Fiscalía dictó orden de captura contra exgobernador de Córdoba

El despojo de tierras se dio en la zona de Tulapas, comprendida entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá donde a 105 familias les fueron arrebatadas sus tierras, las cuales fueron ocupadas por las Autodefensas de Córdoba y Urabá y posteriormente,  como señala el portavoz de la Fiscalía, los predios fueron ‘legalizados’ por el Fondo Ganadero de Córdoba donde Benito Osorio se desempeñaba como gerente. 

Osorio se hizo noticia en el 2005 cuando quiso promover una iniciativa con la que pretendía darle al entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso el título de ‘salvador’ de Córdoba. 

 

Más adelante y con todo el poder regional derivado del gremio ganadero, el presidente Álvaro Uribe lo nombró como gobernador encargado de dicho departamento. Esto sucedió el 28 de diciembre del 2007. Sin embargo, 20 días más tarde, la desaparecida Revista Cambio publicó un informe que daba cuenta de las muy cercanas relaciones de Osorio con Mancuso. 

El informe mostraba las entradas de Osorio a la cárcel de Itagüí, donde por entonces se encontraba Mancuso. También se revelaron algunas comprometedoras conversaciones entre estos.

El tema desató un escándalo y al gobierno de la época no le quedó otra opción que apurar la renuncia de Osorio. Luego de eso, el exgerente del Fondo Ganadero se convirtió en un prófugo de la justicia por cerca de un año.

A principios del 2014, se conoció que Osorio venía colaborando con la justicia, entregando información sobre el robo de tierras, una pieza clave para que la Fiscalía dictara 10 órdenes de captura por el despojo en Urabá.

Según fuentes de la entidad, estas investigaciones que se venían adelantando contaban  con la colaboración de Benito Osorio Villadiego, quien para la fecha estaba apunto de ingresar al programa de protección a testigos.

Son alrededor de 160 familias las que han denunciado en reiteradas ocasiones el despojo de al menos 3.000 hectáreas, que hoy están en manos del Fondo Ganadero de Córdoba y que las autoridades, junto a la Unidad de Restitución de Tierras, buscarán devolver a los perjudicados.