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| 8/23/2014 12:00:00 AM

Le llegó la hora a Sandra Morelli

El próximo jueves la Fiscalía le imputará cargos a la contralora por el millonario costo del arriendo en la nueva sede.

Después de muchas vueltas en el mundillo judicial, la Fiscalía encontró motivos suficientes para imputarle cargos a la jefe del ente fiscal Sandra Morelli por las presuntas irregularidades que cometió al momento de arrendar la nueva sede del organismo de control ubicada al occidente de Bogotá. 

La imputación se da luego del interrogatorio realizado por un fiscal delegado ante el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, quien encontró motivos suficientes para imputarle el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Posteriormente este jueves se definirá si se solicita medida de aseguramiento contra la funcionaria al considerar que eventualmente es un peligro para la sociedad o puede abandonar el país.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha pedido medida de aseguramiento, pero buscará que Morelli no pueda salir del país pues los antecedentes de María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias atemorizan al ente investigador. A ello se suma la doble nacionalidad de la contralora, que le daría más facilidades legales para establecerse en otro país.

El anuncio de la Fiscalía se suma a los hallazgos de la auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda, contra Morelli hace más de un mes. El mismo contrato de arrendamiento del edificio donde se trasladó el organismo de control en la zona de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, hizo que la auditora hablara de un detrimento al erario de 54.091 millones.

Incluso, la Auditoría está pensando en que cuando termine el proceso podrían ser embargados los bienes de Morelli.

En la cuerda floja


La Contraloría y el Ministerio de Hacienda habían acordado el traslado temporal del organismo de control, mientras se adecuaba y modernizaba la antigua Torre Colseguros y el edificio cardenal Crisanto Luque, antiguas sedes de la Contraloría. Sin embargo, estas acciones no se llevaron a cabo y, por el contrario, la contralora terminó vendiendo las viejas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.

Pero la contralora, según la Auditoría, jamás demostró por qué razón vendió el bien, aun cuando estudios consideraban que no presentaba problemas importantes de estructura o de sismorresistencia.

Según se ha conocido, el arriendo de la nueva edificación donde se trasladó la Contraloría fue de 2.600 millones de pesos mensuales y los costos generales en los que ha incurrido la entidad son de 76.400 millones pesos. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo Marulanda a Semana.com.
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