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| 10/8/2016 12:00:00 AM

La grave acusación que deberá enfrentar Oneida Pinto

La Fiscalía investiga si la exgobernadora de la Guajira está detrás de las amenazas que ha recibido su sucesor. En la mira también está la corrupción.

La situación de la exgobernadora del departamento de La Guajira y dos veces alcaldesa de Albania, Oneida Pinto Pérez, parece ir de mal en peor. Hace un par de meses tuvo que dejar el cargo porque el Consejo de Estado declaró nula su elección y esta semana la Fiscalía General de la Nación anunció que la investiga por acusaciones según las cuales amenazó al gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez. Precisamente este, el superintendente de Notariado y Registro encargado de la Gobernación, denunció hace dos meses que lo habían amenazado a través de llamadas y mensajes de correo, y al parecer Oneida Pinto tendría algo que ver.

El jueves en la noche se conoció un sorpresivo comunicado del partido Cambio Radical, el mismo que le había dado un polémico aval en las elecciones, en el cual informó que su comité de ética había expulsado a la exgobernadora de esa colectividad porque en el desempeño de su cargo “violó los principios de transparencia, dignidad y responsabilidad”.

Pero lo más grave del comunicado es que Cambio Radical afirma haber sido informado de graves indicios que vinculan a Oneida Pinto y a un grupo cercano de colaboradores con una tentativa de homicidio contra Vélez, desde el mismo momento en que ella fue notificada del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por tener un impedimento insalvable.

Vélez dijo a La W que recibió llamadas y mensajes de texto hace dos meses cuando se encontraba en un restaurante en Riohacha. En esa llamada, lo insultaron y le dijeron que le daban 24 horas para abandonar el departamento, y que además “dejara de estar esculcando lo que no tenía que esculcar”.

Vélez denunció el hecho a la Presidencia y a la Fiscalía en Bogotá. Además de aumentarle la seguridad, las autoridades comenzaron a hacer interceptaciones telefónicas, y a rastrear los correos. Hace 40 días el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, viajó a Riohacha y dejó una comisión de seis fiscales especializados en delitos contra la administración pública. Vélez dijo que diariamente un fiscal llega a las secretarías del departamento en busca de información, pues han encontrado un enorme desgreño y signos de corrupción por dineros que no aparecen. Pero que ya han entregado toda la información requerida por los siete fiscales y la Procuraduría.

Sin embargo, las investigaciones no se limitan al breve periodo de Oneida Pinto, quien solo ejerció seis meses. Las pesquisas se remontan a los periodos anteriores, en las que investigan desviaciones de dineros provenientes de recursos de regalías, la educación, la salud y el situado fiscal de los resguardos indígenas.

La crisis político-administrativa de La Guajira no es nueva. En la actualidad están condenados los exgobernadores Hernando Deluque Freyle y José Luis González, quienes estuvieron en el cargo entre 2001 y 2007. También se adelantan investigaciones contra el exgobernador Jorge Pérez Bernier, quien ejerció en el periodo 2008–2011 y está detenido. Y está pendiente de fallo el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, separado del cargo acusado de estar vinculado a unos homicidios.

Los dos últimos gobernadores, Kiko Gómez, quien está preso, y Oneida Pinto fueron avalados por Cambio Radical, que les dio el aval a pesar de las advertencias y reparos formulados por dirigentes guajiros, líderes nacionales y medios de comunicación. El jueves, ese partido reconoció haberse equivocado, y dijo que situaciones como estas no se volverán a repetir. El 6 de noviembre habrá elecciones para escoger al nuevo gobernador, y ahora sí, Cambio Radical dijo que se abstendrá de dar aval a los candidatos, pues ninguno ofrece suficientes garantías.

Mientras las investigaciones avanzan, el gobernador encargado está maniatado porque la Asamblea Departamental, ofendida por las declaraciones que ha hecho Vélez en estos tres meses sobre la situación de desgreño, no ha querido darle facultades para resolver problemas como los contratos para la alimentación escolar.

El viernes se supo que la audiencia de imputación que se iba a realizar en los juzgados de Paloquemao en Bogotá contra Pinto no se celebró porque ella se excusó de asistir. Pero funcionarios de la Fiscalía dijeron extraoficialmente que si no asiste a la próxima cita, podrían detenerla.

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