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| 9/12/2015 10:00:00 PM

Fiscal bajo la lupa

La feria de contratos de la Fiscalía ha desconcertado a la opinión pública. ¿Qué está pasando con Eduardo Montealegre?

En los últimos meses el pasatiempo nacional ha sido especular quién entre el procurador y el fiscal la estaba embarrando más. En las últimas semanas va ganando el fiscal. Dos episodios de la semana pasada le dieron la medalla de oro: el escándalo de los contratos y la andanada contra sus antecesores. Esto se ha traducido en que el personaje más impopular del momento parece ser Eduardo Montealegre. En la ofensiva contra él se ha creado un ambiente de linchamiento con indudables excesos. Pero también es cierto que son tantas sus actuaciones inexplicables que han dado pie a los cuestionamientos recientes.

En medio de este tsunami antimontealegre, es difícil ponderar lo que ha sido su gestión. Al fin y al cabo el actual fiscal llegó al cargo como uno de los penalistas más respetados del país. Durante su primera etapa a la cabeza de ese organismo se le criticaba su falta de independencia respecto al gobierno. Cuando Santos estaba tratando de venderle al país un proceso de paz inesperado viniendo del heredero de la seguridad democrática, Montealegre fue percibido como su escudero en esa cruzada. Esto obedecía a que mientras la mayoría del país, con Álvaro Uribe a la cabeza, clamaba por cárcel y no participación en política para los guerrilleros, el fiscal, con argumentos jurídicos, defendía la posición contraria.

Esa posición se enfrentaba permanentemente a la del procurador, Alejandro Ordóñez, quien encarnaba la línea radical del Centro Democrático y del Partido Conservador. En el fondo se trataba de un mano a mano entre la visión puramente ideológica y moralista de Ordóñez y la liberal y pragmática de Montealegre. En otras palabras, una confrontación entre lo idílico pero utópico y lo imperfecto pero viable. El tiempo acabó dándole la razón al fiscal. Sin embargo, aunque el gobierno en muchas ocasiones compartía su posición, el hecho de que Montealegre mostrara las cartas antes de tiempo debilitaba el margen de maniobra de los negociadores en La Habana.

Lo paradójico es que a pesar de su reputación de ser un fiscal de bolsillo del gobierno, por estos días en Palacio no lo quieren mucho. Los desamores comenzaron por su incitación a los jueces a sabotear la reforma a la justicia y se agudizaron con el anuncio de que iba a demandar la ley del equilibrio de poderes, una de las niñas de los ojos del presidente Santos. Eso, combinado con su exceso de protagonismo en el proceso de paz, lo fueron dejando muy mal parado.

A esto se sumaron dos grandes metidas de pata. La primera fue el anuncio de que iba a demandar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Eso no tiene ni pies ni cabeza y para un jurista de sus quilates es desconcertante. La segunda fue irse lanza en ristre, y con pocos argumentos, contra sus antecesores en la Fiscalía. Con esto dejó la impresión de que al sentirse contra las cuerdas estaba pasando de lo racional a lo emocional.

Pero sin duda alguna lo que más daño le ha hecho es la reciente controversia sobre los contratos de la Fiscalía. A esto se refirió la columnista María Jimena Duzán como una nómina paralela que podría sumar 10.000 millones de pesos.

El caso más emblemático es el de la periodista Natalia Springer.

En septiembre de 2013 su empresa Springer Von Schwarzenberg Colsulting Services S. A. S., fue contratada por 895 millones de pesos para asesorar al fiscal general de la Nación en el procesamiento de datos de crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. Para esto, los fiscales de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, Unac, de la Fiscalía, se vieron obligados a entregarle los expedientes que tenían a cargo sobre las FARC, la mayoría de ellos bajo reserva de sumario.

En diciembre de ese año, Springer presentó un primer informe sobre los secuestros cometidos por las FARC que fue considerado decepcionante. Palabras más, palabras menos, citaba múltiples datos sin mucho rigor y llegaba a conclusiones simplistas y algo arbitrarias. La Unidad Nacional de Análisis y Contextos, encargada de supervisar el contrato, concluyó que no “cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato”.

A pesar de esa evaluación, la Fiscalía no solo autorizó el primer pago del desembolso sino que le otorgó un nuevo contrato en 2015 por 3.085.600 millones para hacer un trabajo similar con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ELN y las bacrim. Esto llevó a la renuncia del entonces director de esa unidad Alejandro Ramelli, prestigioso jurista hoy candidato a la Corte Constitucional. Al respecto, el fiscal Montealegre explica lo sucedido como un enfrentamiento de egos y da una extensa explicación en las respuestas que envió por escrito a esta revista y que se pueden leer en Semana.com en el artículo ‘El fiscal responde’.

Dado que la firma consultora de la Springer no llenaba los requisitos para recibir semejante monto, pues había sido creada dos años antes, se asumió que su experiencia personal subsanaba la falta de idoneidad de la firma. Los críticos han interpretado esto como una prueba de que la intención era otorgar el contrato a dedo.

La idoneidad profesional de Springer ha sido puesta en tela de juicio y se ha dicho que lo que es en realidad es una mujer entradora con una hoja de vida llena de falsedades. Para comenzar se ha ridiculizado que haya cambiado ante notaría sus apellidos Lizarazo García, por el de su marido Springer, hoy socio suyo en los contratos de la Fiscalía.

