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| 2/15/2012 12:00:00 AM

Fiscalía imputó cargos a "empresa criminal" que creó 'Cacica La Gaitana'

El fiscal Francisco Villareal ha imputado a siete de las 11 personas involucradas en la presunta falsa desmovilización. Su descripción da cuenta del papel de cada uno dentro de lo que la justicia llama "un engaño al Estado".

Poco a poco se empieza a desenredar la historia de la cuestionada columna Cacica La Gaitana de las FARC. El fiscal del caso, Francisco Javier Villareal, al imputar cargos a cinco de los 11 procesados por este caso, detalló cómo fue el papel de cada cual para llevar a cabo el presunto desarme.
 
Luego de que el viernes anterior el fiscal le imputó cargos a Restrepo por peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y porte y fabricacion de armas, continuó con los involucrados que se hicieron presentes en la diligencia de este miércoles.
 
Cada imputación se convirtió en una pieza diferente para la "trama", que, según el fiscal, permitió la desmovilización y fue orquestada por una "empresa criminal".
 
La cabeza de todo estuvo en los altos mandos del Ejército, los coroneles Joaquín Ariza y Hugo Castellanos, junto con el ex alto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.
 
Fue a través de ellos que se le dio legitimidad al proceso, clave para poder llevar a cabo esa ficticia desmovilización, que fue organizada y "craneada" por Raúl Agudelo alias 'Olivo Saldaña', Felipe Salazar alias 'Biófilo' , así como los hermanos Pacheco (Alfredo, Miguel, Flora) y los Agudelo (Marta y Álvaro ).
 
Los dos primeros, 'Olivo Saldaña' y 'Biófilo', se encargaron de dar instrucciones a las personas que se harían pasar por desmovilizados. Las entrenaron y enseñaron diversos aspectos "clave" de las FARC que debían conocer para ser identificados como miembros de dicha guerrilla.
 
Los Pacheco y Agudelo, por su parte, aceptaron hacerse pasar por miembros de Cacica La Gaitana, pero además ayudaron a reclutar personas que hicieran lo mismo.
 
Estas personas sabían, según el fiscal del caso, que hacerlo les representaría obtener recursos económicos luego de la presunta desmovilización, como efectivamente ocurrió.
 
Pero nada habría sido posible sin la participación de Hugo Alberto Rojas Yepes. Él, presunto narcotraficante, fue quien, según el ente acusador, financió la desmovilización, con el propósito de ser incluido en la lista de guerrilleros desarmados y así ocultar su verdadero negocio.
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