Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2015/09/25 19:00

Las meriendas que tienen en aprietos al alcalde de Tunja

Fernando Flórez tendrá que responder ante la Procuraduría por un convenio de asociación que celebró por 2.500 millones para el suministro de alimentación escolar.

Fernando Flórez. Foto: Tomado de Twitter

La suspensión en el suministro de bienestarina que padecieron centenares de niños beneficiarios del plan de alimentación escolar en Tunja (Boyacá) hoy tiene en líos disciplinarios al alcalde de esa capital, Fernando Flórez, y a su secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros, José Fernando Camargo.
 
La Procuraduría los llamó a audiencia verbal y les dictó pliego de cargos por celebrar un convenio de asociación por más de 2.500 millones de pesos con la caja de compensación Compensar, para asegurar la alimentación de los menores beneficiarios del programa durante los 134 días del calendario escolar.
 
En el 2012 la Gobernación de Boyacá celebró un convenio interadministrativo con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para ocuparse de la nutrición y el desarrollo cognitivo de los niños del departamento. Este acuerdo obligaba a Tunja y otros municipios a celebrar contratos para garantizar el desarrollo del programa en cada población.
 
En cumplimiento de este deber, el alcalde Flórez delegó la labor en su secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros, José Fernando Camargo. Bajo esta perspectiva tuvo lugar la escogencia de la caja de compensación como la encargada de suministrar los refrigerios.
 
Los dolores de cabeza para la administración empezaron a hacerse evidentes porque, cumplida la mitad del calendario escolar, el programa todavía no se había puesto en marcha. Los niños dejaron de recibir nutrientes esenciales para su desarrollo, como la bienestarina, y la Procuraduría puso bajo la lupa a los responsables de la contratación.
 
El alcalde Flórez inicialmente fue sancionado con suspensión de 10 meses en el ejercicio del cargo, por no garantizar el inicio oportuno del programa de alimentación. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría revocó esa determinación.
 
Aunque salió avante en esa primera fase de la investigación, el Ministerio Público halló aparentes inconsistencias en la actuación de la administración, por la inadecuada ejecución del convenio y la presunta falta de idoneidad de Compensar.
 
Según el pliego de cargos, la Alcaldía debió acudir a la licitación pública. No podía tramitar un convenio de asociación, pues no se trataba de un asunto de menor cuantía, que es uno de los pocos casos frente a los cuales la ley permite la contratación directa.
 
El convenio de asociación con Compensar supera los 2.500 millones, lo que demostraría a las claras la omisión del municipio al no abrir la licitación pública.
 
Además, la Procuraduría no se explica cuáles eran las cualidades y la experiencia que acreditaba la caja de compensación escogida en el suministro de refrigerios escolares. Según este pliego de cargos, los estudios de prefactibilidad no fueron lo suficientemente elaborados.
 
Tanto el alcalde Flórez como su secretario Camargo tendrán que presentarse a audiencia verbal que se desarrollará en la Procuraduría.

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