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| 8/16/2012 12:00:00 AM

Fiscalía ha pagado 92.000 millones este año por demandas

La Fiscalía es el segundo organismo del Estado más demandado. De prosperar todas las demandas en su contra, el Estado tendría que pagar aproximadamente 26 billones de pesos.

El desarrollo del caso de Sigifredo López, quien estuvo detenido 89 días y que fue puesto en libertad el pasado martes al comprobarse que los cuatro testigos que lo implicaban con el secuestro de los 11 diputados del Valle eran falsos, le ha abierto al exdiputado la posibilidad de entablar una demanda contra el Estado.

El asunto no es de poca monta y pone los reflectores sobre un probelma que afecta no solo a la Fiscalía sino al mismo Estado colombiano: el alud de demandas que se han interpuesto en su contra.

Según Fernando Carrillo, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, tan solo en el primer semestre de 2012, el Estado tuvo que cumplir -solo en el caso de la Fiscalía- con 574 sentencias que lo obligó a pagar indemnizaciones por 92.000 millones de pesos.

Sin embargo, lo más preocupante es que de perder las 12.053 demandas activas que existen contra la Fiscalía, el Estado tendría que desembolsar 26 billones de pesos, que representan cerca del 16% del PIB del país.

El funcionario añadió que más del 74% de las demandas contra la Fiscalía, están relacionadas con fallos en las detenciones preventivas y señaló que "la política criminal en el país debe ser revisada (…) a nosotros desde el pregrado nos enseñan que 'un auto de detención no se le niega a nadie', y eso debe cambiar".

Este tipo de sentencias contra el ente investigador van en aumento, pues en 2010 se presentaron 1.253 casos de condena en primera instancia, con un monto de 147.000 millones de pesos, mientras que en 2011, fueron registrados 1.587 casos que representaron indemnizaciones por 208.000 millones.

La agencia estatal y la Fiscalía buscan desarrollar una estrategia de mejoramiento en la capacidad de defensa del Estado y de conciliación con las partes, para reducir el monto de las indemnizaciones que por estas irregularidades se deba pagar. Sin embargo, de los 5.568 casos que están en conciliación, solo se ha llegado a conciliar 494, con un promedio de ahorro para el Estado de 177 millones por caso.

De igual forma, la agencia y el ente investigador trabajan para casar adelante 1.926 casos y así evitar pagos por indemnizaciones cercanos a un billón de pesos.

Fallas en autos de detención

Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue detenido en 2008 por un caso de narcotráfico y luego de 16 meses de prisión fue puesto en libertad al ser desvirtuada las acusaciones que se le imputaban.

Una vez recuperada la libertad, el almirante demandó a la Nación por 7.700 millones por los daños morales y materiales que le ocasionó la detención, pero la Fiscalía -en la etapa de conciliación- ofreció 700 millones como indemnización.
 
Otro caso de irregularidad en los autos de detención, es el caso de Camila Romero, una estudiante de Biología de la Universidad del Tolima, que fue llevada a prisión por delito de rebelión en diciembre de 2008.

Tras seis meses y cinco días de prisión, la justicia la absolvió del caso y la puso en libertad. La estudiante, que había sido delatada por un supuesto policía infiltrado en el centro educativo, denunció que no había razones suficientes para proferir el auto de detención. La justicia le dio la razón y la Fiscalía tuvo que indemnizarla con 16 millones de pesos.

Un caso curioso fue el de un bus de servicio público en el departamento de La Guajira, que fue detenido "sin razón aparente" por la Policía y que la Fiscalía tardó más de un año en determinar que los papeles del vehículo estaban en orden.

El Consejo de Estado determinó en diciembre de 2011, que la Nación debía resarcir al dueño del automotor con más de 55 millones de pesos por los daños causados y el lucro cesante que dejó de percibir el propietario.
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