Sábado, 21 de enero de 2017

| 2015/12/15 16:43

La advertencia del fiscal en el caso Pretelt

El jefe del ente acusador advirtió que de confirmarse dilaciones en el proceso que se adelanta en la Cámara de Representantes contra el magistrado Jorge Pretelt, los congresistas podrían ser investigados

Este martes, por sexta vez, la plenaria de la Cámara de Representantes tiene cita, la última del año, para resolver la acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Foto: Archivo particular

Este martes, por sexta vez, la plenaria de la Cámara de Representantes tiene cita, la última del año, para resolver la acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Desde el pasado 2 de diciembre, se ha dilatado sistemáticamente la decisión, como si los representantes quisieran eludir esa responsabilidad.

A este complicado escenario se sumó el fiscal general, Eduardo Montealegre, que en su reconocido tono advirtió que de llegar a comprobarse cualquier tipo de irregularidad en el proceso, los congresistas podrían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia por prevaricato por omisión.

“Los parlamentarios tienen una garantía constitucional y es la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo, ello no es absoluto. Si se comprueba que los parlamentarios no están concurriendo a votar, rompiendo el quórum necesario o dilatando las votaciones como estrategia para que no se tomen decisiones de fondo frente al magistrado Pretelt, pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Montealegre.

Así mismo, Montealegre advirtió que de llegar a demostrarse dichas irregularidades, los ‘padres de la Patria’ podrían enfrentar un proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado como presuntos responsables de conflicto de intereses o tráfico de influencias.

Y es que el caso Pretelt se ha convertido en una auténtica ‘papa caliente’ para la Cámara, que deberá decidir si lo acusa ante el Senado por el delito de concusión, por haber pedido supuestamente, 500 millones de pesos para favorecer una tutela de la firma Fidupetrol.

Desde el pasado mes de septiembre, la polémica Comisión de Acusaciones aprobó un proyecto de acusación contra el magistrado Pretelt. Por primera vez, desde la acusación al presidente Ernesto Samper, una investigación culminaba de esa manera. Pero desde cuando el caso llegó a la plenaria, la decisión ha estado afectada por maniobras dilatorias de la defensa y por estrategias de reducción del quórum por parte de los congresistas.

La primera vez que la plenaria abordó el tema, a puerta cerrada, 13 representantes presentaron impedimentos. Al siguiente intento fue el abogado Abelardo de la Espriella quien recusó a ocho parlamentarios. Una semana después recusó a otros siete. Durante dos semanas, cada vez que se abren las puertas, la noticia es la misma: aplazada la decisión.

Además, el proceso contra Pretelt se ha desarrollado en el más absoluto hermetismo. Entre otras, la estrategia de las recusaciones ha llevado a los congresistas a evitar pronunciarse en público sobre el asunto, sumado al hecho que cualquier declaración podría ser considerada una violación a la reserva del sumario.

Sin embargo, ha trascendido que un numeroso bloque de parlamentarios ha hecho lo suyo para dilatar la decisión. Por un lado, los uribistas han exigido aplazar la decisión hasta tener acceso a todo el expediente, y varios de ellos, en privado, han manifestado que no hay pruebas para acusar a Pretelt, que fue ternado por el presidente Álvaro Uribe.

Los del Centro Democrático se han prestado para reducir el quórum. Lo mismo que los conservadores, afines a Pretelt, y los representantes de la costa caribe, paisanos del magistrado. Se dice que en el momento de la decisión la bancada uribista y la conservadora votarían por precluir la investigación.

Para completar, el caso Pretelt también se ha visto atropellado por razones de la propia agenda legislativa de la Cámara, pues precisamente, el estudio del plebiscito y el acto legislativo por la paz, así como el proyecto de endeudamiento, urgencias para el Gobierno, también han obligado al aplazamiento.
 
La dilación del proceso, obviamente, beneficia la estrategia de defensa del magistrado Pretelt. Y también pone en tela de juicio a la Cámara de Representantes, de quien se esperan resultados.
 

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