Fiscalía acusa de indolente a excontralora Morelli

De amañado, grosero y hasta indolente calificó la Fiscalía el actuar de la excontralora Sandra Morelli en la celebración del millonario contrato de alquiler del edificio donde hoy opera el organismo de control fiscal. Es el mismo contrato que hoy tiene a la exfuncionaria a merced de la Corte Suprema de Justicia.

Tras el inicio de la audiencia de acusación contra Morelli, el fiscal de la causa sustentó la formulación del cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y está a la espera de explicar por qué también considera que Morelli incurrió en peculado por apropiación en favor de terceros.

Una cláusula que permitía la prolongación del contrato por diez años constituiría una evidencia de que la actitud de Morelli estaba mediada por el interés de favorecer irregularmente al contratista, según lo expresado en la diligencia de este lunes.

Además, las condiciones en las que se pactó la celebración del convenio para el alquiler de la sede donde hoy funciona la Contraloría, en Gran Estación II, habrían originado que se pagaran los dos primeros meses de arriendo sin que las oficinas contaran con condiciones para ser utilizadas, según lo explicó el fiscal Carlos Iván Mejía.

El representante del ente acusador les explicó a los magistrados de la Corte Suprema cómo, según él, el contrato de alquiler se empezó a ejecutar en momentos en que las oficinas estaban siendo sometidas a un proceso de readecuación.

“(...) Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera acceder a una nueva sede con total indolencia para los recursos públicos", indicó el jefe de la investigación.

Además, cuestionó que la exservidora no haya definido integralmente los estudios previos a la relación de estudios de mercado, acontecimientos que, en suma, habrían constituido un detrimento patrimonial de más de 12.000 millones de pesos.

Este martes continuará la audiencia, en la que se espera que a Morelli se le formule el cargo de peculado, que se habría traducido además en un detrimento adicional de cerca de cerca de 5.000 millones por la venta de las instalaciones de la sede de la Contraloría en el centro de Bogotá.