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| 8/6/2015 10:03:00 AM

Fiscalía le imputará cargos a Álvaro Cruz el 2 de septiembre

Este jueves, se dio un paso más en el proceso contra el gobernador de Cundinamarca, presuntamente involucrado en irregularidades en la contratación de Bogotá.

Al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, le llegó la hora de responder por sus vínculos con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá definió para el próximo 2 de septiembre la fecha en la que el mandatario deberá rendir cuentas en los estrados judiciales.

Ante las versiones que han circulado sobre la posible aceptación de cargos por parte del mandatario, fuentes de la Fiscalía manifestaron que aunque se han entablado conversaciones, aún no se ha llegado a ningún acuerdo y se mantiene la acusación por los delitos de abuso de confianza, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. 

Poco más de un mes en su cargo le queda al gobernador de Cundinamarca, quien fue avalado por el partido Cambio Radical que dirige el vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues como lo han hecho saber personas cercanas a Cruz, este daría un paso al costado una vez el ente acusador le impute cargos.

El ente acusador logró verificar que Cruz, a través de la firma ICM Ingenieros, presuntamente pagó sobornos a políticos para asegurar contratos multimillonarios.

Así lo confirmó el fiscal delegado ante la Corte Juan Vicente Valbuena: "Durante los meses de diciembre y febrero del 2009 el señor Álvaro Cruz entregó a diferentes funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y Concejales que manejaban esos contratos, dineros con el fin de que fueran favorecidas las Uniones Temporales Asfalto 2009 quienes eran adjudicatarias de contratos para la suministración de asfalto a la ciudad de Bogotá".

Agregó el funcionario que los  contratos tenían un costo de 24.000 millones de pesos. Los dineros que presuntamente se entregaron ascienden a la suma de 800 millones de pesos y salieron del anticipo del contrato, según aseguró el ente investigador.

¿Cómo se dieron estas contrataciones?

Según reposa en el informe de la Fiscalía, Álvaro Cruz antes de ser gobernador de Cundinamarca fue representante legal de la empresa ICM Ingenieros.

A finales del año 2009 dicha empresa salió favorecida con la adjudicación de un contrato cuyo objeto era suministrar emulsiones y asfálticos para el mantenimiento de la malla vial de la capital del país.

"Inicialmente fueron 15.700 millones de pesos que, con tres adiciones en tres meses, se convirtió en un contrato de más de 24.000 millones de pesos", dice el informe del ente investigador.

Lo que la Fiscalía logró confirmar a través de declaraciones de testigos es que  la empresa ICM Ingenieros fue una de las beneficiarias del carrusel de contratos de Bogotá, pues habría recibido la adjudicación gracias a las recomendaciones de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción: Julio Gómez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez y los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho y Orlando Parada, entre otros.

Varios de ellos ya aceptaron ante los fiscales que recibieron una comisión del 5 % por haber arreglado las cosas para que la empresa del gobernador Cruz se ganara los contratos.

Esos contratos tenían como objeto principal el diagnóstico y el mantenimiento de la malla vial en 11 localidades de Bogotá (Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, y Tunjuelito).

Así, en el expediente del ente acusador figuran declaraciones como las de el exconcejal Hipólito Moreno, ya procesado por estos hechos, quien narró a los investigadores cuál fue la participación de Orlando Parada y Andrés Camacho en los contratos de mantenimiento vial, y sobre todo el papel que jugó el actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.

Lo propio hizo el excontratista Emilio Tapia, quien confirmó a los investigadores que tuvo varias reuniones en las que le propuso a Cruz que si les ayudaba a terminar una obra que realizaban para los años 2009 y 2010 en el norte de Bogotá, obtendría apoyo económico para su candidatura a la Gobernación y beneficios de otros contratos.

Con estos dos testimonios la Fiscalía no se detuvo y fue más allá, al punto de que viajó al exterior y entrevistó al empresario cubano, Manuel Dorta Duque, en el consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos.
En dicha diligencia, que duró tres días, el empresario no sólo aseguró su relación con el gobernador de Cundinamarca, sino que entregó documentación, correos electrónicos, fotografías y trasferencias bancarias que habrían confirmado la relación de Álvaro Cruz con las empresas que habrían pagado sobornos en la Unidad de Mantenimiento Vial.

Sin embargo, el sustento probatorio de la Fiscalía no se basa sólo en declaraciones de los ya condenados por el carrusel de contratos. También están las pruebas, documentos encontrados en los allanamientos que se hicieron en la casa del gobernador Álvaro Cruz, sus oficinas, e igual a las oficinas de la firma ICM.

En ese proceso se recaudaron computadores, documentos, fotografías e incluso copias de pagos, y todo este material probatorio ya fue legalizado en una audiencia ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Con todo esto, la Fiscalía está convencida de poder llevar ante un juez al primer mandatario de Cundinamarca, pese a que durante la investigación Álvaro Cruz aseguró que sólo era un asesor de la firma ICM y no representante legal como se ha establecido, y que por lo tanto no pagó las mencionadas coimas.
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