentralización municipal es pues, la traducción modema de la partcipación. Y de ahí hacia arriba debe dársele consideración constitucional a las provincias dentro de los departamentos, facilitando también las asociaciones de municipios. Con estas escalas intermedias, y unos departamentos operantes, resulta posible el diálogo entre el ciudadano y el Estado. Más todavía, deben fortalecerse las juntas administradoras locales y establecerse la consulta directa con el pueblo, para decisiones importantes a nivel municipal.
Algunas otras reformas serán necesarias: que el período de los alcaldes sea de tres años y que su elección difiera de otros comicios nacionales, para que no se interfiera con intereses políticos extraños. Modificar el artículo 199 de la Carta, para permitir no sólo a Bogotá, sino a las ciudades de más de 300 mil habitantes, que se organicen como distritos especiales.

Habrá también que modificar el origen actual de la elección de los personeros y contralores municipales, para disipar el clientelismo político y para armonizar su funcionamiento con el que se otorgue a nivel nacional y extremar el carácter administrativo y no político de los concejos municipales.

Nuestra propuesta comprende asi mismo, abolir las intendencias (ya casi desaparecidas), y las comisarias, para sustituirlas por departamentos especiales. Resulta paradójico que sitios estratégicos de Colombia, donde están situadas nuestras fronteras y que constituyen casi la mitad del territorio patrio, se traten como menores de edad, y el Estado los haya desatendido inveteradamente.

Mi experiencia como concejal de muchos municipios de Cundinamarca y de ex alcalde de Bogotá, me ha enseñado que el Estado se vuelve más productivo, los servios mas eficientes y la moral pública se cuida mejor, en la medida en que las decisiones se acercan al ciudadano. Vamos pues, a fortalecer al municipio colombiano, como la celula vital de la Nacion.

En síntesis: descentralización municipal si, federalización no. Tanto Estado local como sea posible y sólo tanto Estado central como sea estrictamente necesario.

El problema de los departamentos es más complejo. Ya desde la década de los 40, el profesor Carlos H. Pareja, los había calificado como intermediarios costosos e inútiles y después de la elección de los alcaldes su función principal que era nombrarlos ha desaparecido.

Con la creación de bs mal llamados institutos descentralizados, sus otras atribuciones han perdido importancia y recursos, por lo cual, hoy son poco mas que "reyes de burla".

Aparte de que tienen una incontenible tendencia a centralizar en las capitales todo el poder, a concentrar en ellas los recursos en perjuicio de sus propias provincias.

El país, para corregir estas fallas tendrá que liquidar la fronda de muchos de esos costosos institutos trasladando estas funciones a los antes departamentales y convertir a los gobernadores que seran elegidos por el pueblo, en los verdaderos planificadores y coordinadores de las funciones antes asumidasas por ellos.

Por suspuesto debe clarificarse constitucionalmente el patrimonio que le corresponde a cada una de las instituciones: la Nación, los departamentos, las provincias y los municipios. A estos últimos debe ir la totalidad del iva, en un plazo de diez años.
O sea, que en el año 2000, este impuesto, quede en manos de las administraciones locales.

Así los municipios podran hacerse cargo, entre otros, de la prestación de los servicios de la educación y de la salud, sin interferencias extrañas.
Somos un país de regiones, de ciudades, de provincias. Cada una de ellas tiene su propia identidad social, política, económica y cultural. En contravía de esa realidad también de las posibilidades y necesidades que tal situación genera- estructuramos regimen político-administrativo fuertemente centralizado. Hipercentralizado. Las consecuencias más notables de esa equivocación son bien conocidas:

1 a. Tenemos un Estado demasiado pequeño para las cosas grandes (el orden público, la justicia, las relaciones internacionales) y demasiado grande para las cosas pequeñas (los servicios públicos, el desarrollo local).

2a. Tenemos más territorio que Estado y menos Estado que Nación, porque no hay presencia oficial en toda la geografía patria (extensas regiones son tierra de nadie y en ellas sientan sus reales la subversión yo el narcotráfico) y porque vastos sectores sociales no se sienten protegidos ni amparados por el Estado.

3a. La imaginación, inteligencia capacidad de trabajo de los hombres de provincia no tienen la oportunidad de expresarse instnucionalmente, de contribuir a su propio progreso y me pramiento y el del país, de construir su destino. El atraso y el abandono de esa misma provincia se los debemos en buena medida, al centralismo. También, la falta de servicios públicos.

Razones de carácter político, económico y social imponen, igualmente un nuevo reparto territorial del poder del Estado. Razones políticas porque la democracia sólo adquiere vigencia plena y echa raices si en el marco regional y local se crean espacios y canales de participación a escala humana para el manejo de los asuntos públicos. Económicas y sociales porque el sistema sólo se legitima si logramos mejorar el bienestar social de las comunidades urbanas y rurales, gracias sus realizaciones concretas: acueductos, alcantarillados, plazas de mercado, parques y zonas de recreación, escuelas, puestos de salud, vías de penetración, etc.

De ahí la necesidad de organizar un Estado central que gobierne más y administre menos, porque la administración -la de los servicios públicos, que hoy día son eficaz mecanismo de distribución del ingreso, y la del desarrollo local tenemos que confiársela a la sociedad civil, organizada comunitariamente, y a las entidades territoriales.

Todo ello exige que redistribuyamos territorialmente el poder político administrativo del Estado entre la Nación, los departamentos, las provincias y los municipios. La separación vertical de poderes tenemos que acompañarla del reparto horizontal de competencias entre dichos niveles administrativos.

Que redistribuyamos, también, el ingreso público nacional, es decir, el producto o valor de lo que pagamos a título de impuestos y contribuciones, entre esos mismos planos territoriales. En materia de riqueza pública, no sobra recordar que la Nación, en 1886, adelantóla expropiación sin indemnización más grande que conozca la historia del país, y tal vez del mundo, cuando decidió que eran suyos los baldios, minas y salinas que pertenecian a los antiguos Estados Soberanos . Otra sería la suerte de extensas regiones del país si hoy tuvieran participación mayor en bs petróleos, carbones, sales, esmeraldas y demás minerales que la naturaleza les asignó. La Nación tiene una deuda grande para con la provincia colombiana. En la Constituyente se la vamos a cobrar.

Que les otorguemos a las autoridades regionales y locales la facuitad de intervenir ante las instancias que decidan el destino y manejo de los recursos naturales ubicados en el área de jufisdicción de aquéllas.

Con los nombres de régimen autonómico, de federalización o descentralización -el rótulo es lo de menos, lo que importa es el contenido y alcance de las decisiones que se tomen la Constituyente tiene la obligación de adoptar progresistas, audaces y coherentes formas de autogobierno y de autoadministración a nivel regional y local.

Lo dicho exige que se amplíe el periodo de los alcaldes a tres años, plazo razonable desde el punto de vista administrativo y que también sirve para separaren el tiempo las elecciones nacionales de las municipales para que los temas, hombres y dineros nacionales no interfieran y presionen la voluntad ciudadana a nivel local; que se otorguen poderes y recursos a las juntas administradoras locales; que se mejoren los presupuestos municipales mediante el incremento de su participación en las rentas nacionales. Que se institucionalicen las provincias para que el fenómeno supra o intermunicipal tenga canal propio de expresión. Que repensemos y rehagamos el departamento, definiendo precisamente cuáles son sus funciones y recursos, cuál el origen de sus autoridades y cómo se articulan con la Nación y los municipios que de él hacen parte. Que se creen entidades regionales, no manejadas por la Nación (como los Corpes) sino por las autoridades seccionales y locales.
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