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| 2/3/2017 12:05:00 PM

“El humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción”: Fernando Carrillo

En entrevista con María Jimena Duzán, el procurador confiesa por qué le sorprende el caso de Odebrecht y revela las últimas pesquisas de esa investigación.

María Jimena Duzán: Procurador, usted ha planteado que la espina dorsal de su gestión será la lucha contra la corrupción. ¿Lo hizo para trazar un norte o porque el escándalo de Odebrecht evidencia que este fenómeno se salió de proporciones?

Fernando Carrillo: Yo creo que por las dos cosas. Y por una más: después del cierre del capítulo de la negociación de la paz y del inicio del posconflicto, en la agenda pública, el tema que tiene mayor fuerza es la necesidad de transparencia y la lucha contra la corrupción. Casi se puede decir que el humo de la guerra no nos dejaba ver lo que se cocinaba en términos de ausencia de valores, impunidad e ilegalidad. De la noche a la mañana todo empezó a estallar al tiempo.

M. J. D: En el tema de Odebrecht, ¿cuáles son las próximas pesquisas?

F.C: Lo que viene es determinar qué otro tipo de situaciones se han presentado con esa empresa en Colombia. Creo que debemos ser radicales en no concentrarnos únicamente en el contrato de la Ruta del Sol, sino mirar todo el mapa de la contratación de Odebrecht con el Estado colombiano y de buscar la nulidad de esos contratos.

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M.J.D: ¿La nulidad o la caducidad?

F.C.: La nulidad porque permite desde el punto de vista jurídico que todo ese conjunto de obras sean terminadas. La caducidad es una medida que puede llegar a convertirse en un obstáculo para que terminen las obras. Y la nulidad nos permite equilibrar entre no impunidad, condenar a los responsables pero a la vez que ellos mismos terminen las obras.

M.J.D.: Entonces ¿la caducidad no sirve para nada?

FC: La caducidad es una figura del derecho administrativo que se presenta en otro tipo de situaciones. Acá lo característico y a la vez gravísimo es que se trataba de una empresa criminal que ameritaría la más dura de las sanciones.

M.J.D: ¿Por qué le parece tan particular lo de Odebrecht?

F.C: Porque estos personajes se inventaron una estructura societaria corporativa que denominaron “división de operaciones estructuradas”, que lo único que hacia era repartir sobornos. Entonces era toda la sociedad la que estaba viciada y viciado el consentimiento de un contrato porque lo hicieron a partir de sobornos y de coimas.

M.J.D: ¿Por qué aún no se ha metido con el contrato Navelena?

F.C: Nosotros estamos entrando con bisturí a todos los contratos de Odebrecht y tiene que ser así porque acá no era un chico malo de la empresa, no. Acá era política de la empresa sobornar funcionaros y, al ser así, se abre un debate en Colombia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. No necesitamos que respondan los particulares; la sociedad comercial tiene que responder integralmente. Si es la sociedad la dedicada a delinquir pues es necesario ir contra la sociedad y que ojalá que todas las sanciones societarias y penales recaigan sobre el grupo como un todo. Pero sí estamos investigando Navelena.

M.J.D: Allí hay ya una presunta plata que se le había pagado a Otto Bula en concepto de lobby para que ayudara a manipular la concesión que se le dio a Odebrecht para manejar la recuperación del río Magdalena…

F.C: No sólo eso, María Jimena, sino también abrimos investigaciones preliminares por el préstamo del Banco Agrario que generó reacciones como la del ministro de Agricultura, que estableció una denuncia penal contra la junta directiva del banco porque se descubrieron algunas irregularidades, lo que me hace pensar que vamos en la dirección correcta.

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M.J.D: Y en cuanto al presunto conflicto de intereses que pudieron tener las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ¿qué piensa?

FC: En ese caso habrá que establecerlo probatoriamente, pero dado el caso tendremos que entrevistarlas y ver cuáles serían las sanciones disciplinares correspondientes.

M.J.D: En el caso de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en el 2014 que se vio inmiscuida por denuncias de Duda Mendoça, el publicista que recibió un pago de Odebrecht. En ese caso ¿Qué puede hacer la Procuraduría?

F.C.: Primero habría que explicar cómo es el mecanismo de financiación de las campañas. En Europa es estatal, algunos dirían un servicio a la igualdad. Todos arrancan con el mismo monto. En Estados Unidos la financiación es privada y América Latina tiene un sistema mixto. Colombia tiene este último sistema y eso implica que hay dinero del sector público involucrado. Eso quiere decir que según el número de votos, hay una reposición que viene de los recursos de los colombianos. Por esa razón la Procuraduría podría intervenir. Pero es un tema difícil de solucionar. Algunos creen que es un mercado bursátil de pesos y votos y que la contratación viene más tarde.

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M.J.D: Y en el caso de que se descubriera que la campaña se voló los topes de plata, la sanción dada por el Consejo Nacional Electoral es una multa mínima que se paga y… ¿ya?

