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| 2/17/2011 12:00:00 AM

Fiscalía imputará cargos al Contralor de Bogotá y a exdirectora del IDU por 'carrusel de la contratación'

La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para los investigados. La imputación también cobija al exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez.

La fiscal general de la Nación, Vivianne Morales, anunció este jueves la imputación de cargos contra el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo y el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, investigados por su presunta responsabilidad en el denominado 'carrusel de la contratación'.

"El fiscal segundo delegado ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Germán Pabón, presentó el día de hoy (jueves) una solicitud de audiencia preliminar ante los jueces penales municipales con función de control de garantías, para llevar a cabo la formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de los indiciados", informó la Fiscal.
 
La Fiscalía les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.
 
En un comunicado, el ente investigador informó que la formulación de imputación es producto de la investigación penal que actualmente se adelanta, con motivo de las presuntas irregularidades relacionadas con los procesos de contratación de distintas obras públicas iniciadas en el año 2007, por parte del IDU en Bogotá, específicamente las relacionadas con la Fase III de Transmilenio, malla vial y valorización.

En la misma nota de prensa, la Fiscalía agregó que además de los funcionarios a quienes se formulará imputación en esta oportunidad, se investiga la responsabilidad de otras 33 personas entre servidores públicos, contratistas y particulares, respecto de los cuales se sigue adelante la indagación.

Aclaró también que actualmente se estudian algunas solicitudes de aplicación de principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con varios indiciados.
 
‘El carrusel de la contratación’

Desde marzo del año pasado, en los medios de comunicación comenzó a circular la versión acerca de la existencia de un 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
 
Según varias denuncias, la familia del alcalde Samuel Moreno, y en particular su hermano Iván, eran quienes supuestamente controlaban desde la administración distrital el funcionamiento de dicho carrusel.
 
Sobre el tema, el excandidato del Polo Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux presentaron un informe sobre la gestión de la administración Moreno en Bogotá. Entre sus conclusiones destacó que Iván Moreno manejaba una 'rosca' de cinco grandes firmas entre las cuales se repartían los contratos del Distrito. 
 
Petro señaló que los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, los hermanos Torrado, entre otros, concentraban buena parte de la contratación del distrito.
 
Al mismo tiempo, el Grupo Nule, empresa que había ganado la licitación de un gran numero de contratos, se declaró en quiebra y anunció que no entregaría a tiempo diferentes obras, entre ellas la de la Calle 26 de la fase III de TransMilenio.

Por esos días, apareció una grabación que da cuenta del presunto cobro de coimas del exrepresentante Germán Olano y de Moralessrusi al grupo Nule para favorecerlo en las posibles investigaciones fiscales.
 
Tras la apertura de investigaciones a los hermanos Moreno, tanto disciplinarias como penales, Miguel Nule, presidente del Grupo Nule, dijo que en algunas licitaciones en las que participó le habían pedido el 6 por ciento para el senador Iván Moreno y el 2 por ciento para el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
 
Según Nule, en declaración a los entes de control, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, pidió dinero para que no se declarara desierta la adjudicación del contrato de la 26. En su criterio, el representante Germán Olano, quien es investigado disciplinariamente y quien supuestamente pidió 3.500 millones de pesos para evitar que eso no ocurriera, era el intermediario.
 
Moralesrussi, Olano y Liliana Pardo han negado todas las acusaciones.
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