Jueves, 18 de diciembre de 2014

| 2013/05/18 08:00

Fiscalía alista decisiones en caso InterBolsa

Tras seis meses, la entidad les imputará cargos a las primeras ocho personas.

RODRIGO JARAMILLO CORREA, presidente del Grupo InterBolsa. En el grupo no se movía una hoja sin su autorización. La Fiscalía le imputará cargos por manipulación de acciones; administración desleal; abuso de confianza y concierto para delinquir.

Cada vez que los investigadores de la Fiscalía abren una puerta en el proceso que adelantan por el caso InterBolsa, se encuentran con una nueva sorpresa. Desde hace casi seis meses un fiscal encargado del caso, apoyado por cinco fiscales más y siete investigadores, espulga miles de documentos, correos electrónicos y operaciones bursátiles y escucha decenas de grabaciones y testimonios de implicados y víctimas para recoger pruebas que permitan encontrar a los culpables de esta debacle financiera, la mayor en la historia reciente del país.

Pues bien, mientras la gente en la calle pide que caigan las cabezas de los responsables, la Fiscalía General muestra los primeros resultados. Esta semana, el fiscal a cargo del caso solicitará audiencia para formular imputación de cargos a las primeras ocho personas implicadas en este escándalo. 

Se trata de cuatro directivos de InterBolsa: Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo; Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista y los señores Javier Villadiego y Juan Camilo Arango, integrantes del Comité de Riesgos de la misma. También serán llamados a audiencia para imputarles cargos el inversionista italiano Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo Palacios, su cuñada, la inversionista María Eugenia Jaramillo y Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment S.A.S., una sociedad ligada al italiano.

Los delitos que se les imputarán son manipulación de acciones, administración desleal, abuso de confianza y concierto para delinquir (ver recuadro). 

El grupo de fiscales está seguro de que ha logrado recolectar los elementos probatorios suficientes y sólidos para concluir que estos primeros imputados incurrieron en los citados hechos punibles. En el caso de los cuatro directivos de InterBolsa se les responsabilizará de los cuatro delitos, y a los cuatro restantes se les excluyó de la conducta punible la administración desleal.

Se da por descontado que en la audiencia la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para estas personas. Sin embargo, cabe señalar que la decisión final de si van o no a la cárcel recae en la competencia del juez cuando se llegue a esa etapa del juicio.

En todo caso, los delitos  tienen prisión. Por ejemplo, en la manipulación de acciones la pena va de 32 a 108 meses de cárcel, pero con los agravantes –como se estima en este caso–, puede subir 17 meses adicionales, es decir que si se hallan culpables podrían pasar más de cuatro años tras las rejas. El delito de abuso de confianza da prisión entre 16 y 72 meses; el concierto para delinquir entre 48 y 108 meses y la administración desleal entre cuatro y ocho años. Cabe anotar que en caso de que haya concurso de delitos el juez escogerá el más grave.

La punta del iceberg

Para adelantar este proceso, que ha sido muy complejo por la naturaleza misma del negocio bursátil y financiero y por las conexiones internacionales que se le añadieron al caso con el Fondo Premium, el fiscal a cargo decidió dividir por capítulos la investigación.

El primero se ha concentrado en el episodio de los ‘repos’ de Fabricato, considerado el talón de Aquiles por donde cayó el grupo financiero InterBolsa. En un segundo capítulo está la investigación sobre el tema de administración desleal en donde hay varias casos, entre ellos el préstamo que concedió el BBVA a la firma comisionista en los últimos días antes de ser intervenida. Otro gran capítulo está siendo dedicado al episodio del Fondo Premium, la estructura financiera de inversión creada en Curazao (Antillas Holandesas). 

Aparte también están los temas relacionados con la Bolsa Mercantil (BMC); con la participación de ING en el Grupo InterBolsa; con los bonos de Luxemburgo; la operación con la Clínica Candelaria y con el caso del empresario huilense Alfonso Manrique Van Damme, quien se ha declarado víctima e interpuso una denuncia contra Alessandro Corridori por la supuesta falsificación de su firma y la de una de las gerentes de sus empresas con las que, presuntamente, realizaron operaciones repos de Fabricato no autorizadas.

Por ello se entiende que la imputación de cargos a este primer grupo de ocho personas es apenas la punta del iceberg de esta investigación. La idea de la Fiscalía es avanzar capítulo por capítulo y en esta medida irá vinculando, de acuerdo con los elementos probatorios, a los diferentes implicados. 

