Martes, 21 de febrero de 2017

| 2015/12/07 07:32

La estafa que tiene en problemas a magistrados de la Corte Suprema

La Fiscalía busca acusar a un hombre que habría suplantado a por lo menos tres magistrados a de la Corte para tomar créditos millonarios a sus nombres. Las víctimas temen que los términos se venzan.

Al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia cayeron en la trampa de un avivato que utilizó sus números de identificación y sus tarjetas de crédito para suplantarlos en distintas compras. Foto: Archivo SEMANA

Al tiempo que está a punto de decidir sobre importantes asuntos como el holocausto del Palacio de Justicia, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia también trabaja en un caso de suma gravedad: algunos de sus propios integrantes, tan rigurosos en el manejo de los datos, habrían sido víctimas de personas que utilizaron esta información para suplantarlos en millonarias transacciones financieras.

Al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia cayeron en la trampa de un avivato que utilizó sus números de identificación y sus tarjetas de crédito para suplantarlos en distintas compras que no disfrutaron pero que, a hoy, estarían obligados a pagar. Lo grave para las víctimas es que no está lejos el vencimiento de los términos del caso, lo que permitiría que el supuesto responsable de semejante estafa saliera de la cárcel.

El 16 de octubre del 2014 uno de los magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió una llamada de una entidad bancaria, en la cual se le informó de la compra de una camioneta Chevrolet Tracker 2015, a nombre suyo.

La adquisición del automóvil de último modelo había sido producto un préstamo por parte de la misma entidad financiera. Fue así como el incrédulo magistrado supo que había sido suplantado, entre otras cosas, porque el emisario del banco así se lo hizo saber. Desde entonces se convirtió en deudor un crédito por más de 49 millones de pesos.

Indignado por haber caído en ese tipo de fraude, cuando su trabajo es precisamente investigar delitos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Las investigaciones del CTI, por fortuna para él, dieron frutos. Menos de seis meses después de los hechos fue detenido un hombre que parecía ser el responsable de este y otros casos de fraude en los que resultaron víctimas otros compañeros de tribunal.

El 27 de mayo del 2015 fue capturado en el barrio Muzú –en el sur de Bogotá– el hombre a quien se le imputan las suplantaciones. Se trata de Francisco Javier Rojas, el probable responsable de la falsificación de documentos de la Corte Suprema de Justicia. Al sujeto se le imputaron cargos por falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. Además, se le impuso medida de aseguramiento.

La semana que acaba de terminar, la Fiscalía buscaba formular la acusación por esos mismos tres delitos en contra de Rojas. Sin embargo, el juez se vio obligado a aplazar la audiencia debido a que el apoderado de la entidad bancaria que autorizó el desembolso de uno de los créditos no logró acreditar su calidad de representante de esa firma.

La nueva audiencia fue fijada para el 9 de febrero del 2016 y las víctimas temen que el imputado recupere su libertad antes de que pueda ser juzgado. Ese presentimiento no es infundado, pues lo términos vencen en mayo y, teniendo en cuenta el intervalo de varios meses entre audiencia y audiencia, los magistrados y su defensor están muy preocupados frente a la posibilidad de que se cumpla esa eventualidad.

Pero el drama no para ahí. Los reportes en las centrales de riesgo y los cobros de las entidades bancarias son la otra parte del traumático episodio. Parece un mal chiste, pero no lo es. Por lo menos uno de ellos se encuentra reportado por las centrales de riesgo financiero, con una calificación negativa, como supuesto deudor del oneroso préstamo.

No entiende por qué empleados del banco lo llaman para pedirle que cancele las cuotas de la deuda, cuando fue esa misma entidad la que le informó que había sido víctima de suplantación. A parte de todo, la deuda de 49 millones de pesos, más intereses, ya está en 53 millones. Eso sin mencionar las graves limitaciones que en la actualidad tiene para adelantar operaciones de crédito.

Mientras avanza el proceso contra Rojas, los afectados y su abogado claman porque sus compañeros de delitos también caigan. Para ellos, es muy difícil que este hombre hubiera podido suplantar a quienes son la mano derecha de los magistrados titulares, sin la ayuda de algún funcionario de la Corte Suprema.
 

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