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| 1/14/2016 5:00:00 PM

El preacuerdo del procurador enredado en el caso de Álvaro Cruz

Semana.com conoció las bases del acuerdo que firmó el exfuncionario, que aceptará cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer. Un juez tiene la última palabra.

El exprocurador Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, que acaba de completar cuatro meses preso en la cárcel La Picota, decidió de manera inesperada aceptar cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer.

Esto dentro del proceso que le adelanta la Fiscalía por haber intentado sobornar al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y aumentar su patrimonio con los dineros que le pagó el exgobernador Álvaro Cruz, todo para desviar el proceso que adelantaba la Fiscalía en su contra por el carrusel de contratos.

El acuerdo fue presentado este martes ante un juez de Bogotá por un fiscal delegado ante la Corte. En el documento, Jovel se compromete además a devolver una vivienda que adquirió en Neiva con los dineros del ilícito.

“El preacuerdo fue firmado tras varias conversaciones con el procurador y aceptar que se tenía el material probatorio en su contra. Está pendiente la programación de la fecha de la audiencia para que el acuerdo sea avalado por el juez”, señaló una fuente del ente investigador a Semana.com.

De esta forma, esta arista del ‘carrusel’ de la contratación será cerrada con tres personas detenidas y cobijadas con medida de aseguramiento por estos hechos: Jovel, el exgobernador Cruz y su esposa, Luz Zoraida Rozo. Los implicados aceptaron y están a la espera de la condena en su contra.

Las pruebas

Según las evidencias, el procurador Jovel tenía un contacto en la Fiscalía que se encargaría de cerrar el camino para que a Cruz le avanzara el proceso en su contra. Se trataría del abogado Augusto Ramírez Cuéllar, amigo del vicefiscal general.

Para hacer este movimiento, el procurador exigió a Cruz 1.700 millones de pesos con los que incrementó su patrimonio, pero nunca pagó a los funcionarios que debían interceder en la investigación. Podría parecer un chiste, pero el procurador prácticamente ‘tumbó’ al exgobernador.

Con lo que no contaban los dos exfuncionarios es que el abogado resultó ser tan amigo del vicefiscal Perdomo, que acabó por contarlo todo.

En la trama apareció, supuestamente, la esposa de Cruz, la reputada abogada Rozo, que habría sido quien pagó la millonaria suma para que se desviara la investigación.

El abogado Augusto Ramírez contó que lo buscaron para que ayudara a que el caso no se moviera hasta que Cruz acabara su mandato, en diciembre del 2015. Incluso, reveló que para eso se ofreció una primera suma de 750 millones de pesos.

El abogado, quien terminó por convertirse en el testigo estrella del ente acusador en este oscuro episodio, reveló que en una reunión con el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, le preguntó por el proceso del ‘carrusel de la contratación’ y por el caso de Álvaro Cruz en particular, pero que no obtuvo información.

El jurista contó que después se reunió con el gobernador y con el procurador Jovel Muñoz y detectó que existían diferencias entre los dos por el acuerdo económico.

“Le dije que el señor Cruz hablaba de que le había entregado a él (procurador) 2.000 millones y yo le pregunté que dónde estaba la plata. Él me respondió que ese viejo hijueputa estaba diciendo mentiras y que no entregó sino 750 millones de pesos”, señaló el testigo.

Y siguió en su declaración. "Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio, se hubiera arreglado por 750 millones de pesos no más. Quiero manifestar que Hernán era el que recibía la plata; no sé cómo lo hacía. Quiero decir que en la primera entrega me dio 250 millones de pesos”, señaló.

En el interrogatorio aseguró que la segunda entrega fue cercana a 100 millones de pesos, para un total de 350 millones.

Según la Fiscalía, con ese dinero el abogado Augusto Ramírez y el procurador Jovel Muñoz compraron una casa que costó 225 millones de pesos: “Eso lo hizo para verme amarrado en el negocio y no decir nada”, declaró el testigo.

Por último, reveló que no tenía planes de ofrecerle dinero al vicefiscal Perdomo -su amigo- y que, por esa razón, al final lo puso al tanto de la situación.
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