Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/08/13 10:00

Fiscal se va contra la reforma bandera del gobierno Santos

Estos son los detalles de la demanda que Eduardo Montealegre radicó este miércoles en la Corte Constitucional, sobre el acto legislativo de equilibrio de poderes.

Eduardo Montealegre Foto: Archivo SEMANA

El fiscal Eduardo Montealegre siempre fue el principal opositor a la reforma de equilibrio de poderes del presidente Santos. Dijo que era la segunda toma del Palacio de Justicia, pidió que se hiciera una Asamblea Constituyente y llamó a los jueces a manifestarse en las calles contra esta. Se sabía que tenía la demanda casi redactada, pero no cuándo la iba a presentar.

Esa noticia finalmente se anunció. En el encuentro anual de la Corte Suprema que se realiza en este momento en el Hotel Las Américas en Cartagena, el fiscal dio un discurso enfático e hizo público que presentó ayer la demanda. Su objetivo es que la Corte Constitucional declare inexequible apartes del proyecto bandera del presidente Juan Manuel Santos que se aprobó en el congreso el pasado mes de junio. 

Montealegre explicó a los presentes que la reforma no se ajustaba a la constitución. Expuso las razones principales de su desacuerdo, muchas de las cuales coinciden con las observaciones que hizo durante el trámite de esa iniciativa. Y aclaró que su demanda solo tiene que ver con los cambios que se hicieron en la justicia, es decir que no se refiere al componente político de la reforma, cuyo tema estructural fue la eliminación de la reelección presidencial.

La primera es que la reforma incluyó un cambio fundamental a los mecanismos de administración de justicia. El fiscal argumenta que este tema no tiene conexidad con el espíritu de la reforma. Como se sabe la propuesta principal de ese acto legislativo era eliminar la reelección y reajustar los demás poderes, que se habían desequilibrado por ese “articulito” que permitió que Uribe se reeligiera.

Sin embargo, en el proyecto se hizo una reforma a la justicia en el sentido de que no solo se eliminaron muchos privilegios y facultades que tenías las altas cortes, sino que también se suprimió el Consejo Superior de la Judicatura. Como este era el organismo que se encargaba de administrar la justicia, la reforma ordenó que el gobierno presentara una ley estatutaria para reglamentar el tema.

Montealegre sostiene que haber tramitado los cambios de la administración de justicia de este modo, viola el principio de unidad de materia y de conexidad que deben tener todas las reformas constitucionales.

En esa posición Montealegre siempre tuvo el respaldo de las altas cortes. Tanto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, fue su principal escudero. Para ellos  lejos de remediar los desajustes institucionales y los desbalances de poder contenidos en el proyecto original, la reforma de equilibrio de poderes los agravaba.

El segundo argumento del fiscal es técnico. Montealegre argumenta que el Congreso violó los principios de consecutividad e identidad durante el trámite de la reforma. Es decir, que introdujo normas en los últimos debates que no había presentado al inicio del trámite. El fiscal, que fue magistrado, es un experto en procedimiento constitucional y en su demanda detalla la jurisprudencia de esa corporación que le daría la razón. Para él, este principio se violó especialmente en los artículos que tienen que ver con el Tribunal de Aforados. Como se recordará ese punto fue la manzana de la discordia entre las altas cortes, el fiscal y el gobierno. De hecho, fue la propuesta de que los magistrados ya no fueran juzgados por el congreso, sino por un tribunal especial, la que generó las más aireadas reacciones de la justicia.

Según explica un comunicado de prensa de la Fiscalía ese tribunal de aforados terminó convertido en una súper corte que tiene ningún control. La reforma le entregó a esta nueva entidad “poderes desorbitantes en materia de investigación y acusación, no estableció mecanismos de control a sus procedimientos y decisiones y no definió su lugar dentro de la estructura del poder público”. Por cuenta de esto Montealegre concluye que la reforma vulnera el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Otro tema que mencionó el fiscal tiene que ver con el actual Consejo Superior de la Judicatura. A su juicio no estuvo bien haber prorrogado los periodos a los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Como se recordara, durante el trámite de la iniciativa el presidente Santos acusó a esos magistrados de “coquetear” por medio de regalos y puestos con los congresistas para evitar perder sus trabajos.

Durante varias semanas hubo gran expectativa por este encuentro entre las altas cortes, el fiscal y el Gobierno. Entre la cúpula de la justicia y el ejecutivo hubo una guerra fría durante todo el primer semestre del año por cuenta de la reforma que ahora el fiscal demanda.

Como el gobierno necesita el favor de las cortes y del fiscal para poder sacar adelante el proceso de paz con las FARC, el hecho de que la Corte Suprema hiciera su encuentro sobre el tema de la justicia transicional había generado esperanzas de reconciliación. Al parecer no fue así. El fiscal se fue con toda y eligió ese escenario para hacerlo saber. Ahora falta esperar qué decisión toma la Corte Constitucional. 

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