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| 7/30/2014 12:00:00 AM

Los tres militares que deberán hablar sobre el hacker

Los miembros de la inteligencia del Ejército deberán aclarar cuáles fueron sus posibles relaciones con Andrés Sepúlveda

El hacker Andrés Sepúlveda conoce perfectamente quiénes fueron los miembros de inteligencia militar que violaron la ley al venderle información clasificada. El CTI de la Fiscalía es consciente de ello y quiere llegar al fondo de la situación a como dé lugar. 

El pasado 19 de junio citó a tres policías, entre ellos el general Luis Eduardo Martínez, director Administrativo y Financiero, para que hablaran sobre sus presuntas relaciones con el hacker. Ahora, el organismo citó a entrevista a tres militares que trabajan en inteligencia del Ejército. 

Se trata del general Mauricio Enrique Forero Cuervo, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Comando Central del Ejército; el coronel Hernando Chávez Muñoz, quien se encuentra en comisión de estudios en Estados Unidos, y el coronel Wálter Germán Camargo Ramirez, orgánico de la Central de Inteligencia del Ejército. 

Las reuniones con el general Forero y el coronel Camargo se realizará este viernes a las 9:00 a. m. y a las 2:00 p. m. respectivamente, mientras que al coronel Chávez le enviarán la citación al país norteamericano. 

La intención es indagar sobre las posibles relaciones de Andrés Sepúlveda con la Policía, la Fuerza Aérea, inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de inteligencia, entidad que reemplazó al DAS (lea quiénes son los policías que ya hablaron).

Lo que le imputa la Fiscalía

El hacker es una de las piezas claves de la Fiscalía para vislumbrar con quién se contactaba él para acceder a la información protegida por la ley. Pero contra Sepúlveda existen cargos que podrían representarle hasta 40 años de cárcel. 

Interceptar ilegalmente los diálogos que se desarrollan en Cuba entre las FARC y el Gobierno es uno de los principales cargos que la Fiscalía le endilga al hacker.

Según la fiscal 56 delegada ante el CTI, el hacker se concertó con otras personas, entre ellas el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán y el español Rafael Revert, para penetrar ilegalmente diferentes bases de datos como la de la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA). 
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