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| 8/8/2017 8:53:00 PM

Medidas de choque por los estragos de las excarcelaciones masivas

Según la Fiscalía, la Ley les abrió las puertas de las cárceles a criminales y miembros de organizaciones criminales. Pedirá tumbar la norma con la que hace tres años se intentó arreglar el problema los excesos en las detenciones preventivas.

A pesar de que las autoridades coinciden en que la detención preventiva de personas debe tener límites en Colombia, la forma en cómo este procedimiento se ha estado aplicando en los últimos años ha generado polémica, choques y finalmente consensos. Sin embargo, lo acordado hace dos años está a un paso de naufragar.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que presentará al Congreso una Ley para derogar la norma que impuso límites al tiempo que puede pasar una persona sindicada en prisión: en el 2015 se estableció un plazo de un año para que casos de delitos menores lleguen a sentencia. El tiempo es prorrogable a dos años cuando se trata de delitos graves.

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La manera de aplicar esta normativa, que entró en vigencia el 1 de julio de este año, levantó controversia entre los jueces e incluso llevó a un choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Mientras que la Corte Constitucional sostuvo que solo se podía entender sentenciada una persona hasta el fallo de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia estableció como límite para que un sindicado pase a sentenciado la decisión de primera instancia.

Esta nueva línea de la Sala Penal de la Corte Suprema no lleva una semana en vigencia, y ya el fiscal general anunció desde Medellín que pedirá al Congreso que derogue definitivamente la norma. Explicó que a la fecha en la capital de Antioquia 1.200 delincuentes que han sido excarcelados por cuenta de la medida y 360 más están haciendo cola para salir de prisión. “Los perseguimos, los cogemos con las manos en la masa y las normas siguen favoreciéndolos. El fiscal se ha comprometido con las autoridades de Antioquia y vamos a presentar proyecto derogando la ley 1786, de otra manera no vamos a ser suficientemente contundentes para ganar esa lucha contra el delito”, dijo.

A cifras de hoy, en las cárceles hay 117.045 personas recluidas, de las cuales 35.700 están en condición de sindicados. Estas estadísticas reflejan una sobrepoblación del 48%, sin embargo, este porcentaje hace tres años alcanzó un alarmante 80%. Tampoco es un secreto que la Fiscalía acumula demandas este año con pretensiones por más de 46.000 millones de pesos por supuestas privaciones injustas de la libertad.

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Para dar solución al problema, la Fiscalía y el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tramitaron la Ley 1760 del 2015, que tenía por fin establecer topes a los tiempos de personas sindicadas en prisión; había casos excesivos de gente recluida por nueve años sin que tuviera sentencia. A pesar de que en el primer proyecto de Ley se dio un año de gracia para que entrara en vigencia, cumplido este tiempo saltó a la luz la incapacidad de ponerse al día y con ello la alarma de una excarcelación masiva; tal situación derivó en que se tramitara el aplazamiento de un año más para la entrada en vigencia.

Este primero de julio se cumplió el plazo y las consecuencias, dice el fiscal general, es la excarcelación de hasta 12.0000 delincuentes y criminales, lo que pone a peligrar la seguridad ciudadana. “En estas excarcelaciones masivas que ya comenzaron, la mitad son violadores sexuales, gente que sin escrúpulos está afectando a menores de edad. La otra mitad son delincuentes que estaban en prisión porque formaban parte de una organización criminal, que corresponden a la justicia especializada, son secuestradores, extorsionistas y miembros de organizaciones criminales, y pese a ello también están obteniendo beneficios”.

Las cuentas que entrega el fiscal general son alarmantes y más teniendo en cuenta que la Ley prevé que el ente acusador tenía dos años para terminar el juicio contra miembros de organizaciones criminales. Sin embargo, en la norma no se calculó el volumen de solicitudes de aplazamiento que la Fiscalía debía tramitar en un lapso de un mes (calculado antes de la entrada en vigencia), la falta de funcionarios judiciales para resolverlas y en consecuencia las libertades están siendo concedidas.

De este modo, el intento que hizo el país por ajustarse a los estándares internacionales en materia de protección de las personas privadas de la libertad está por llegar a su fin. Y no existe ninguna solución a la vista. 

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