Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/01/18 20:00

Fiscalía investigará carrusel de reintegros en las Fuerzas Armadas

El ente acusador inició indagaciones preliminares para dar con los oficiales retirados y activos, abogados y lobistas que se unieron para desangrar la Nación.

Los tribunales de Cundinamarca (174), Meta (92), Santander (92), Valle (76) y Antioquia (69) han ordenado el mayor número de reintegros. Foto: Javier de la Torre

Luego de la denuncia de SEMANA que dejó en evidencia el carrusel de reintegros en las Fuerzas Armadas, la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Con el detalle de los datos entregados por esta revista sobre la forma como oficiales retirados y activos, abogados, lobistas y un par de periodistas hicieron causa común para ejecutar este millonario y perverso negocio, la cúpula del ente acusador ordenó una inmediata investigación para dar con los responsables de este grupo.

Y es que lo revelado por la unidad investigativa de SEMANA dejó al descubierto la existencia de una organización que se encarga de reintegrar a uniformados destituidos de las Fuerzas Militares y consigue millonarias indemnizaciones para estos.

La denuncia fue asumida por la Dirección de Fiscalías Nacionales, a cargo del fiscal Orlando Ospitia. Se trata de una investigación de oficio en la que un grupo de fiscales realizará las indagaciones preliminares para determinar quiénes podrían ser llamados a responder por estos hechos.

La Fiscalía busca determinar el alcance de la organización que funcionaba al interior de la fuerza pública y que habría beneficiado a uniformados que enfrentan procesos por graves delitos como narcotráfico y secuestro, entre otros.

Al director general de la Policía, general Rodolfo Palomino, esta situación no le causó ninguna sorpresa. “Lo denunciado no es de hoy. Todo viene de un grupo especializado en lograr formular esas demandas con el ánimo de reingresar a la Policía”, manifestó a medios de comunicación.

Así funciona el carrusel


SEMANA reveló que en los dos últimos años, del 2013 al 2015, más de 3.500 policías fueron retirados. La propia Dijín, de la Policía, y la Fiscalía capturaron a más de 1.600 de ellos por conformar bandas criminales o estar involucrados directamente en varios delitos, muchos de ellos graves.

Otros 1.600 uniformados fueron desvinculados en ese mismo período por una gran variedad de irregularidades, mediante la facultad discrecional y los fallos disciplinarios. Fenómeno similar ocurre en el Ejército.

Sacar a más de 5.000 integrantes en un período de dos años en casos adelantados entre la Fiscalía y la Policía, sin duda, debería ser un primer paso en la depuración que implica, al menos, que quienes delincan no lo hagan detrás del privilegio de estar uniformados. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

Gran parte de esos que salen por la puerta trasera han encontrado una efectiva fórmula para regresar a las filas con los bolsillos llenos de dinero y a continuar con sus andanzas. Algunos han bautizado esa estrategia la puerta giratoria. Otros lo llaman el carrusel o el cartel de los reintegros.

De esta manera, los destituidos acuden al carrusel y estos arrancan una bien planeada estrategia con contactos en los juzgados, tribunales y Consejo de Estado para hacerlos reintegrar y, de paso, ontener parte de la indemnización que reciben los reintegrados.

Pero lo más grave del asunto es que el problema parece no tener solución. Como lo dio a conocer SEMANA, al detectar las irregularidades, las instituciones solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura investigar a los jueces y tribunales involucrados en estos carruseles de reintegros. Sin embargo, las investigaciones, que quedaron en manos de esa entidad, nunca avanzaron.

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