Sandra Morelli da la cara a los magistrados de la Corte Suprema

Un nuevo capítulo de la disputa que mantiene enfrentados al fiscal Eduardo Montealegre y a la excontralora Sandra Morelli se empezará a escribir en la mañana de este lunes, cuando se formule la acusación contra la exfuncionaria por peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En la diligencia, que tiene lugar en la sala de audiencias de la Corte Suprema, el organismo acusador explicará por qué, a su juicio, las actuaciones de Morelli dieron lugar a un detrimento patrimonial estatal que supera los 12.000 millones de pesos.

Los hechos en los que se basa la acusación están relacionados con los contratos de arrendamiento celebrados durante la administración de la exfuncionaria, para el funcionamiento de la sede principal de la Contraloría en el centro comercial Gran Estación II, en el occidente de Bogotá.

Para los investigadores a cargo de este proceso, la venta de las antiguas instalaciones en el centro de la capital habían generado un detrimento patrimonial de 5.000 millones de pesos, lo que eleva las sospechas de la Fiscalía en torno a la probable responsabilidad de la exservidora en una actuación delictual que afectaría el erario.

Sandra Morelli, quien viajó a Italia, pocos días después de conocerse la intención del organismo acusador de imputarle cargos por estos hechos, retornó al país el pasado 30 de julio, anunciando su intención de hacerles frente a estas acusaciones desde territorio colombiano, en un hecho hasta ese entonces sorpresivo.

Aunque para el ente investigador son claros la ilegalidad y el matiz delictivo de estas actuaciones contractuales, otras autoridades judiciales, como el Consejo de Estado, se han opuesto a esa tesis, ponderando la buena fe e incluso la eficiencia con la que se celebraron esos contratos.

Así lo menciona un fallo de tutela que fue proyectado por el hoy exmagistrado de la Sección Primera Marco Antonio Velilla, en el cual se descarta cualquier incumplimiento a las normas de contratación estatal.

Esta disparidad en la percepción de dos autoridades del poder judicial, sumada a la disputa que han mantenido el fiscal Montealegre y la excontralora, le dan un tinte especial al proceso, si bien jurídico, con una muy importante presencia en los medios de comunicación.