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| 10/31/2004 12:00:00 AM

Fin de la emisión

La liquidación de Inravisión y Audiovisuales busca crear un nuevo esquema de televisión pública.

Como ocurre en las películas de acción, las escenas pasaron tan rápido que necesitan repetirse varias veces para entender lo que ocurrió y sus consecuencias.

En una decisión sorpresiva pero esperada por muchos expertos, el gobierno anunció que liquidaría a Inravisión y Audiovisuales, encargadas de la operación de Señal Colombia, el Canal Institucional y las distintas emisoras de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Dos días después el mismo presidente, Álvaro Uribe, anunció en Cartagena que la liquidación de estas entidades, encargadas de los canales Señal Colombia e Institucional, no significaba que la televisión pública iba a ser liquidada. Por el contrario, sería fortalecida, pero no se podía hacer "cuando los entes que la manejan son burocratizados, derrochadores de dinero y destructores de valor".

Uribe hacía referencia a las cifras reveladas por un estudio de Arthur D. Little que mostraba que buena parte de los recursos destinados a la televisión pública se iban en el pago de nómina y pensiones, que el pasivo pensional de Inravisión ascendía a 590.000 millones y que las dos empresas no solo eran inviables en el corto plazo sino que amenazaban con acabar todos los activos que tuvieran. De los 625.000 millones que la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) le giró a Inravisión en los últimos ocho años, la gran mayoría se fue en pagar mesadas pensionales, salarios y gastos de funcionamiento.

Horas después de las declaraciones del Presidente, en Bogotá la ministra de Comunicaciones, Martha Pinto, firmaba los decretos que ponían fin a un modelo de 40 años de televisión pública, la salida de 468 empleados y la incertidumbre para más de 1.000 pensionados. En reemplazo de estas empresas fue creada la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), que con una futura nómina de 73 personas tendrá la obligación de mantener al aire los canales públicos nacionales y sacar adelante un nuevo esquema de televisión pública. La red estará a cargo de Colombia Telecomunicaciones (Telecom) y la programación en las manos de pequeñas, medianas y grandes productoras, ya que será contratada en su gran mayoría.

Con la liquidación de estas empresas y la creación de una nueva, como lo ocurrido con Telecom, el gobierno busca ahorrarse 31.000 millones de pesos al año y destinarlos, junto con otros recursos, en la consolidación de la televisión cultural y educativa alterna a la que ofrecen los canales privados.

La noticia les llegó a los empleados de manera tan fría y contundente como la que habían recibido unas horas antes: la muerte de Enrique Urrea, uno de los sindicalistas más combativos de la Asociación Colombiana de Trabajadores de Radio y Televisión (Acotv), quien días antes había dejado la presidencia de la agremiación para someterse a una intervención médica. Durante muchos años este sindicato, junto con los de Telecom y Ecopetrol, era capaz de incomunicar al país y poner en la cuerda floja a cualquier ministro.

Ese poder empezó a tambalear con la creación en 1995 de la Comisión Nacional de Televisión, que asumió todos los contratos y recursos de Inravisión. Tres años después la llegada de los canales privados le dio el tiro de gracia, ya que no sólo se llevaron el grueso de la audiencia sino de los recursos y la torta publicitaria, tanto que en el último año estas entidades no produjeron espacios.

Muchos empleados se enteraron de que ya no trabajarían 'detrás de cámaras' cuando un grupo de policías, vestido con armaduras plásticas, cascos y escudos los sacó de sus puestos de trabajo y los convirtió en pocos minutos en pensionados o desempleados. Hasta el fin de semana pasado muchos de ellos permanecían al frente de las instalaciones de Inravisión en Bogotá para protestar por la "decisión arbitraría y autoritaria del gobierno de Uribe de acabar de un plumazo 50 años de historia", dijo uno de los miembros de Acotv.

Todavía hay temas importantes sin resolver. Mientras que el gobierno le entregó a la Cntv la responsabilidad de los 590.000 millones de pesos del pasivo pensional, amparada en un concepto del Consejo de Estado, ésta demandará la decisión por considerar que esa es una obligación de los ministerios de Comunicaciones y Cultura, según advirtieron varios comisionados. "Durante toda la vida pagamos los aportes pensionales y ahora resulta que se desaparecieron, por eso creemos que hay un prevaricato claro", dijo Carlos Alberto Garay, secretario de Acotv.

La costosa liquidación económica y política de Inravisión y Audiovisuales aún no es suficiente para que la televisión pública funcione. Se requieren profundas reformas que aumenten los recursos, que se modifique la Cntv, se le quite el control absoluto al gobierno y se les dé una nueva oportunidad a los muchos programadores que quieren hacer una televisión de buena calidad.
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