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| 12/23/2016 3:55:00 PM

El carrusel de fiscales

En solo cuatro meses, los directores de seccionales de la Fiscalía en Medellín y Sincelejo tuvieron que dejar sus cargos. Los escándalos por corrupción y venta de información clasificada no cesan.

El miércoles 21 de diciembre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a un fiscal y a otros dos funcionarios públicos en el municipio de Cáceres (Antioquia) por ofrecerles la libertad a sus sindicados a cambio de favores sexuales. No solo el fiscal abusó de un menor de edad implicado en un delito, sino que además sus colaboradores le ofrecieron dinero a la madre del joven para que desistiera de las acusaciones por acceso carnal.

Como si fuera poco, hace unas semanas, fue necesario un operativo conjunto para capturar a dos agentes del CTI de la seccional Medellín de la Fiscalía y a otras 12 personas. Al parecer los funcionarios usaron su acceso a información privilegiada para entregársela a la temida Oficina de Envigado. Habrían atentado, además, contra un testigo protegido en la investigación contra esa banda criminal que tiene azotada a Antioquia.

Los problemas en el departamento vienen avanzando. En septiembre renunció el director seccional de la entidad, Germán Darío Giraldo, por la lentitud en las investigaciones sobre Pedro Pistolas, a quien algunos señalan de ser un escurridizo capo de Medellín que lidera las amenazas contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez.

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La seccional se colmó de denuncias pues, aunque se le había ordenado seguirle la pista al delincuente, la entidad no presentaba resultados. Parte de las suspicacias giraron en torno a la relación de Giraldo con el centro de la ciudad, porque antes de ser fiscal fue gerente de Sanandresito.

Lo más grave es que los escándalos no se han limitado a Antioquia. En los últimos meses, veedores, medios de comunicación y hasta funcionarios han denunciado manzanas podridas en la seccional en Sincelejo. El tema se volvió tan complicado que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, debió viajar hace dos semanas a Sucre para “recuperar el tono moral en el departamento”.

Enmarcados en la Operación Bolsillos de Cristal, el fiscal general y el director nacional anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, prometieron priorizar las investigaciones para ponerles freno a los atentados contra la transparencia pública.

Esto pues, pese a los traslados y al aseguramiento de algunos fiscales, los sincelejanos sostienen que la seccional aún requiere cambios. La ciudadanía reclama resultados en las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios que llevan años dormidas. La Fiscalía priorizó 12 investigaciones del cúmulo de denuncias de la audiencia anticorrupción y espera anunciar los primeros resultados en marzo.

Por lo pronto, el fiscal trasladó a la directora seccional, Carmenza Bustos Porto, a la sede del Magdalena Medio y a la subdirectora, Faride Sáenz Sierra, al Quindío. Por su lado, la fiscal de Infancia y Adolescencia, Yeine Lin Hernández, fue separada temporalmente del cargo por tener medida de aseguramiento. El motivo es que contra ella hay una investigación en curso por concusión agravada, derivada de las denuncias que la entonces directora Bustos hizo contra varios funcionarios en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal.

Una de esas venía con un audio, donde el exalcalde Manuel Cadrazco, de San Benito, le decía a la fiscal Yeine que le estaban exigiendo 60 millones de pesos para no imputarle cargos. Cadrazco le aseguró que prefería ir preso que pagar, porque, a su parecer, las investigaciones no tenían fundamento. Y aunque la nueva directora de la seccional pidió rotar el personal el 1 de diciembre, todavía se esperan más respuestas.

En uno de esos casos, la fiscal Luzmila Santis acusó al fiscal cuarto especializado de Sincelejo, Tomás Mier Sotelo, de haber pedido a nombre suyo 25 millones de pesos a un contratista. Supuestamente este debía pagar para que la Fiscalía solicitara una orden de captura contra un rival suyo. A pesar de que fue hace un año, aún no se conocen avances.

Solo en el último año las autoridades han capturado a una decena de fiscales y otra de jueces, sin contar los agentes de inteligencia imputados por vender información confidencial o permitir que los delincuentes se infiltren en las investigaciones. Semana.com intentó comunicarse con la Fiscalía durante varias semanas, pero no pudo obtener respuesta o información sobre nuevas capturas. Ahora bien, es posible que los operativos se repitan en otros departamentos donde la corrupción judicial también parece estar a la orden del día.

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