Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/09/24 11:30

Presidente de Fidupetrol: de su ‘mansión’ a los barrotes de una cárcel

Un juez de Bogotá revocó la medida de casa por cárcel que tenía Helbert Otero, involucrado en el escándalo del magistrado Jorge Pretelt.

Presidente de Fidupetrol: de su ‘mansión’ a los barrotes de una cárcel Foto: Archivo Particular

Hace dos semanas causó molestia en el círculo judicial del país el hecho de que un juez le diera la casa por cárcel a Helbert Otero, el socio mayoritario de Fidupetrol –la firma enredada en el escándalo del magistrado Jorge Pretelt-.

Habría sido él quien orquestó la presunta dádiva entregada al magistrado para que acompañara una tutela que favorecería a la firma en un pleito que tenía con la Gobernación de Casanare, a la que debía pagar 22.500 millones de pesos tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Otero se fue a su lujosa vivienda en Altos de Yerbabuena, en Chía, al norte de Bogotá. Allí, donde sobresalen dos piscinas, salas con mucho lujo, grandes y cómodos espacios verdes, pasaría sus días mientras arranca un eventual juicio en su contra. Todo bajo la premisa de que era padre cabeza de familia y debía estar en su residencia.

Pero la Fiscalía hizo esfuerzos para demostrar lo contrario y, por eso, este jueves el juez 52 de conocimiento revocó el beneficio al empresario.

“No hay pruebas de que él sea el único que pueda dar sustento a su familia. Su esposa cuenta con ayuda económica en caso de que él permanezca detenido en centro de reclusión. Por tanto se ordena revocar la decisión del juzgado 50 de garantías que le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria”, indicó el juez.

La Fiscalía acusa a Helbert Otero de haber contratado al abogado Víctor Pacheco, que también tiene un proceso penal en su contra, para que presuntamente lograra que los magistrados seleccionaran de la tutela del caso Fidupetrol en la Corte Constitucional.

Las pruebas

Durante la diligencia judicial en la que se le imputaron los cargos, el fiscal del caso, Fabián Ordóñez, presentó los contratos de prestación de servicios que tenía Pacheco con Fidupetrol, así como el registro de visitas que realizó el abogado a la Corte Constitucional entre marzo y octubre del 2013, tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos.

También le presentó al juez tres interrogatorios realizados a la expresidente de la firma Maria Helena Giraldo; el asesor jurídico, Camilo Ernesto Mendoza, y el abogado Víctor Pacheco. Con estos se probó el poder de decisión que tenía Otero en esa empresa.

"Otero tomaba las decisiones en la firma por ser el socio mayoritario con una participación del 49,1 % de las acciones a través de la compañía Técnica y Consultoría Financiera (Tecfin)", explicó el representante del ente investigador.

En el interrogatorio Víctor Pacheco aseguró que se encontraba en Barranquilla cuando fue contactado por Otero. El ejecutivo le ofreció ejercer la defensa de la firma por unos honorarios de 152 millones de pesos.

El fiscal del caso tiene la tesis de que el objetivo del contrato era la realización de gestiones para que saliera avante una tutela que favorecía los intereses de la firma.

“La cabeza de todo este asunto era Helbert Otero, el hombre detrás del escritorio era él, quien trajo desde Barranquilla al abogado Víctor Pacheco. La misión era clara: si las cosas salían como lo planeado y esa tutela era aceptada, Fidupetrol no pagaría los 22.500 millones de pesos derivados de una deuda que tenía con la Gobernación de Casanare”, dijo el fiscal.

Por estos hechos Helbert Otero podría enfrentarse a una pena de ocho años de prisión. Un juez determinará hasta dónde va su responsabilidad en estos hechos acerca del escándalo más grande sucedido en la que era la Corte más respetada del país.

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