La gran redada contra los maestros en Chocó

Si bien es cierto que los chocoanos tienen razón en el sentido de que los gobiernos han dejado solo al departamento en temas de grandes inversiones, también es cierto que cientos de habitantes de esta región han contribuido con el saqueo histórico de las finanzas públicas.
 
Esta tesis quedó demostrada una vez más este domingo cuando un piquete de funcionarios de la Fiscalía, llegados de Bogotá, tenían en su poder 57 órdenes de captura contra maestros de Quibdó, Riosucio y Tadó que se prestaron para cobrar supuestas pensiones de gracia empleando toda clase de argucias.
 
Hasta ahora se sabe que el desfalco a las arcas de la educación se estima en mas de 10.000 millones de pesos. Para ello utilizaron los servicios de seis abogados –que ya están en la cárcel– que hicieron las gestiones ante la Nación para cobrar los recursos.
 
La investigación se adelantó en Bogotá, en la Dirección de Fiscalías Nacionales, a cargo de Luis González, que la presentó al final de año al fiscal general. Llegaron a la conclusión de que, para no traumatizar el calendario académico, debían proceder con las capturas en el mes de enero.
 
No se trata de un tema menor. Es quizá la más grande redada contra servidores públicos en ese departamento y en esta oportunidad el tema es con educadores, los encargados de impartir enseñanza a la juventud y de contribuir con la construcción de una mejor sociedad.
 
Y si por la educación llueve por la salud no escampa . En los últimos meses la Fiscalía ha dado golpes extraordinarios contra redes mafiosas que durante años estafaron ese sector en esta región . Muchos de los capturados se las arreglaron para obtener la casa por cárcel y en Quibdó hubo cierta desazón.
 
Se sabe por fuentes del organismo investigador en Bogotá que hay informes de nuevas investigaciones contra personas destacadas en el departamento que siguen haciendo de las suyas con el dinero de la salud. Todo bajo la mirada de funcionarios que no entienden que esos dineros son sagrados.

Según conoció Semana.com, varios profesores se unieron con abogados y acreditaron con documentos falsos el tiempo de servicio que les daba derecho a una pensión gracia por aproximadamente 2 millones 100 mil de pesos mensuales.

"Queremos saber hasta dónde este trámite de los docentes para obtener la pensión gracia se ha visto afectada por un aporte de documentación falsa", manifestó González. A unos 48 docentes de 57 que tenían orden de captura se les va a imputado los delitos falsedad en documento público y concierto para delinquir.

"Se quiere determinar de dónde nació esta idea y si hay personas por fuera de Chocó que intervinieron en esta idea criminal, puntualizó.