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Una noche de septiembre de 1994 un grupo de hombres armados irrumpió en varias viviendas de campesinos en Garagoa (Boyacá), donde violentaron a la menor. | Foto: Pixabay

CASO

Fiscalía condenada por error judicial en caso de violación a niña

Por decisión del Consejo de Estado, tendrá que indemnizar a un hombre a quien acusó injustamente de los hechos y reabrir la investigación por lo ocurrido hace 22 años.

13 de julio de 2016

La débil actuación de la Fiscalía para investigar la violación de una niña hace 22 años no sólo le costará a la entidad una condena de 320 millones de pesos, sino que por decisión del Consejo de Estado, la Fiscalía ha sido llamada a reabrir la investigación e impartir justicia.

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Dado que la entidad mantuvo encarcelado a un exagente del DAS a quien no pudo probarle haber sido responsable de los hechos, la Sección Tercera del alto tribunal ordenó indemnizar a este hombre y a su familiares y le hizo un llamado al ente acusador para que no deje el caso impune.

¿Cómo es la terrible historia? Una noche de septiembre de 1994 un grupo de hombres armados irrumpió en varias viviendas de campesinos en Garagoa (Boyacá), donde hurtó los pocos enseres que conservaban las humildes familias.

Con amenazas y agresiones sometieron por completo a los moradores de las casas, al punto de violar a una niña. Relatos de las víctimas señalan que el cinismo de los atacantes fue tal, que obligaban a las mujeres a servirles alimentos mientras consumían bebidas alcohólicas y se burlaban de sus víctimas.

A los pocos días de la horrible noche la Fiscalía empezó a valorar los testimonios de estas personas y concluyó que uno de los agentes del DAS que adelantaba labores de control por esos días en esa zona era responsable de esos lamentables hechos.

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Tras vincular a la investigación al agente, el organismo le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y luego lo acusó de hurto calificado y acceso carnal violento.

Sin embargo, por los pocos elementos probatorios que tenía, la Fiscalía no logró demostrar que el agente fuera responsable de los hechos atroces, pues sólo contaba con unos testimonios y un dudoso reconocimiento facial del supuesto agresor. Por eso, en 1996, un juez lo absolvió de los cargos.

Desde entonces, el exdetective y su familia emprendieron una batalla jurídica contra esta autoridad penal. Exigían ser indemnizados por el tiempo en el cual este hombre estuvo privado de su libertad cuando en realidad jamás pudieron demostrarle que fuera el ‘monstruo’ que violó a la pequeña. Y ganaron la puja. Como el proceso investigativo había sido tan deficiente, no había evidencia clara y contundente que ratificara más allá de toda duda que el exagente del DAS hubiera cometido los delitos por los cuales fue encarcelado.

Pero para este tribunal no solo se trataba de una injusta de detención que hacía que el procesado y sus allegados debieran recibir una suma de dinero que resarciera el daño. Según esa corporación, era evidente que, al menos en este caso, la debilidad del trabajo de la Fiscalía daba lugar a un manto de impunidad en un caso tan lamentable como este.

Así las cosas, para el Consejo de Estado no sólo el exagente del DAS había sido víctima del organismo investigador, también la niña agredida y sus familiares. Por eso, exhortó a esa entidad a que adelante una investigación seria que pueda esclarecer lo ocurrido esa terrorífica noche en Garagoa.