Fiscal general cita a fiscal de Cartagena para aclarar el caso de Las Pavas

La polémica está encendida. La afirmación de la fiscal Viviane Morales en la que señaló que no existió desplazamiento contra las familias que se encontraban en la hacienda Las Pavas (Bolívar) no sólo generó cuestionamientos de varios sectores que aseguran lo contrario, también la obligó a revisar el caso. 
 
En la mañana de este viernes se conoció, según RCN radio, que la fiscal Morales citó a la fiscal especializada de Cartagena Miryam Martínez Palomino con el propósito de que le entregue un informe detallado sobre la investigación que le permitió concluir que no hubo desplazamiento.

La fiscal citada por Morales inició en junio de este año una investigación para comprobar la veracidad de lo ocurrido en Las Pavas. El motivo que dio pie a la investigación fue la declaración de Pedro Moreno, uno de los hombres que supuestamente habrían sido desplazados, pero quien dos años después se retractó y pidió perdón porque, según él, “nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas".

El documento de la Fiscalía que archiva las diligencias concluye que: “Nos encontramos ante la presencia de inexistencia del hecho denunciado, resultando por lo tanto atípica la conducta denunciada, por lo tanto, podemos concluir: que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan considerar que nos encontramos ante la caracterización de un delito de desplazamiento forzado, de la manera como ha quedado demostrado a todo lo largo del análisis y examen exhaustivo de este proceso investigativo, situación está más que demostrada objetivamente por lo que resulta procedente y conducente ordenar el archivo de las presentes diligencias”.

El informe también sentencia que “se repare económicamente a la comunidad de las Pavas, por los daños causados por la fuerza pública en cumplimiento del desalojo”. También asegura que “se investigará por conducta punible de fraude procesal a todos los directivos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y demás ONG nacionales y extranjeras que le exigían al Estado colombiano”.