F.C: En España hay una norma que castiga penalmente la financiación ilegal de campañas y eso incluye violación de topes, ocultación de documentos, pagos en especie y en dinero. Pero lo que es importante aprender del caso español es que se necesita financiación estatal y una justicia electoral que sea capaz de hacer la investigación que compruebe que violaron los topes y que imponga sanciones. El problema aquí es que las sanciones de la justicia electoral en comparación con otros países son un chiste.

Lo otro que hay que frenar es las multinacionales que se entrometen en los procesos electorales. Eso es una intromisión indebida y que además se está comprando favores que se cobrará después.

M.J.D: ¿Cómo parar eso?

F.C: Lo primero es determinar si eso se puede o no se puede hacer. Segundo, establecer topes, y tercero, que se consignen las donaciones del sector privado. Para mí es igual de preocupante todas las personas del sector privado que le están entregando dinero a los políticos para financiar partidos y campañas.

M.J.D: Yo veo que el caso de Odebrecht está cada vez más relacionado con campañas políticas de diferentes bandos, ¿qué pasará ene ese caso?

F.C.: Sí, ya ha salido en las noticias que Odebrecht se ha comprometido en revelar información de financiamiento en las campañas en América Latina, pero necesitamos evidencias, no especulación.

M.J.D: En el caso de Otto Bula, él dice que sólo fue lobista y que eso no es delito en Colombia. ¿Cómo se le dice que eso es ilegal si realmente no se ha regulado? Y ¿por qué no se ha regulado?

F.C.: Ha habido varios intentos. Creo que en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema. Es necesario regularlo porque a fin de cuentas uno sabe qué intereses tiene el lobista.

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MD: Procurador, discúlpeme me devuelvo. Usted ha dicho que investigaría personas naturales ¿a qué se refiere en concreto?

FC: Sí, cuando se presenten las irregularidades debería existir un régimen que determine la responsabilidad de privados. Pero al pensar que se trata de recursos públicos, en el caso de las campañas, se puede investigar sólo lo que tiene origen en los recursos públicos. Lo que hay en otros países es un régimen de responsabilidad para el sector privado a la hora de financiar la política. El caso particular del privado frente a la actividad pública es cuando manejan recursos públicos.

M.J.D: Usted me estaba diciendo que tiene mucho interés en indagar desde Brasil, el lugar donde se originaron los hechos, para no estar supeditado de lo que venga de la justicia norteamericana…

FC: Sí, yo creo, María Jimena, que la cooperación judicial internacional ha evolucionado de tal manera que tiene que haber mucha mayor fluidez en el intercambio de información. Para cerrar casos lo fundamental es tener las pruebas y para eso es importante sofisticar la operación judicial. Más adelante sería muy interesante organizar un gran seminario con los procuradores y fiscales donde Odebrecht actuó para encontrar y refinar mecanismos para luchar contra ese tipo de criminalidad porque todo es nuevo. Y además termina siendo un caso de crimen organizado.

M.J.D: Pero no sólo Odebrecht ha sido centro de un escándalo por cuenta de sobornos y de coimas. Varios contratistas en el 2006, el 2007, el 2008, el 2009 fueron denunciados por lo mismo y esas investigaciones no llegaron a buen puerto ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría…

F.C: Mucha gente dice que si se hubiese tenido un bisturí mucho más afilado habríamos llegado a un dictamen probatorio y no se habría quedado todo en la superficie de los hechos con los primeros condenados, seguramente, en el escándalo de la contratación hubiéramos llegado a Odebrecht. Estos son hechos de hace seis o siete años.

M.J.D: Usted ha planteado en varias ocasiones que le gustaría que la Procuraduría entrara dentro del mecanismo de la JEP. ¿Por qué planteo esa propuesta?

F.C: Por varios argumentos. El primero es que el corazón del proceso, como bien lo ha dicho el presidente, son las víctimas y lo importante de las víctimas es que se les respeten los derechos. Y en la JEP no existe un ente que pueda, de manera autónoma, defender los derechos de los más débiles.

M.J.D: ¿Qué va a hacer para que no se sigan robando La Guajira?

F.C: Ayer enviamos una misión con la procuradora delegada para la infancia y la niñez y vamos a tener un diagnóstico mucho más claro con el tema de nutrición y con el tema de la salud de los niños y vamos a tratar de llegar con brigadas de reacción inmediata a determinados departamentos.

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M.J.D: ¿Cómo va a combatir la corrupción en la salud?

Vamos a crear una procuraduría delegada para la salud que no ha existido antes. Pero lo que necesitamos es que la gente denuncie y lo haga sin temor.

M.J.D: ¿Y Reficar?

FC: Estamos haciendo las primeras investigaciones, que yo espero arrojen resultados muy pronto y apenas eso ocurra le haremos saber a la opinión pública.

*Entrevista realizada en el programa Semana en vivo dirigido por María Jimena Duzán.

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