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| 11/30/2011 12:00:00 AM

Fiscalía dice que hay víctimas falsas en caso Las Pavas

Unas 123 familias a las que les fue entregado el terreno con ese nombre, que queda en municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar, fueron acusadas por el ente acusador de realizar un "montaje" para apropiarse del predio.

En una nueva acusación de fraude contra el Estado contra presuntas falsas víctimas de la violencia, que se les señala de obtener beneficios irregularmente, fue revelado en la noche del miércoles en un escrito de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la hacienda Las Pavas, que les fue entregada transitoriamente a 123 familias campesinas por la Corte Constitucional.
 
Los labriegos, representados por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), habían argumentado que esa comunidad había sido obligada a dejar las tierras al verse desplazada y despojada por narcotraficantes, paramilitares y empresas palmeras.
 
La hacienda, de 1.223 hectáreas, previamente se encontraba en proceso de extinción de dominio solicitada por ASOCAB en el 2006 ante el INCODER sobre la extensión de tierra “a causa de su estado de abandono y que su propietario no ejercía actos de dominio ni de explotación económica”.
 
Se argumentó en ese momento que las familias campesinas habían hecho posesión y habían puesto en producción gran parte de la propiedad.
 
Fue así como obtuvieron del alto tribunal el disfrute del terreno luego de que se le ordenó al Ministerio de Agricultura y al Gobierno “que las normas en procesos agrarios respondan a los principios constitucionales y favorezcan a las poblaciones vulnerables y en situación de desplazamiento”.
 
Según dijo la Corte en su sentencia, las familias de ASOCAB no podían ser desalojadas de la hacienda Las Pavas mientras no se definiera el proceso de extinción de dominio.
 
La acusación
 
Las indagaciones de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, inician a partir de la denuncia de Pedro Moreno Redondo ante la Notaría Única de El Peñón, en la que asegura estar “arrepentido” de haber declarado en un principio que la 131 familias eran desplazadas.
 
Dice la funcionaria que Moreno “guardó silencio por muchos años, pero que no resistía el temor y la mentira, pidiendo perdón, que incurrió en un falso testimonio ante las autoridades, que nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas".
 
En el escrito afirma que “nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque o comando" llegó hasta los predios de la finca Las Pavas, versión que adjudica al dueño de una finca de la región y añade que tales agresores no habrían ocasionado “desplazamiento a ninguna persona, esto es a sus trabajadores”, en referencia a los declarados como desplazados.
 
Martínez manifiesta que en el 2009 hubo una orden de desalojo judicial en contra de los ocupantes que permanecían en Las Pavas, propiedad de Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien los campesinos testimoniaron que era testaferro del capo Pablo Escobar.
 
La Fiscalía hace el recuento documental previo al proceso de extinción de dominio que pretendió llevar a cabo ASOCAB, y señala que buscaron gestionar a través del INCODER la compra del terreno ofreciendo pagar cerca de la mitad y la parte restante fuera costeada por la entidad para ser repartida entre las familias.
 
Allí expresa el ente acusador que en esos registros los campesinos jamás “hablan o denuncian o ponen en conocimiento de aquellos funcionarios del INCODER o INCORA, que eran campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, por las amenazas de los paramilitares”.
 
Agrega luego que “estamos hablando del año 2006 cuando las primeras gestiones obedecían a una compra directa de la finca por ASOCAB; como tampoco de que esas tierras estaban abandonadas y por lo tanto explotadas por ellos, no existiendo ningún documento que así lo hayan declarado”.
 
Tras estas argumentaciones, la Fiscalía ordenó compulsar copias para investigar bajo el cargo de fraude procesal a los representantes y directivas de ASOCAB, así como de las ONG que actuaron en su favor.
 
“Nos encontramos ante la presencia de un falso desplazamiento forzado, denunciado por las ONG nacionales y extranjeras a favor de los miembros de ASOCAB. En este caso, sucedió todo lo contrario”, puntualizó la fiscal Martínez.
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