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| 5/9/2012 12:00:00 AM

Fiscal contempla "indultos condicionados" incluso para "graves violaciones" a los DD.HH.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, pide al Congreso que apruebe el marco para la paz pero que modifique el concepto de amnistías e indultos que, según la Constitución, solo está atado a delitos políticos. "El derecho internacional no se opone a las amnistías más amplias, al final de un proceso de paz", aclaró.

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, sorprendió con una propuesta que le trasladó al Congreso para que discuta la posibilidad de que la Constitución colombiana contemple "amnistías o indultos condicionados" incluso para "graves violaciones" a los derechos humanos.

Según Montealegre, la concesión de estas "amnistías condicionadas" sería potestad del presidente de la República y sólo en el momento de finalizar un proceso de paz con los grupos alzados en armas.

Así lo dijo el fiscal general: "Ese es el gran debate. En el momento de finalizar un proceso de paz, el país tiene que pensar seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados inclusive frente a graves violaciones de derechos humanos".

La propuesta de Montealegre se enmarca en la discusión del llamado marco para la paz, un proyecto que pretende elevar a rango constitucional, y de forma transitoria, la aplicación de mecanismos de justicia transicional que eventualmente conduzcan a la desmovilización colectiva de los grupos subversivos.

El marco para la paz está siendo discutido esta semana por la plenaria de la Cámara de Representantes.

Según Montealegre, el concepto de amnistía e indulto, según la Constitución del 91, está atado al delito político, es decir, a los actos de rebelión, sedición y asonada, por eso considera que ese concepto "se quedó estrecho frente a la realidad colombiana".

"Es bueno pensar que en este momento las amnistías y los indultos no estén condicionados a que se traten de delitos políticos y además que se introduzca en la Constitución la posibilidad de las amnistías condicionadas, es decir, amnistías en las cuales exista la extinción de la acción penal para la guerrilla, pero que permitan conocer la verdad, aporten a la reconstrucción histórica de los hechos y a la reparación de las víctimas", explicó Montealegre.

La propuesta del fiscal tuvo un gran impacto, pues el Congreso, que lleva ocho meses ajustando el marco jurídico para eventuales procesos de paz, siempre ha considerado que, con la suscripción del Tratado de Roma, en Colombia no se podría conceder amnistías o indultos.

Montealegre controvierte esa tesis que prácticamente ha hecho carrera. Por eso explica que lo que prohíbe el derecho internacional son las "autoamnistías o las amnistías que no tengan en cuenta la reconstrucción de la verdad o la reparación". Insistió en que el derecho internacional ha criticado las autoamnistías que se expidieron en el Cono sur con la caída de los regímenes militares.

Pero Montealegre aclaró que actualmente, y en el contexto de los mecanismos de justicia transicional, como lo establecen los protocolos de Ginebra, al final de un conflicto se puede conceder "las amnistías más amplias posibles".

Frente al marco legal para la paz que actualmente discute el Congreso, Montealegre también hizo otra observación. Comparte la tesis del Gobierno y el Legislativo de incluir en el proyecto a "todos los actores del conflicto", es decir, guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Pero aclaró que el proyecto debe trazar "un marco diferenciado" para cada uno de estos actores.

"En un proceso de justicia transicional no podemos darle un tratamiento igualitario a la fuerza pública o a la guerrilla".

Por eso, Montealegre considera que la Constitución colombiana debe permitir "dejar un marco abierto" para que el Congreso, en el momento de consolidarse un proceso de paz, pueda darles un tratamiento diferenciado a la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares.
 
Antes de que la plenaria de la Cámara culmine el sexto debate del proyecto, Montealegre le pidió al Congreso aprobar la iniciativa. Un proyecto muy duramente cuestionado por la Human Rights Watch (José Miguel Vivanco ha dirigido dos cartas oponiéndose al proyecto) y por sectores de derecha en el país.

"El país no puede perder la oportunidad de construir un marco para construir un eventual proceso de paz. Sería lamentable que el Congreso de la Republica no aprobara este proyecto porque el país tiene que preparar un marco jurídico para eventuales proceso de paz, que, obviamente, serán decididos por el presidente de la República", dijo el fiscal.
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