Fiscalía insistirá en medida de aseguramiento contra hermanos de Rafael Uribe

Pocas veces los funcionarios de la Fiscalía habían visto a su jefe Néstor Humberto Martínez tan furioso e indignado como el pasado 30 de diciembre.

El motivo de la molestia era la decisión que había tomado la fiscal 121 de la Unidad de Vida, Adriana Cecilia Alarcón Gallego, de no solicitar medida de aseguramiento en contra de Francisco y Catalina Uribe, hermanos de Rafael, el hombre que reconoció haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a la niña Yuliana Samboní.

Le puede interesar: La dura y desconocida vida de los Samboní antes de la tragedia

Francisco y Catalina comparecían ese día a una audiencia en calidad de imputados por el presunto delito de favorecimiento, ese que en el Código Penal está tipificado como una actuación en la que incurre quien “tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible y sin concierto previo ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación”.

A raíz de los hechos que rodearon las horas posteriores al crimen de la menor, la Fiscalía comenzó a investigar, con cooperación de los Estados Unidos, no solo al autor del crimen, sino a terceros, incluidos a Francisco y Catalina, quienes se declararon inocentes en la audiencia.

Pocas horas después de que Alarcón Gallego les imputara cargos a los hermanos, y se abstuviera de solicitarle al juez la medida de aseguramiento, la Fiscalía dispuso compulsar copias para que investigaran a la funcionaria por lo que consideraron una conducta irregular.

“Esta decisión (de la fiscal Alarcón) fue adoptada de manera inconsulta y contraria a sus deberes legales. Por este motivo, el señor Fiscal General de la Nación ha dispuesto de inmediato reasignar el caso, que a partir de la fecha será llevado por la fiscal María Lorenza del Castillo”, decía en un comunicado.

La Fiscalía había decidido que solicitaría dicha medida de aseguramiento basada en el resultado de un comité técnico-jurídico que tuvo lugar el 27 de diciembre pasado. Este había sido convocado para analizar los términos en los que se realizaría la imputación a Francisco y Catalina.

Según la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, el comité llegó a la conclusión, de manera unánime, de que existían motivos suficientes para solicitarle al juez que los hermanos de Rafael Uribe fueran afectados con la medida.

Puede leer: “¡Qué hizo este man, no puede ser!”: Francisco Uribe Noguera

Pero además, Riveros declaró que lo dispuesto por el comité era de obligatorio cumplimiento por parte de la fiscal del caso, según lo estipula el decreto ley 016 de 2014 y la resolución 258 de 2015, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía dentro de la Fiscalía.

El suceso con la fiscal Alarcón Gallego dejó varias preguntas en el aire. ¿Qué razones jurídicas la llevaron a apartarse de una decisión en bloque que ya se había tomado el ente acusador de forma institucional? ¿Qué implicaciones tiene una medida de aseguramiento? ¿Si el juez acepta la petición, Francisco y Catalina Uribe irían a la cárcel?

La decisión de Alarcón Gallego no solo fue contraria al comité de la Fiscalía, sino a la Procuraduría. En la audiencia, el delegado del ministerio público cuestionó que a última hora la fiscal retirara la solicitud y que, además, no le solicitara al juez que le prohibiera a los imputados salir del país.

Ahora bien, la petición de la Fiscalía no implica necesariamente que Francisco y Catalina vayan a una cárcel. Las medidas de aseguramiento que los jueces en Colombia pueden imponer a una persona mientras enfrenta un juicio pueden ser privativas y no privativas de la libertad, según lo consagra el Código de Procedimiento Penal.

Quiere decir que la Fiscalía podría solicitar para los hermanos Uribe Noguera, desde una detención en centro carcelario hasta una privación de la libertad en el domicilio. O simplemente la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, o presentarse periódicamente cuando el juez lo requiera, o la prohibición de salir del país, o la de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas.

Todo dependerá de los argumentos que la Fiscalía presente y de la valoración que el juez haga en torno a qué tanto Francisco y Catalina Uribe pueden ser un peligro para la sociedad o un obstáculo para que la justicia opere debidamente.

Lo cierto del caso es que para el fiscal Néstor Humberto Martínez, la investigación del crimen de Yuliana Samboní y la solicitud de medida de aseguramiento para los hermanos de Rafael Uribe se convirtió en una prioridad. Tanto así que logró que la audiencia se llevara a cabo este martes, y no después del 17 de enero que fue la primera opción que le dieron debido a las vacaciones.