El pulso de Gómez Méndez y Montealegre

Aunque el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, asegura que “el tal enfrentamiento” con el fiscal general Eduardo Montealegre no existe, este miércoles la Fiscalía y el Gobierno volvieron a chocar, esta vez por cuenta del proyecto de reforma al código penitenciario impulsado por el Ejecutivo.

Según la Fiscalía, en palabras del fiscal general encargado, Jorge Perdomo, el proyecto que propone el Gobierno no contribuye a resolver el problema del hacinamiento carcelario, sino que, por el contrario, pretende establecer la cárcel como única fórmula para administrar la justicia penal, por lo que aumentaría la crisis de hacinamiento.

Según la Fiscalía, “la cárcel no es la solución para todos los problemas del país y no es la única fórmula de justicia penal”.

A la luz del proyecto del Gobierno, explica la Fiscalía, no hay medidas efectivas contra el hacinamiento carcelario. Por el contrario, las nuevas normas que plantea nuevas excepciones al beneficio de prisión domiciliaria y que establece que los requisitos de la detención domiciliaria deben ser los mismos que en los casos de prisión.

“El proyecto está quitando la detención preventiva cuando se trate de mayores de 65 años, mujeres embarazadas, madre o padre cabeza de familia de hijo menor o hijo incapacitado, o de reclusos enfermos. Aquí lo que hay es un incremento del hacinamiento porque elimina actuales normas que podrían favorecer el deshacinamiento”.

Según la Fiscalía, el proyecto también establece la obligación de pagar una fianza a los beneficiarios de la prisión domiciliaria. “Es decir, quien no tenga plata para irse a prisión domiciliaria. Eso fomenta el hacinamiento”, asegura el vicefiscal Perdomo.

La Fiscalía también cuestiona que el proyecto proponga que el control de la medida de prisión domiciliaria lo hagan los jueces de ejecución de penas y quitarle esa función al INPEC. “Los jueces no están en capacidad de ejercer este control”.

El proyecto, según la Fiscalía, propone suspender los subrogados penales que actualmente permiten, bajo ciertos requisitos, la libertad condicional para algunos delitos. Estos subrogados, en los últimos 18 meses, han permitido que 28.000 personas salgan de la cárcel, y con el proyecto saldrían sólo cuatro mil personas. “Esa norma busca propiciar el hacinamiento”.

Tras escuchar los reparos de la Fiscalía, el ministro Alfonso Gómez Méndez contraatacó y también señaló al ente acusador de tener responsabilidades en el hacinamiento carcelario.

Para Gómez Méndez, la principal fórmula para resolver el hacinamiento es no estar pidiendo medida de aseguramiento para toda clase de delitos y aplicar el principio de la presunción de inocencia como norma y no reiterar el viejo concepto de que todo el mundo es peligroso.

“Cito un caso, y eso que no soy uribista, el del exministro Andrés Felipe Arias, que estuvo detenido porque la Fiscalía argumentaba que era un peligro para la sociedad. No podemos revivir el concepto de que todos son peligrosos. Tanta medida de aseguramiento contribuye al hacinamiento”, respondió Gómez Méndez.

El mensaje fue directo a la Fiscalía, pues es la entidad encargada de solicitar a los jueces la medida de aseguramiento.

El pulso entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía será resuelto por el Congreso, quien deberá decir si este proyecto es carcelero, como lo asegura la Fiscalía, o si tiene medidas suficientes para enfrentar la crisis de hacinamiento en las cárceles.