Fiscalía pide condena para Bernardo Moreno

Este lunes entró en la recta final en la Corte Suprema el juicio contra el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, procesados por las interceptaciones ilegales realizadas a periodistas, políticos y líderes de oposición. En la audiencia la fiscal acusadora, María Victoria Parra, tomó por última vez la palabra en la audiencia y fue enfática en señalar que los exfuncionarios deben ser condenados por estos hechos.
 
La funcionaria aseguró que las pruebas recaudadas por el ente acusador muestran ‘claramente’ la responsabilidad de los servidores en los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica y violación ilícita de comunicaciones, que, según la ley, les daría una pena superior a los 20 años de cárcel.

La delegada de la Fiscalía se basó en los testimonios de exfuncionarios del DAS como William Romero, el capitán Fernando Tabares, el capitán Jorge Lagos, Martha Leal y Alba Luz Flórez Gelves, conocida como la 'Mata Hari'.

Durante cuatro horas de argumentación la fiscal narró cómo se ordenó interceptar a todas aquellas personas consideradas como oposición al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

Dijo que uno de los objetivos, según los testigos, era interceptar a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados que integraban especialmente la Sala Penal "por ser un organismo catalogado como opositor al gobierno, por todos los procesos de parapolítica que cursaban allí", dijo la fiscal.

Según la funcionaria la orden impartida desde la Presidencia, a través de Bernardo Moreno y ejecutada por la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado, estaba enfocada a interceptar las comunicaciones de los magistrados Alfredo Gómez Quintero, José Leónidas Bustos, Jaime Arrubla, Camilo Tarquino, Augusto Ibáñez, Javier Zapata y Francisco Ricaurte, quienes tuvieron entre sus manos procesos contra varios congresistas, entre ellos Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe.

La fiscal también recordó los seguimientos de los que fueron objeto la exsenadora Piedad Córdoba, el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell. Según la Fiscalía había una orden expresa del gobierno que era investigar a esos "cuatro blancos políticos".

Según el expediente, dicha información recolectada sobre las actividades, viajes, presentaciones y comunicaciones de la exsenadora, por ejemplo, era entregada a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. De ahí que la Fiscalía no duda de la responsabilidad de estas dos personas.
 
En el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuyas comunicaciones fueron interceptadas cuando se desempeñó como senador, la fiscal indicó que la orden fue "interceptar directamente a su esposa y su esquema de seguridad, para obtener información sobre sus actividades como congresista en oposición al gobierno”.
 
Los magistrados escuchan atentamente los alegatos finales y en las próximas semanas se conocerá su veredicto en uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos tiempos.