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| 6/17/2017 10:15:00 PM

El de maestros, un largo paro

¿Por qué fue tan difícil llegar a un acuerdo con los profesores, que duraron 37 días en paro y silenciaron a las escuelas y colegios del país?

Después de casi cinco semanas sin clases en las escuelas y colegios públicos, Fecode y el gobierno nacional lograron un primer acuerdo que permitiría que más de 9 millones de niños y jóvenes vuelvan a los salones de clase la próxima semana. Acuerdo que, a juzgar por los puntos que separaban a las partes, parecía casi imposible de darse. Ni las gestiones de un facilitador como el procurador Fernando Carrillo, que logró disolver el paro cívico de Buenaventura, sirvieron para esa tarea, y mucho menos la carta de súplica que enviaron los obispos de la Conferencia Episcopal, pidiendo un pronto acuerdo.

Este anuncio fue un alivio para los millones de padres de familia y para los gobernadores y alcaldes, que habían puesto el grito en el cielo porque buena parte de los dineros que aportan para cofinanciar los desayunos y el transporte escolar se estaba perdiendo. Se estima que por cada día de paro se ‘evaporan’ alrededor de 40.000 millones de pesos. Y el acuerdo también es bueno para los habitantes, especialmente de las grandes ciudades, que habían tenido que convivir con los monumentales trancones que se generaban por las numerosas marchas de protesta.

Este paro no fue espontáneo y se dio como consecuencia de un desacuerdo fundamental que hay entre el gobierno y los maestros por la plata desde hace tiempo. En febrero pasado se había instalado una mesa de diálogo entre Fecode y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para discutir 30 puntos en siete ejes temáticos, que iban desde política educativa, carrera docente, economía, bienestar, salud, temas prestacionales y hasta institucionales.

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Antes del 11 de mayo, cuando arrancó el paro, ambas partes avanzaron en asuntos puntuales como la inclusión al currículum de dos nuevos grados para preescolar (prejardín y jardín); fortalecer las Escuelas Normales Superiores; poner en marcha las Juntas Locales de Educación; y reactivar la comisión tripartita para unificar los dos regímenes legales que hoy regulan el estatuto docente.

La armonía de esa mesa de diálogo se acabó cuando llegaron al tema por el que todos pelean: la plata. Y los ánimos se caldearon aún más cuando el presidente Santos expresó públicamente, el pasado 6 de junio, frente a las peticiones salariales de los docentes que “el gobierno no tiene plata”. La explicación del mandatario a ese pronunciamiento es que se trató de un acto de franqueza y de responsabilidad fiscal con el país. Desde la otra orilla, califican de incoherente que el gobierno, por un lado, promueva una mesa de diálogo y, por el otro, diga que no hay recursos para atender justamente lo que se discute en esa mesa, más cuando una parte de los colombianos está molesta con los beneficios que se les están dando a los guerrilleros de las Farc.

¿Qué los alejaba?

Los maestros reclaman inversiones que se dejaron de hacer y que se acumulan en un déficit histórico de 73 billones de pesos. Esas cuentas salen de lo que, según Fecode, dejó de recibir la educación desde 2001, cuando se aprobó la famosa reforma a las transferencias y que coincidencialmente fue promovida por Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Hacienda del gobierno Pastrana. Over Dorado, secretario de Asuntos Gremiales de Fecode, asegura que ese dinero es lo que requiere el sector para zanjar la crisis estructural de la educación, “hoy tenemos tres brechas para combatir: acceso y cobertura, canasta educativa y jornada única”.

Si bien puede que este sea un reclamo justo, es poco real, pues esas son cuentas teóricas y no verdaderas, lo mismo podían exigir otros sectores. Otros consideran que esas reivindicaciones por pedir mejores colegios, salones y útiles para los estudiantes son una forma de esconder su verdadero interés: las conquistas salariales. Un reconocido asesor en temas educativos explicó que “Fecode entendió que la lucha por mejores sueldos no era popular y entonces le ha empezado a meter otras arandelas” con las que los demás ciudadanos se sientan identificados. Precisamente, los temas que tenían tan distantes a las partes son buscar una mejor nivelación salarial, bonificación anual y primas extralegales.