En lo que va corrido de este año, la Fiscalía ha interrogado –sin vincularlos por ahora al caso– a varios directivos del Grupo InterBolsa entre ellos a Tomás Jaramillo Botero, gestor del Fondo Premium; a José Rafael Saravia Pinilla, miembro de la junta directiva; y al vicepresidente financiero del Grupo, Jorge Arabia Wartenberg. 

También han entrevistado 140 personas víctimas del Fondo Premium y más de una treintena de corredores de bolsa. Estos últimos son una parte clave de la investigación pues a través de sus actuaciones se habrían configurado los delitos de abuso de confianza y operaciones no autorizadas. La Fiscalía investiga si los comisionistas de la firma InterBolsa actuaron bajo las órdenes de los altos directivos y con su consentimiento. 

En este caso, se sabe que la Fiscalía está abierta a ofrecer el principio de oportunidad, siempre y cuando las personas aporten información clave para la investigación. Hay indicios de que algunos corredores han expresado su voluntad de colaborar con la Justicia.

Mucha tela por cortar

Ahora bien, una fuente muy importante de las investigaciones de la Fiscalía proviene de la Superintendencia Financiera que ha adelantado 22 actuaciones administrativas, muchas de las cuales han terminado con pliego de cargos y algunas han sido trasladadas a la Fiscalía General para que determine su alcance penal.

Uno de los asuntos más gruesos tiene que ver con la captación ilegal de dinero del público. La Superintendencia Financiera le trasladó a la Fiscalía esta investigación, pues encontró serios indicios de que a través de varias empresas vinculadas con el Fondo Premium se habría captado dinero ilegalmente. 

Ello comprometería a Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado y a las empresas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero, a través de las cuales entraban al país los recursos del sonado Fondo. También hay serias sospechas de operaciones no autorizadas en una tercera empresa: la Compañía Colombiana de Capitales (Kapital S.A.) creada por los dos primeros. Pero en todos estos casos será el juez quien tenga la última palabra. 

Lo que se ha detectado es que algunos de los recursos que la firma comisionista InterBolsa –que actuaba como corresponsal de Premium– conseguía entre sus clientes en Colombia, no salían del país a pesar de que ofrecía invertirlos en un portafolio en el exterior. Algunas platas se direccionaban a dichas compañías y estas, a su vez, la prestaban a otras empresas y/o personas vinculadas con InterBolsa. 

Los indicios que hay apuntan a que esta posible captación masiva y habitual se habría configurado entre 2009 y 2010. La hipótesis que manejan los investigadores es que las personas iban cambiando la manera de hacer los negocios, moviéndose entre sociedades tal vez con la intención de dificultar la identificación de estas conductas por parte de las autoridades de control.

Frente a esta investigación por captación, hay que señalar que hace una semana la Superintendencia de Sociedades sometió a control y vigilancia a tres sociedades del empresario Víctor Maldonado, accionista del Grupo InterBolsa. Se trata de las compañías Malta, Las Tres Palmas y Helados Modernos de Colombia. En toda la película de la quiebra de InterBolsa estas firmas aparecen vinculada en los distintos capítulos, entre ellos el relacionado con el Fondo Premium. La Superintendencia de Sociedades encontró la existencia de una subcuenta denominada ‘Caja Interbolsa’. 

Dichos registros correspondían a cuentas corrientes abiertas en 2007 a través de las cuales se realizaron operaciones de compra y venta de acciones, pagos de comisiones, pagos de IVA, se recibieron préstamos de terceros y se giraron recursos a terceros. Sin embargo, todas estas operaciones realizadas a nombre de las sociedades no se encontraban registradas en las respectivas cuentas contables. Tras la medida de la Superintendencia, estas firmas no podrán disponer de recursos ni hacer movimiento alguno sin autorización.

El tema de captación ilegal será un capítulo que tendrá que investigar la Fiscalía, a pesar de que las pruebas que recolectó al Superintendencia Financiera son, según los investigadores, bastante contundentes. La información que se ha dado sobre lavado de activos es un asunto sobre el cual hay que ahondar mucho más. Aunque en Colombia esta práctica se asocia con las operaciones del narcotráfico, según la Superintendencia Financiera usar el sistema financiero para ocultar dinero de, por ejemplo, la captación ilegal, ya configuraría lavado de activos. Pero este es un tema que le compete a la Fiscalía.

