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| 11/20/2014 12:00:00 AM

El fiscal y el uribismo exigen cese al fuego a las FARC

El Centro Democrático y Eduardo Montealegre exigen a la guerrilla un gesto de fondo.

Fue una cita amable y respetuosa. A pesar de las concepciones ideológicas tan distintas, hubo consensos en puntos de enorme trascendencia para el país. Por ejemplo, en una vehemente exigencia a la guerrilla de las FARC para que, unilateralmente, decrete un cese del fuego.

Esta es una de las conclusiones más importantes de la reunión de más de cuatro horas entre el senador Álvaro Uribe Vélez; su bancada, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

La cita era para debatir sobre el proyecto de ley que la Fiscalía General de la Nación presentó al Congreso, el cual propone segunda instancia para los congresistas, participación política y justicia transicional para los miembros de las FARC, en caso de que se logre un acuerdo de paz.

En primer lugar, el fiscal Montealegre agradeció al expresidente y a la bancada del Centro Democrático. Según su declaración, el eje de la discusión se generó con base a dos grandes temas. El primero, frente a los proyectos de ley estatutaria presentados por la Fiscalía, en los cuales hay acuerdos muy importantes con la bancada.

“El Centro Democrático apoya la doble instancia para aforados constitucionales, avanzar hacia un sistema acusatorio para miembros del Congreso de la República, que exista un tribunal de garantías constitucionales en el proceso penal y reforzar la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública”, dijo Montealegre.

Sin embargo, advirtió que existen unas discrepancias respetuosas en el tema de justicia transicional y el proceso de paz, pero no quiso ahondar en el asunto. No obstante, dijo que se llegó a un punto de coincidencia sobre “plantearles a las FARC un cese unilateral al fuego con la condición de que puedan permanecer en un sitio especial del país bajo protección de la fuerza pública”.

Por su parte, el senador Uribe Vélez dijo que el Centro Democrático apoya las propuestas del fiscal general como la doble instancia judicial para los casos en los cuales no existe.

También dijo que apoya el Tribunal de Garantías, que se entiende como un paso intermedio entre la acusación al imputado y la iniciación del juicio. “En ambos proyectos pedimos para los integrantes de las Fuerzas Armadas que haya retroactividad en la doble instancia e intervención retroactiva y obligatoria del Tribunal de Garantías”, explicó.

Sobre las discrepancias, dijo que “la ausencia de cárcel y la elegibilidad política a los cabecillas terroristas estimula el crecimiento de la violencia, niega a los colombianos la paz real y permite que los agresores de la democracia sean los representantes políticos de la sociedad con todo el riesgo que ello implica para las libertades”.

Uno de los puntos polémicos se dio cuando se refirió a los señalamientos del fiscal sobre el secuestro del general Alzate y sus acompañantes. En su oportunidad, Montealegre calificó la acción de las FARC como una retención indebida, lo que causó polémica.

Sobre esto, Uribe manifestó que: “Considerar al secuestro retención es premiar al secuestrador y desconocer la magnitud del dolor de víctimas de este execrable delito. Se recuerda que entre 1998 y l 2003 la terrorista FARC fue responsable de 14.674 secuestros. Durante los dos años de diálogo ha acumulado 59 secuestros de civiles”.

Como conclusión, el senador le expresó al fiscal la preocupación de su bancada por un cese bilateral con el grupo terrorista FARC. “Ello implicaría suspender la acción de la fuerza pública en procura de la seguridad de los ciudadanos y en consecuencia se tipificaría un estado de cosa inconstitucional”, dijo.

Además, reiteró la necesidad del cese unilateral de actividad criminal por parte de las FARC, “con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio bajo la protección de las fuerzas institucionales”, concluyó.

Finalmente, tanto Uribe como Montealegre agradecieron por el espacio de diálogo. La cita fue solicitada por el fiscal, con el fin de discutir los proyectos de ley que presentaron al Congreso.
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