El otro cuestionamiento que se le ha hecho es de tipo ético. Durante los cinco años que estuvo sentada en la mesa de trabajo de la FM como comentarista firmó los millonarios contratos. Eso no es ilegal pero en el mundo del periodismo es considerado una falta de transparencia grave, lo cual le costó su puesto en esa cadena. También comprometió su propia credibilidad como columnista cuando en 2012 escribió un artículo titulado ‘Un fiscal para la historia’, elogiando desmesuradamente al que meses después sería su contratante.

Pero independientemente de todo lo anterior, el hecho es que tiene títulos académicos que hasta ahora no han sido desvirtuados. Se graduó como psicóloga y politóloga en la Universidad de los Andes. Posteriormente hizo un máster en derechos humanos en la Universidad de Padua, en Italia, y luego un doctorado en filosofía en la Universidad de Viena. Se podría argumentar que el requisito básico para los contratos que obtuvo era tener un título de derecho, pero sería injusto decir que es una impostora.

Pero los títulos académicos no siempre dan garantía de calidad en los resultados. Los métodos investigativos de la Springer han causado duda entre sus pares académicos. Esto comenzó a ser objeto de comentarios hace tres años cuando presentó su informe titulado ‘Como corderos entre lobos’ contratado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dicho informe ha sido cuestionado por presentar una metodología que nadie entiende y por llegar a conclusiones con baja sustentación. Por ejemplo, su conclusión es que “el factor único más definitivo” en el reclutamiento de menores para la guerra ha sido el clima, concretamente las inundaciones que produjo el fenómeno de La Niña.

Pero volviendo al fiscal Montealegre, otro caso que es difícil de justificar es la contratación del juez Baltasar Garzón por cerca de 1.200 millones para capacitar a los fiscales en materia de investigación de los patrones de microcriminalidad. Garzón es un experto en casos de corrupción y terrorismo internacional de alto nivel y suena extraño pedirle asesoría para temas que llevan las unidades de Fiscalía sobre delitos comunes en Colombia. Por esto su contratación ha sido registrada más como un acto de relaciones públicas o de glamour internacional que cualquier otra cosa.

Yo te ayudo, tú me contratas

Pero si contratar a personajes glamurosos del mundo de la Justicia y las cortes puede tener sus razones, lo que sí es muy cuestionable son los suscritos con personas que han sido claves para decisiones que afectan directamente a Montealegre.

Cuando el Consejo de Estado definió que el periodo del fiscal era personal y no institucional, decisión que resultó clave para prorrogar su nombramiento en principio transitorio en la Fiscalía, hubo tres magistrados clave. La magistrada ponente del fallo, Susana Buitrago, tiene hoy un contrato por 174 millones de pesos; el presidente del Consejo de Estado de ese entonces, Alfonso Vargas, otro por 517, y Berta Lucía Ramírez, otro por 345.

A esto se suma una denuncia que hizo esta semana el mayor contradictor del fiscal, Alfonso Gómez Méndez. Este salió del Ministerio de Justicia por haberse negado a firmar la reestructuración de la Fiscalía propuesta por Montealegre, con el argumento de que se estaba creando un monstruo burocrático. Gómez Méndez acaba de revelar que para no firmar ese decreto pidió una licencia no remunerada de un día; ante esa situación el decreto fue firmado por el viceministro Miguel Samper, a quien hoy la Fiscalía lo tiene contratado por 261 millones.

Otro contrato, de 203 millones de pesos, que ha llamado la atención es el de Néstor Iván Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y firme candidato de Montealegre para la Registraduría.

La próxima semana el Congreso deberá definir si convoca al fiscal a un debate de control propuesto por Ernesto Macías, quien tiene otra larga lista de interrogantes sobre contratos y gastos del fiscal como 22.000 millones de pesos en tiquetes aéreos y la ampliación de la nómina. Sin duda, el uribismo se sacará el clavo con Montealegre a quien acusan de haberle montado la perseguidora.

La pregunta que hoy gravita en la opinión pública y que no tiene fácil respuesta es por qué el fiscal montó un carrusel de contratos y favores, que han puesto en tela de juicio la importante y respetable trayectoria jurídica con la que llegó al cargo.

Para algunos es vanidad personal. Para otros, es que el poder se le subió a la cabeza y lo ha hecho tomar decisiones equivocadas. Los más suspicaces piensan que tiene ambiciones políticas después de la Fiscalía.

Lo que no se sabe es si su aspiración es política o judicial. Si sueña con un alto cargo de elección popular o con ser, por ejemplo, la cabeza de algún tribunal especial clave dentro del proceso de paz. Quienes lo conocen aseguran que la política no es lo suyo sino que quiere jugar un papel protagónico en el proceso de justicia transicional que se avecina luego de un eventual acuerdo de paz con las FARC.

La conclusión de todo lo anterior es que en los últimos años no solo el fiscal, sino también el procurador, han tenido un protagonismo que desborda sus atribuciones. Al fiscal se le está pasando cuenta de cobro por esto. Sobre todo cuando está a la cabeza de la entidad de investigación más grande del país donde la discreción y la prudencia son los mejores aliados de las buenas investigaciones y acusaciones para una justicia efectiva.

Mezclar lo judicial con lo político no es sano. Y eso es lamentablemente lo que está ocurriendo en Colombia.
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