Lo cierto es que resolver judicialmente el caso de InterBolsa y su caída tomará un tiempo largo. Se estima que tardará no menos de tres años pues cada uno de los capítulos en que se ha dividido la investigación es una auténtica caja de Pandora, empezando por el Fondo Premium, que todavía no se ha terminado de desenredar. Lo cierto es que estos primeros llamados a imputación de cargos son el primer avance de la Justicia. Y se vienen pasos de animal grande. 

Los elementos probatorios

Esta semana se solicitará audiencia para la imputación de cargos. Una vez sean fijadas las fechas en dichas audiencias se pedirá medida de aseguramiento, sin embargo, es el juez quien tiene la última palabra.


En esta primera etapa del proceso, la Fiscalía se ha concentrado en el episodio por donde estalló el escándalo de InterBolsa: los ‘repos’ de Fabricato. La Fiscalía tiene elementos probatorios para señalar que hubo manipulación en la acción de Fabricato y que ello se hizo con la intención de hacer subir artificialmente el precio de la acción para conseguir más liquidez, esperanzados en que finalmente lograrían vender la textilera y hacer una importante ganancia.

En 2012, la acción de Fabricato llegó a cotizarse cerca a los 90 pesos, un crecimiento que llamó la atención de los expertos del mercado que no veían razones objetivas para ese aumento. La textilera llegó a valer 820.000 millones, de los cuales el 34 por ciento estaba en las famosas operaciones ‘repos’ , es decir unos 300.000 millones de pesos. Como se sabe, muchos inversionistas no querían negociar con ese título porque temían que el precio estuviera inflado. Hasta hacía poco más de un año se cotizaba a 30 pesos, y un crecimiento de esa magnitud no reflejaba la realidad de una empresa que estaba en dificultades económicas. 

Además de la manipulación de acciones, la Fiscalía tiene pruebas de que también se configuró el delito de abuso de confianza, pues varios clientes han relatado cómo algunos comisionistas tomaron sus dineros sin autorización y los invirtieron en ‘repos’  de Fabricato.

Para responder por los cargos anteriores, la Fiscalía llamará a los cuatro directivos de InterBolsa. Álvaro Tirado Quintero, como presidente de la comisionista, responsable de toda la operación de la firma y Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo InterBolsa, de quien se dice no se movía una hoja en esta organización sin su consentimiento. 

También a Javier Villadiego y Juan Camilo Arango quienes hacían parte del Comité de Riesgo de la firma. Al primero se supone que le pasaban todas las auditorías y el segundo daba visto bueno a las operaciones. Aunque en este grupo de riesgo trabajan muchas más personas, por ahora la Fiscalía solo se llamará a estos dos.

Pero en el caso de los ‘repos’ de Fabricato hay otros cuatro protagonistas que serán imputados por la Fiscalía. Se trata del inversionista Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo Palacios –quien trabajó en InterBolsa– y su cuñada María Eugenia a su vez inversionista; también Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment, una sociedad inversora ligada al italiano.

Como se ha informado, hace unos tres años Corridori puso sus ojos en la textilera paisa, pues no tenía dueño controlante, lo que posibilitaba tomar posiciones y hacerse a un paquete importante de acciones. Corridori fue precisamente quien llevó el negocio de Fabricato a InterBolsa, y con plata de los clientes de la comisionista fue comprando poco a poco a la textilera. Llegó incluso a convertirse en su mayor accionista. 

Lo que se habría detectado es que las acciones de Fabricato se compraban a título de otras personas naturales o de diferentes inversionistas. Personas que siguieron de cerca este negocio llamaron la atención sobre cómo la propiedad de la textilera fue cambiando de manos y sobre cómo había conexiones entre las personas que compraron paulatinamente acciones de la compañía, tal vez obviando el paso de la oferta pública (OPA) para hacerse a ella. Precisamente entre los compradores durante este episodio figuran empresas del italiano Corridori, como P&P Investment.

La Fiscalía también encontró elementos que permiten probar que hubo administración desleal en el caso del crédito ‘intradía’ que solicitó en los últimos días InterBolsa al BBVA por 17.000 millones de pesos, de un cupo que tenía por 20.000 millones, cuando ya la agonía de la firma era evidente.

Los indicios señalan que InterBolsa utilizaría el dinero para cubrir faltantes y demostrar liquidez. Sobre esta operación, el presidente del BBVA, Óscar Cabrera, denunció que la comisionista incurrió en dolo por la forma como utilizó el crédito que le otorgó el banco español.

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