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| 2/28/2017 9:11:00 PM

La constructora Camargo-Correa, al paredón de los investigados

La Fiscalía hizo inspección judicial a las oficinas de EPM y avanza en indagaciones por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras de Hidroituango. La denuncia la puso alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La bomba por los sobornos de la constructora brasileña Camargo Correa ya estalló en Brasil y Perú. El anuncio de 40 de los principales directivos y socios de negociar con el Ministerio Público terminó de mover el piso político, ya sacudido por el impacto de Odebrecht, con la vinculación de más de 200 personas del Ejecutivo y el Legislativo de ambos países.

Este nuevo episodio de corrupción se acaba de extender a Colombia con la apertura de una investigación preliminar contra las obras de la constructora brasileña en el país. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que hace dos semanas comenzaron las primeras pesquisas por los contratos de Camargo Correa. La lupa está puesta en la adjudicación de las obras para la hidroeléctrica de Ituango.

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El fiscal general reveló que un grupo de la unidad anticorrupción de la Fiscalía se trasladó a Medellín a recopilar información por la denuncia que fue puesta por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Que se investigue hasta el fondo. A EPM se le pidió un informe del tema. Si se comprueba alguna relación, le tiene que ir muy mal”, indicó Gutiérrez en su momento. Precisamente dentro de las operaciones realizadas, la Fiscalía realizó una inspección judicial a las oficinas de las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

A través de un comunicado, EPM manifestó que las actuaciones de la entidad se rigen por la cero tolerancia al fraude, la corrupción o el soborno y que están prestos a colaborar con las autoridades en cuanto sean requeridos.

Desde la apertura de la licitación en el 2011, diferentes sectores políticos de Medellín denunciaron supuestos favorecimientos de la Empresas Públicas de Medellín (EPM) al Consorcio CCC Ituango, conformado por la brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.

Al comienzo del proceso 21 empresas mostraron interés, sin embargo, solo siete entraron en la puja. Gigantes de la construcción en España, como Dragados, Sacyr y Ferrovial se abstuvieron porque alertaron que la licitación era excluyente.

Dentro de los requisitos, por ejemplo, EPM estableció que los proponentes debían tener un crédito y demostrar la forma como iban a financiar la obra, lo que dejó a muchas empresas de Europa y Estados Unidos por fuera. Esto debido a la dificultad para obtener avales por la crisis económica. Lo curioso es que a última hora, cuando el proceso estaba en la recta final y quedaban dos proponentes, sin mayor explicación esta condición fue eliminada.

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Para la adjudicación entraron a disputarse el contrato la Unión Temporal Aoco (conformada por Acciona, El Cóndor y Obras Subterráneas); el consorcio Pescadero Ituango (Andrade Gutiérrez de Brasil, Impregilo de Italia y Conciviles de Colombia); el Consorcio OMS Ituango (conformado por las firmas Odebrecht, Minciviles y Solarte) y CCC Ituango, liderado por Camargo Correa con una participación del 55 %.

De los dos seleccionados, OMS Ituango y CCC ituango, fue éste último el que entregó la propuesta más económica. Propusieron realizar la obra con 1.900 millones de dólares, casi 13% menos del presupuesto de referencia presentado por EPM (que fue por 2.200 millones de dólares).

Pese a que fue la propuesta más económica, las denuncias alertaron porque la estrategia estaría precisamente en presentar valores por debajo del presupuesto de EPM para ganar la licitación. Sin embargo, se estima que el costo final de las obras rondará los 5.300 millones de dólares.

La apertura de la investigación coincidió con la llegada de Martínez Neira de Brasil donde se hicieron pactos de cooperación con la justicia de ese país. Tanto en este como en otros casos de corrupción, el fiscal viene actuando con cautela porque una de las cartas más importantes, la de las delaciones, aún tiene reserva hasta el 1 de junio de este año. En esta fecha termina el acuerdo de confidencialidad que tiene el Ministerio Público de Brasil con los implicados, lo que significa que solo hasta entonces las declaraciones serán liberadas para la justicia. 

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