Fiscalía advierte presunta "corrupción policial" en caso del grafitero

En la madrugada de este jueves una juez de Bogotá profirió medida de aseguramiento contra de los tres policías, el abogado y el conductor de servicio público a quienes la Fiscalía sindica de varios delitos relacionados en el marco de la investigación que se adelanta por esclarecer la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

La decisión cobijó al subteniente Rosemberg Madrid Orozco, al subintendente Juan Carlos Leal Barrero y al patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo quienes, de acuerdo con el ente acusador, estuvieron inmersos en presuntas irregularidades en el manejo de la escena en la que fue herido Becerra, hechos ocurridos en la noche del 19 de agosto del año pasado.

Ante el estrado, el fiscal 295 Anticorrupción que adelanta la investigación sostuvo que la actuación de los implicados podría ser un caso de presunta "corrupción policial y judicial" y luego recordó que en el sitio no hubo cruce de disparos, que el arma que presuntamente llevaba Becerra no era apta para disparar y que la prueba que practicaron por forenses de balística determinó que el joven no había disparado algún arma.

La medida también se hizo extensiva al abogado Héctor Hernando Ruiz Echevarría y al conductor Jorge Eliécer Narváez Narváez a quienes, al igual que los policías antes mencionados, les imputaron cargos por ser los presuntos responsables de los delitos de fraude procesal, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público, alteración, destrucción y supresión de material probatorio y porte ilegal de armas de fuego.

Es de recordar que durante la sesión del miércoles de la audiencia, ninguno de los implicados aceptó los cargos que les imputaron.

Los policías serán remitidos a la cárcel La Picota mientras que el abogado y el conductor a la Modelo. Sin embargo, el múltiple traslado solo se hará efectivo tras el termino de la diligencia judicial que continua esta mañana con la apelación de los defensores de los implicados.

Durante su argumentación la juez sostuvo que los imputados constituyen peligro para la sociedad, pues si permanecen en libertad podrían seguir obstruyendo la justicia y el curso normal del proceso.