Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/01/15 16:12

Vuelven a enfrentarse la Fiscalía y la juez Teresita Barrera

El ente investigador denunció a la funcionaria ante el Consejo Superior por entorpecer el proceso contra el exdirector del DNE Ómar Figueroa.

La Fiscalía presentó una queja contra la juez ante el Consejo Superior. Foto: Foto: El Espectador Montaje: Semana

Una vez más la Fiscalía se enfrenta a una juez que ha sido noticia por controvertir varias de sus determinaciones. En esta oportunidad le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que la investigue por los inconvenientes que ha tenido para desarrollar la audiencia en la que se busca el aval a un principio de oportunidad entre el ente investigador y el exdirector nacional de Estupefacientes Ómar Figueroa.

La funcionaria judicial a quien la Fiscalía le endilga esa falta de diligencia es la juez Teresita Barrera. Según el representante del ente investigador en el caso, en tres ocasiones la juez se negó a realizar la diligencia judicial y en una cuarta citación se declaró impedida para poder tomar una decisión respecto a este caso. Por eso, interpuso una queja disciplinaria en su contra.

"Luego de una serie de trámites internos el asunto se va a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a fin de que dirima el conflicto negativo de competencias que se suscitó, instancia donde se concluyó que le corresponde decidir. Para este momento, me veo en la obligación de volver a poner en su conocimiento el comportamiento elusivo de dicha funcionaria, ya que a pesar de haber recibido la orden explícita por parte del Tribunal  nos indica la juez que no tenía listo el proyecto", dice la queja conocida por Semana.com.

"(…) Como salta a la vista, resulta por lo menos incomprensible que después de todo el tiempo transcurrido aún no se cuente con una decisión, ocasionando una mora injustificada, lesionando de esta forma la imagen de la administración de justicia", dice la queja presentada por un fiscal especializado de la unidad de lavado de activos.

Así las cosas, la Fiscalía espera que el Consejo Superior de la Judicatura tome una decisión de fondo en contra de la juez Teresita Barrera y anhela poder avanzar en el proceso.

La cuestionada juez


Este no es el primer enfrentamiento que la Fiscalía ha tenido con la operadora jurídica. En varias ocasiones ha sorprendido por sus decisiones, al dejar en libertad a personas claves en procesos que adelanta el ente investigador.

En su momento, la juez ‘tumbó’ la imputación y la medida de aseguramiento contra el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, señalado de haber intervenido las comunicaciones de los miembros de la delegación del Gobierno en los diálogos con las FARC.

Otro episodio que desconcertó a la Fiscalía se produjo en noviembre del 2012. Entonces, Barrera fue duramente cuestionada por dejar en libertad a Laura Moreno y Yessi Quintero, involucradas en el presunto homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares. En esa oportunidad, Barrera argumentó que a la Fiscalía se le había vencido el plazo para dar inicio al juicio oral, por lo que las jóvenes debían ser puestas en libertad.

En un perfil de El Espectador, la jueza dice que su ética ha sido incorruptible, cosa que le ha ocasionado enemigos. “Nacida en Montería (Córdoba), se graduó como abogada de la Universidad de Medellín y recién egresada empezó a litigar en derecho civil.

Mientras cursaba un diplomado se enteró de que la Seccional de Fiscalías de esa ciudad estaba recibiendo hojas de vida y, aunque no tenía experiencia en derecho penal, se presentó. Algunos meses después fue nombrada en el cargo de fiscal, tras lo cual recibió “las primeras amenazas”, señaló la nota.

Además, el año pasado el Tribunal de Bogotá ordenó el arresto de Barrera por haber tumbado un proceso en contra de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, investigada por el Carrusel de Contratos y hoy buscada por la Interpol (policía internacional).

No todo ha sido polémico en ella. En noviembre del 2005 fue nombrada jueza única penal del Circuito de Zipaquirá (Cundimnamarca). Tres años más tarde, condenó a 60 años de prisión a Orlando Pelayo, que secuestró y asesinó a su hijo de 11 meses, Luis Santiago Lozano. El país aplaudió la decisión de tan repudiable crimen.

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