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Casi nadie discute que los sueldos de los maestros son bajos y que existen pocos incentivos para promover su profesionalización. Incluso, un reciente estudio que hizo la Fundación Promover, que premia el buen desempeño de los docentes, concluyó que los salarios de los maestros en Colombia son menores que los de cualquier otro profesional. En promedio, el sueldo de un profesor de colegio público oscila, según el MEN, entre 1.924.511 de pesos y 3.120.336 pesos al mes, dependiendo del escalafón en el que esté. Los datos que maneja el sindicato señalan que el salario máximo al que pueden aspirar aquellos que cuentan con 15 años de experiencia, especialización, maestría y doctorado es de 4.613.000 pesos.

En ese sentido, las exigencias de los profesores eran que la nivelación salarial pactada en 2015 y que finalizaba en 2019 se extendiera a 2021; unas primas extralegales por servicios prestados que contempla el Decreto 2418 para trabajadores estatales, y que establece una bonificación del 35 por ciento del salario para quienes ganan más de 1.500.000 pesos y del 50 por ciento para los que perciben menos de ese monto; y más recursos para la educación pública y la implementación de la jornada única bajo parámetros de calidad y pertinencia (infraestructura, transporte, alimentación y currículo).

De acuerdo con el gobierno, este año se destinaron 33,5 billones de pesos para la educación (29 por ciento del total de las cuentas generales) y 26 billones adicionales para cubrir los gastos asociados al Magisterio en salarios, prestaciones y salud. “Pedimos unos recursos cercanos a los 20 billones de pesos para los próximos 10 años”, resaltó Carlos Rivas, presidente de Fecode, a Semana Educación.

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¿Fin del paro?

La postura tajante del gobierno fue doblegándose con el paso de las semanas tras comprobar la capacidad de convocatoria del Magisterio. Al discurso inicial del presidente Santos que apelaba a la falta de recursos de su administración, le sucedieron una serie de medidas más conciliadoras. La primera, anunciada el 24 de mayo, es una nueva bonificación del 15 por ciento para todos los docentes del país cada vez que cumplan un año de trabajo, un extra que solo recibían los de grado 14 (los más antiguos).

La segunda se anunció el 8 de junio, después de que el Congreso de la República aprobara una adición de 1,8 billones de pesos a la bolsa de educación del SGP para 2017. La ministra de Educación, Yaneth Giha, también indicó que se crearía una mesa para construir una propuesta y así reformar el SGP con el objetivo de obtener más recursos para la educación. Finalmente, y a pesar del distanciamiento que han demostrado el gobierno y Fecode durante todo este proceso, el paro llegó a su fin este viernes en la noche.

Las partes se comprometieron a llevar al Congreso un proyecto de ley para hacer una reforma estructural del SGP, con la que se buscarán recursos adicionales para el sector de la educación y para poder mejorar las condiciones laborales de los maestros. A través de este camino, podría garantizarse la nivelación salarial para 2020 y 2021.

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También se accedió a crear una nueva bonificación que se otorgará de modo escalonado: en 2018 equivaldrá al 6 por ciento del sueldo, en 2019 al 11 por ciento y en 2020 será del 15 por ciento. De la misma manera, se hicieron acuerdos para ampliar la cobertura de transición, crear los grados de jardín y prejardín y proseguir con la implementación de la jornada única, entre otros temas. La ministra también anunció una comisión tripartita para buscar “una nueva hoja de ruta” para el sector.

Lo que quedó claro, después de todo lo ocurrido, es la precariedad de la situación fiscal del Estado, ya que se vio forzado a que el Congreso de la República y los entes territoriales sean quienes tengan que buscar los recursos. El gobierno ya había hecho un esfuerzo económico importante en el paro de 2015, en el que comprometió 2,2 billones de pesos solo en 2019.

Pese a la buena noticia que significa el fin del paro, es claro que una vez se presente el proyecto en el Congreso se corre el riesgo de que otros actores del sector, como las universidades, quieran ser escuchados en esta discusión sobre el financiamiento de la educación, más cuando ellos son el eslabón final del ciclo educativo. Algo que debería ser lógico.

Ojalá este acuerdo realmente permita marcar una nueva etapa de la educación pública y haga de Colombia la más educada en 2025, para que los grandes beneficiados sean los niños y jóvenes y no solo los maestros.

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