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| 11/9/2016 9:49:00 AM

Controversia entre Fiscalía y Minjusticia por descriminalizar cultivadores de coca

Fiscal General asegura que logró frenar propuesta que buscaba legalizar narcotraficantes. Viceministro le dice que no es cierto y le hace una aclaración técnica.

En un nuevo choque por el tratamiento del problema de las drogas en Colombia, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, denunció que una propuesta, discutida al interior del Consejo de Política Criminal, buscaba legalizar productores y traficantes de drogas.

El Viceministro de Justicia Carlos Medina, quien encabeza el Consejo de Política Criminal, expresó que este no fue el alcance de la iniciativa y que, por el contrario, el Gobierno fue cauto en blindar cualquier normatividad para que no abriera las puertas a que “narcotraficantes salieran beneficiados o que lavaran capitales en virtud de un proceso de paz”.

"No creemos ser nosotros los equivocados en censurar esta clase de iniciativas. Por fortuna, el propio Presidente de la República tuvo que intervenir para parar de un tajo la revolucionaria propuesta", dijo el Fiscal General.

La discusión -según explicó Martínez- se dio en el marco del trámite de la normativa que permitirá la suspensión de la acción penal para los pequeños cultivadores, punto que quedó acordado en La Habana. Sin embargo, el Fiscal explicó que la propuesta que se quiso tramitar buscaba la renuncia de la acción penal no solamente para pequeños cultivadores sino para cualquier traficante y productor, no solamente antes del acuerdo sino después del mismo: "ámbito totalmente ajeno a las negociaciones de La Habana. ¿Un cheque en blanco para el delito?", dijo.

Puntualizó que el artículo en cuestión decía: "Quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o a grupo armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto que requieran un tratamiento penal diferenciado no serán perseguidos judicialmente, si se acogieron a los programas de sustitución de actividades ilícitas propuestos por el gobierno nacional. Una ley ordinaria regulará la materia".

Para Martínez, el texto es un "despropósito" e hizo un llamado a que la política criminal del estado este alineada a la gravedad del fenómeno que atraviesa el país.

Esta iniciativa iba acompañada -dice el Fiscal- de un proyecto de ley que buscaba otorgarles beneficios a mujeres que delinquieran en toda la cadena del narcotráfico, no solo pequeños cultivadores. "Para nadie es un secreto que estas iniciativas, lejos de fortalecer a la mujer, estimulan su utilización por los carteles de la droga y la exponen a su revictimización".

El Viceministro, por su parte, explicó que sí se preparó un proyecto de Ley para presentarse en el momento en que se pudiera dar aplicación al acuerdo de La Habana. “La iniciativa tenía por fin cumplir con un aparte que hacía referencia a darle un trato diferencial a los campesinos asociados al cultivo, exclusivamente por una sola vez. No es justo que haga una referencia de ese calibre y con ese alcance porque de eso no se trataba”, dijo.

Medina asegura que respecto a la no criminalización de cultivadores de coca hay una postura alineada con la Fiscalía: “el fiscal se ha mostrado amigo del proceso de paz de La Habana”.

“Creo que la interpretación del Fiscal es sobre una iniciativa que no conoció completa. Es posible que no la conozca porque la Fiscalía no hacía parte del equipo que estaba preparando ese proyecto que no se presentó”, dijo. Y aclaró que el Presidente de la República "no tuvo frenar nada" porque el proyecto de Ley nunca se presentó dado el resultado del Plebiscito.

Al margen de la controversia, el Viceministro insistió en que se requiere del apoyo institucional del país para reenfocar la política de drogas de Colombia. Dijo que no es responsable ni eficiente criminalizar los eslabones débiles de la cadena del tráfico de drogas.

Hace unas semanas, por petición del Fiscal, el Consejo de Estupefacientes reabrió la discusión alrededor de la suspensión de las aspersiones aéreas. Por mayoría se mantuvo la decisión de que Colombia implemente planes integrales de erradicación de cultivos.

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