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| 9/22/2014 12:00:00 AM

La medida que pedirán contra Sandra Morelli

La Fiscalía cree que la excontralora no quiere volver a enfrentar su proceso y por ello solicitará medida de aseguramiento.

La polémica no se detiene ante la situación jurídica de la excontralora Sandra Morelli, quien cumplirá un mes fuera del país. El pasado viernes el fiscal General, Eduardo Montealegre, señaló que “todos los funcionarios que han sido condenados o que se encuentran procesados por la Corte Suprema de Justicia cuentan con la debidas garantías en Colombia”, a propósito de la condición de la exfuncionaria.

Con estas frases se ambientaría la decisión que tomará la Fiscalía este lunes respecto a la situación jurídica de Morelli. El fiscal delegado Carlos Iván Mejía le solicitará al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Fernando León Bolaños que se imponga medida de aseguramiento a la excontralora Morelli, entre otras cosas por evadir a la justicia.

Dentro de las principales causales se destacan la no comparecencia a la audiencia de imputación de cargos, lo cual para la Fiscalía significa que no tiene ninguna intención de regresar a enfrentar su proceso penal y prefiere seguir refugiada en Italia. 

Otro de los aspectos que tendrá en cuenta es el extenso material probatorio puesto de conocimiento ante el Tribunal.  Este “permite inferir un grado de responsabilidad en la conducta endilgada”, señalará el delegado.

Ha trascendido que una cumbre de expertos en derecho internacional ha analizado la situación de la nacionalidad italiana de Sandra Morelli, ya que no existe tratado de extradición de ese país con Colombia, por lo que sería en términos jurídicos inviable una solicitud de circular roja de la Interpol o una solicitud de extradición. Por eso buscan alternativas para la solicitud de medida de aseguramiento no quede en una simple solicitud.

Igualmente, la Fiscalía presentará todas las presuntas irregularidades del proceso contractual que la llevó a los estrados y que tiene que ver con el arrendamiento de la sede del organismo de control. “Hubo una flagrante violación por parte de la excontralora Morelli de los principios de planeación, económica y selección al momento de suscribir el contrato, además se observa un desprecio con los requisitos mínimos que gobiernan los contratos de arriendo”, afirma la Fiscalía. 

El ente investigativo dice que "se firmó el contrato sin calcular los recursos suficientes para cumplir los compromisos económicos de las vigencias fiscales del 2013 y 2014".

Según cálculos del ente acusador, el detrimento patrimonial causado de las actividades de Morelli rondó 12.000 millones de pesos, que fueron derivados del pago del arriendo de la nueva sede del organismo de control fiscal, sólo entre el 15 de julio y el 14 de septiembre del 2013, y el doble pago por concepto de inmuebles. 

Fuentes de la Defensoría Pública indicaron que se solicitará una aplazamiento de la diligencia programada para este lunes 22 de septiembre argumentando que la Fiscalía aún no ha trasladado en físico las pruebas que utilizara en contra la excontralora Morelli, con el objetivo que el abogado del estado que la representan estructure su estrategia para defenderla como persona ausente de los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y peculado.
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