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| 9/3/2016 12:00:00 AM

"Los empresarios extorsionados no tienen deudas con la justicia": Néstor Humberto Martínez

El fiscal general, quien tendrá bajo su cargo la investigación de cada caso, habla sobre la aplicación de la justicia transicional para los empresarios involucrados en el conflicto armado .

Semana: Hace unos días se conoció un listado de 57 empresas que están siendo investigadas por presuntamente haber colaborado con los grupos armados. ¿De dónde salió ese listado?

Néstor Humberto Martínez: Su origen es incierto. Lo único cierto es que ha causado una zozobra e incertidumbre innecesarias al sector empresarial.

Semana: ¿Esas empresas están siendo investigadas actualmente por la Fiscalía?

N.H.M.: En esta etapa la Fiscalía está obligada a mantener reserva. Además, en aplicación del principio de presunción de inocencia, sería irresponsable mencionar nombres sobre el compromiso de dichas empresas frente a las compulsas existentes.

Semana: Se habló en un momento dado que había 13.000 procesos contra empresarios involucrados en el conflicto. ¿Eso es cierto?

N.H.M.: Me parece irresponsable que se hable a diestra y siniestra de la existencia de 13.000 procesos. La verdad es que en la Fiscalía tenemos 16.000 compulsas en las cuales se mencionan nombres de terceros. Lo que no significa que haya 16.000 empresas investigadas. Su número es infinitamente menor, si acaso ronda por el uno por ciento de esa cifra.

Semana: ¿Cuál es la realidad entonces?

N.H.M.: La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las Farc y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como lo dice el acuerdo, y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación. Pero, claro, hay otros que, según las investigaciones, contribuyeron voluntariamente a la guerra. Sobre ellos, tiene que recaer todo el peso de la ley.

Semana: ¿Qué tan avanzadas van esas investigaciones?

N.H.M.: Debo reconocer que las encontré en estado embrionario. Pero tenemos el acelerador a fondo. La Fiscalía tiene el deber moral y legal de auscultar la responsabilidad en que incurrieron financiadores y colaboradores de los ejércitos del crimen. Me comprometo a que antes de finalizar este año el país conocerá los primeros resultados de las investigaciones que estamos abordando, con criterio sectorial.

Semana: ¿Qué rol cumple la Fiscalía frente a los civiles involucrados en el conflicto armado?

N.H.M.: La Fiscalía es la autoridad competente para investigar y acusar las eventuales conductas ilegales en que hayan podido incurrir. No solo de los involucrados con los paras, sino también con la guerrilla y con agentes del Estado. Según los acuerdos de paz, esa competencia la asume la JEP (Justicia Especial para la Paz) con carácter excepcional, con base en los informes que le remita la Fiscalía. Pero, de aquí a que ello ocurra, la Fiscalía tendrá que haber hecho claridad sobre la dimensión de la relación promiscua entre la guerra y el capital.

Semana: ¿Qué relación va a existir entre la Fiscalía y el nuevo tribunal? ¿Cómo se van a articular?

N.H.M.: El acuerdo tiene un sesgo porque solamente estipula expresamente que la Jurisdicción para la Paz es competente para conocer de las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares. Para ello la Fiscalía le remitirá a la JEP las compulsas existentes. Pero también remitirá informes de colaboradores de las guerrillas que se encuentran en las investigaciones en curso, relativas a conductas relacionadas con el conflicto armado.

Semana: ¿Cómo ve usted esta nueva jurisdicción especial frente a las investigaciones contra civiles?

N.H.M.: La nueva jurisdicción tiene un gran desafío. Pienso que la responsabilidad de la justicia transicional podría haberse confiado a la jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado que no le tembló la mano cuando le correspondió juzgar a muchos de los factores de la guerra: narcotraficantes, paramilitares, parapolíticos, etcétera. A su turno, hemos invertido 25 años en consolidar el poder acusatorio del Estado en cabeza de la Fiscalía. ¿Cuánto se tardará la organización y puesta en marcha de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP? Ojalá no haya traumatismos.

Semana: ¿Son fundados los temores de los empresarios o cree que hay un pánico exagerado?

N.H.M.: Los espíritus están exacerbados por falta de información. Que quede claro: quien contribuyó voluntariamente a atizar la guerra fratricida, debe comparecer a la justicia. Pero los hombres de negocios que a lo largo de décadas fueron objeto de chantaje, extorsión o constreñimiento por parte de los actores del conflicto armado pueden dormir tranquilos.

Semana: ¿Cuáles serían las penas máximas o el tipo de condenas que habría contra las empresas o empresarios en esa jurisdicción versus las de la justicia ordinaria?

N.H.M.: A quienes reconozcan verdad y responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz se les aplicará una sanción de 5 a 8 años. A quienes no reconozcan verdad y responsabilidad se les aplicará una sanción de 15 a 20 años. Las mismas de toda la justicia transicional. El problema es en relación con los terceros que no lleguen a la jurisdicción especial, porque respecto de ellos no existe un tratamiento punitivo especial y la Fiscalía estaría obligada a buscar condenas por concierto para delinquir, financiación del terrorismo y la participación como determinadores de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuyas penas serían mucho más altas. Le he planteado al presidente esta incongruencia y está de acuerdo en que debe ser objeto de un desarrollo legislativo especial, conforme al principio constitucional de igualdad y de favorabilidad. Como están las cosas, les va mejor a los responsables de esos crímenes que van a la justicia transicional.

Semana¿En manos de quién está la carga de la prueba? ¿Los empresarios tienen que demostrar que son inocentes o el Estado que son culpables?

N.H.M.: La carga de la prueba corre a cargo del Estado. Este es un principio universal que tiene que respetarse en cualquier jurisdicción.

Semana: ¿Qué opina de una propuesta que hizo el expresidente César Gaviria de una “justicia transicional para todos”?  

N.H.M.: No la comparto en lo absoluto. De acuerdo con el modelo de justicia transicional que se acordó, ello llevaría a cercenar mucho más las competencias de la jurisdicción ordinaria. En un Estado de derecho, lo que debemos hacer es consolidar cada vez más la labor de fiscales y jueces.

Semana: ¿Cómo cree que debe ser la reglamentación de este tribunal?

N.H.M.: Los acuerdos establecen que la reglamentación del tribunal especial les corresponde a los magistrados de cada sala. Esto rompe el principio democrático de la reserva de la ley, en materia de procedimiento. El principio de legalidad es una conquista de la humanidad. Su reglamentación debería corresponder al legislador.

Semana: ¿Qué perfil deberían tener los magistrados de este tribunal?

N.H.M.: Deben ser personas imparciales e independientes. Altamente calificados, expertos en distintas áreas del derecho y sin sesgos ideológicos.

Semana¿Usted se siente optimista frente al papel de la justicia en el posconflicto?

N.H.M.: La paz en el posconflicto dependerá de la eficacia de la justicia ordinaria. Ella tiene un compromiso enorme para combatir las restantes formas de criminalidad organizada. Si no se doblegan con toda la determinación y con toda la decisión, la paz será flor de un día en el territorio.

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